¿Por qué el presidente Petro reactiva el discurso sobre el 'golpe blando' tras avance de proceso en CNE por presunta violación de topes electorales?

En uno de los fines de semana más polémicos en cuanto al tono de las afirmaciones públicas del presidente Gustavo Petro, la reactivación de la narrativa del supuesto 'golpe blando' en contra de su gobierno fue una de las líneas predominantes.

(Lea: Presidente Gustavo Petro vuelve a causar controversia tras hablar de supuesto golpe de Estado en su contra: sectores políticos