Pasaportes: ¿qué camino tomará el Gobierno para evitar una crisis en la expedición del documento?

El 13 de septiembre de 2023, el gobierno de Gustavo Petro decidió emprender una ‘batalla’ por quitarle a la empresa Thomas Greg & Sons el monopolio del negocio de los pasaportes, al declarar desierta la licitación LP 001 de 2023 por imposibilidad de selección objetiva del oferente. Casi 1 año después, con revolcón interno en la Cancillería de por medio, el Gobierno trata de conciliar para que la multinacional retire una millonaria demanda por 117 mil millones de pesos y de paso siga a cargo de la expedición de los documentos -en principio como asesor- para evitar una interrupción del servicio a partir del 3 de octubre.

"El interés del Gobierno, según entiendo, es que Thomas Greg los apoye y asesore en el proceso de transición hacia el nuevo modelo. Son algunas de las exploraciones que se están haciendo", afirmó este 27 de agosto el procurador Delegado para la Conciliación Ramiro Escandón tras una reunión en la Procuraduría entre delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la empresa Thomas Greg.

Lo que parece ser la decisión del Gobierno de apelar a Thomas Greg para esquivar una posible crisis en la expedición de las libretas se da básicamente porque el modelo público que quiere implementar aún no está listo. El canciller Luis Gilberto Murillo, quien se ha responsabilizado de este asunto, reconoció que la Imprenta Nacional aún no está preparada para producir los documentos autónomamente, por lo que solo participará en septiembre de 2025. Tampoco la idea de que el aliado extranjero –que todavía no se define cuál será- se ocupe del proceso a partir del 3 de octubre (fecha en que vence el actual contrato) parece que tenga tiempo para estructurarse. De nuevo, los caminos conducen a Thomas.

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“Esta es una crisis generada por el mismo gobierno Petro. Dado el interés que tiene tuvo el Presidente en declarar desierta la licitación porque solo había un proponente y de vincular a organismos públicos en el proceso de elaboración de los pasaportes (así lo tengan que tercerizar) es que tenemos esta situación tan grave”, señala Eduardo Velosa, director de la Maestría en Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

Lo cierto es que la Cancillería ha tenido que acatar una orden presidencial. La animadversión de Petro hacia la multinacional colombiana proviene desde su época de senador y la ha llevado a su mandato. En varias ocasiones, el jefe de Estado ha arremetido contra la firma por monopolizar los datos de los colombianos y supuestamente manipular el sistema electoral.

“Desde un primer momento lo afirmé y por eso la detuve. Thomas & Greg, empresa privada, no puede monopolizar los datos de los colombianos y al mismo tiempo escrutar elecciones. Eso es un peligro inmenso para la democracia”, dijo el mandatario.

En 2022, en medio del escándalo por las diferencias entre el preconteo y el escrutinio en las votaciones del Pacto Histórico, el entonces candidato pidió que se suspendiera el contrato con Thomas & Greg. Y a pesar de que con el mismo software logró el triunfo en las presidenciales del 2022 --lo que desarmaba sus argumentos sobre un supuesto riesgo de fraude--, Petro criticó que “no permitieron la auditoría técnica al software de Thomas & Greg, que hace preconteo y escrutinio”.

Ahora bien, la ‘guerra fría’ terminó sacando a Álvaro Leyva de la Cancillería y llevando al Ejecutivo en un tire y afloje en los tribunales mientras el contrato firmado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unión Temporal Documentos de Viaje 2024 para el suministro de pasaportes desde el 03 de octubre de 2023 hasta el 02 de octubre de 2024 está cerca de expirar, generando enorme incertidumbre por la continuidad del proceso.

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“Cualquier falla en este proceso podría implicar la restauración de la obligatoriedad de visado para la entrada en algunos países que confiaron en la seguridad de los pasaportes”, comenta Velosa.

Para Manuel Camilo González, experto Relaciones Internacionales, el plan de contingencia de la Cancillería a través de la Imprenta Nacional y dos aliados ha dejado en evidencia la improvisación de la entidad para el funcionamiento del sistema de expedición de los documentos.

“Terminan llamando al mismo contratista que en un principio habían dicho que debía salir”, dijo el exministro Alejandro Gaviria.

Incluso la novela ha expuesto contradicciones del Gobierno. Mientras se peleó con Thomas Greg y aseveró que buscaría salvaguardar la información de los colombianos, también se mencionó que el socio gubernamental podría fabricar las libretas en su país y enviarlas a Colombia. Es decir, que los datos de los colombianos podrían quedar en manos de un país ajeno 11 meses hasta que lleguen a la Imprenta.

Con la lupa de la Procuraduría puesta encima –el ente de control indaga además problemas que se vienen presentando para que los ciudadanos puedan obtener con facilidad el agendamiento de citas para el pasaporte- llegar a un acuerdo con Thomas Greg le daría más margen al Gobierno para escoger el aliado gubernamental entre Alemania, Países Bajos, Canadá y una alianza entre Portugal y Francia. Este aliado estará encargado de generar capacidades y fortalecimiento en la Cancillería, Migración Colombia y la Imprenta Nacional para asumir la producción de manera autónoma en el futuro.

De acuerdo con el procurador Ramiro Escandón, Thomas Greg & Sons acompañaría la fase de transición (octubre 2024 a septiembre de 2025) en calidad de asesor. Compartiría su experiencia al nuevo operador. “Thomas Greg & Sons le dirá cómo, y entonces ese nuevo operador, que puede ser un órgano internacional, entrará a hacer la operación”, explicó Escandón.

A la salida de la segunda sesión en menos de una semana de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la Casa de Nariño, el canciller Luis Gilberto Murillo evadió las preguntas sobre la posible prolongación del vínculo con Thomas. Solo reconoció que están en búsqueda de un acuerdo para que la empresa desista de las pretensiones por 117 mil millones de pesos que presentaron ante el Tribunal istrativo de Cundinamarca.

“En esas mesas, el espíritu es que se pueda dialogar con Thomas Greg & Sons y llegar a algún tipo de avance, de entendimiento, que permita que estas pretensiones judiciales no estén sobre la mesa”, declaró.

Ahora bien, EL TIEMPO reveló que en la Cancillería hay al menos tres cartas y un correo en el que la firma Cadena S.A., viene insistiendo en su disposición de presentar una alternativa técnica y viable para el Ministerio.

En cuanto a la demanda, que desde diciembre del 2023 está en el despacho de la magistrada Bertha Lucy Ceballos, de la que ya se anunció sentencia anticipada, expertos creen que aún hay posibilidad de que Thomas Greg retire dicha acción que, de prosperar, le costaría al Estado importantes recursos.

"Es jurídicamente viable que se acuda al mecanismo de la conciliación, dando aplicación a los principios que regulan la misma en el derecho istrativo", dijo Jhoana Forero, experta en contratación pública de la Universidad de la Sabana.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Periodista de Política