¿Qué implicaciones tendrá el paro camionero para el gobierno de Gustavo Petro y por qué se puede convertir en una 'papa caliente'?

El anuncio del ajuste del AM, hecho por el Gobierno el viernes y aplicado desde el pasado sábado, ha generado una serie de manifestaciones por parte del gremio camionero en Bogotá, Santander y Nariño, entre otros departamentos, y una crisis que puede tener enormes consecuencias para la istración de Gustavo Petro, quien no parece dispuesto a ceder.

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“El país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia”, señaló el jefe de Estado este martes.

El objetivo del Gobierno con este aumento en el precio del diésel -así como en el de la gasolina- es disminuir el hueco que tiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el precio del AM ha estado congelado durante 56 meses y tal decisión ha generado un déficit promedio de un billón de pesos al mes.

El camino por el que optó el Ejecutivo para evitar una situación como la que se vive hoy fue intentar concertar con los transportadores y buscar una fórmula que tuviera contenta a todas las partes. Sin embargo, tras 13 encuentros con los líderes del gremio, dicha negociación se rompió. El camino que planteó el Gobierno para aliviar el déficit fue realizar tres ajustes de 2.000 pesos entre el 2024 y el 2025 para llegar a un precio final de 15.500 pesos, es decir, 6.000 pesos más que hace una semana.

Las consecuencias tras la fallida negociación fueron los bloqueos de vías principales en Santander, la Costa Caribe, Caldas y el cierre de las principales entradas y salidas de la capital del país, de ahí que desde ya se preveen pérdidas económicas millonarias y alzas en el precio de los alimentos. Por ahora, la única medida anunciada por el Gobierno es la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), liderado por el Ministerio de Transporte, y la citación a un encuentro con los principales líderes de las protestas.

No obstante, no parece haber una solución a la vista, lo que deja al Gobierno en una situación crítica de cara a un periodo legislativo clave -el penúltimo para el presidente Petro y sus reformas- y cuando se han empezado a conocer nuevos detalles sobre la reforma tributaria -la segunda desde 2022- que el Ejecutivo planea llevar al Congreso. Es en este punto que surge el gran interrogante: ¿cómo hará el Gobierno para afrontar esta papa caliente y no salir maltrecho en términos de gobernabilidad y respaldo de cara a la discusión de proyectos claves como el presupuesto para 2025 o la reforma de la salud, próxima a radicarse?

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El Gobierno se enfrenta a un dilema. Por un lado, a la presión de los camioneros que rechazan las alzas, y por ende la de los ciudadanos que se ven afectados por los bloqueos y que le achacan al presidente Petro parte de la responsabilidad por la situación. Por el otro, el llamado de centros de estudios económicos, críticos del Gobierno y por el mismo presidente del Senado, Efraín Cepeda, quienes piden no ceder y mantener la decisión con miras a reducir el déficit del Fepc.

“Estas vías de hecho que afectan la comunidad merecen un rechazo máxime cuando el precio del AM estuvo congelado durante dos años y pues aquí hay unos reajustes en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles”, señaló el líder del Congreso este martes en Noticias Caracol.

Para Germán Valencia, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, el Gobierno lidia con un escenario común cuando se trata de tomar medidas económicas impopulares, pero necesarias. Sin embargo, considera que debe buscar la forma de solucionar la crisis en el menor tiempo posible, pues, de lo contrario, se le puede salir de las manos y generar que otros gremios se unan a las protestas.

“Tendrá que buscar cómo acordar con los demandantes de AM pronto, es inevitable que los grandes consumidores vayan a terminar afectados, pero habrá que buscar la forma en la que los afecte lo menos posible y pensar en darles ciertos beneficios temporales. Los camioneros saben muy bien cómo llevar a la esfera pública sus demandas, saben muy bien cómo causar ruido e impacto en los medios y generar apoyos. Es por eso que en este momento del Gobierno, en medio de tantas crisis, se debe buscar la forma de ser razonable y resolver rápido”, señaló el académico.

El analista considera que esta puede ser una oportunidad para solucionar otras crisis que hay con el gremio de los camioneros. “Es un momento importante para que los ministros de Transporte y Hacienda se sientan a hablar con ellos y asuman la vocería. Esto fue una decisión que se tomó de manera unilateral y eso evidentemente pesa, pero creo que es el momento para que se revisen y se discutan otros temas que ellos llevan pidiendo desde hace tiempo”, añadió Valencia.

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El inconveniente es que el presidente Petro parece insistir en su tesis de que quienes protestan no son pequeños transportadores, sino que detrás del paro hay alguien más. “Las medidas adecuadas para afrontar un ‘Lock out’: un paro empresarial, se toman desde hoy. Los pequeños camioneros independientes siempre serán recibidos en el ministerio de transporte”, señaló en su mensaje de X de este martes.

Luego, agregó: "Los grandes empresario de camiones, dueños de miles de tractomulas, creyeron que el subsidio era un derecho que el pueblo colombiano debe pagarles. Estas empresas desplazan los costos del diésel a los fletes de carga, cosa que no puede hacer el pequeño camionero al que tienen explotado".

De hecho, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza considera que la crisis ha sido generada justamente por la falta de soluciones que ofrece el Gobierno y por, según ella, la estigmatización y mentiras que se han dicho en este debate. 

“No es cierto que la única alternativa que tengamos sea subir el precio del Diésel en un 60% (...) porque a través de los incrementos agresivos en la gasolina (incluso por encima del precio internacional) la “deuda” del Fondo de estabilización se ha reducido considerablemente. (...) Por eso llamo al Gobierno a dejar de estigmatizar a quienes protesta, a dejar de llamarles golpistas, a ofrecer soluciones y a dejar de mentir en el debate”, manifestó la congresista en X.

Pedraza considera que el problema del fondo es que el AM se cobre en dólares y a precio internacional cuando se produce principalmente en Colombia. “Eso se puede cambiar fácilmente pues ni siquiera está en la ley, sino en una resolución de la CREG”, añadió.

A estas críticas se suman las de la senadora María Fernanda Cabal, quien lanzó duros cuestionamientos al Gobierno. "Es inaceptable que este país soporte las consecuencias de un gobierno que actúa como una dictadura. Para Petro y sus funcionarios, parece más sencillo negociar con terroristas que continúan asesinando ciudadanos que dialogar con los camioneros que exigen concertación", manifestó la congresista del Centro Democrático en X.

En medio de las críticas también han surgido voces que abogan por el diálogo y por encontrar una pronta solución a los bloqueos. "Instamos al Gobierno Nacional y al gremio de transportadores a que, de manera inmediata, se sienten a dialogar en un espacio donde prime la búsqueda de soluciones que sean justas, equitativas y que tengan en cuenta los derechos y el bienestar de todas las personas, inclusive las no protestantes", señaló la Defensora del Pueblo, Iris Marín.

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“Como presidente de la Cámara, invito al gremio transportador y al Gobierno Nacional a una mesa de diálogo y concertación que permita buscar una solución en conjunto frente a la crisis del aumento en el precio del AM. Pongo a disposición las instalaciones de la Cámara para establecer estos espacios que promueven las garantías para todos los sectores”, manifestó por su parte Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes.

Según cifras de la entidad, en el país se presentan 35 bloqueos, 10 de los cuales son absolutos y no permiten el paso de alimentos, medicamentos, ambulancias y buses escolares. Además, hay otros 25 en los que sí permiten el paso intermitente durante 15 minutos (como uno de los bloqueos en Popayán en el sector parque industrial), otros durante 30 minutos (como en el eje vial Samacá – Guachetá, Boyacá) y unos más en los que hay paso por al menos dos horas (como es el caso de Barbosa, Santander, en el Puente La Libertad).

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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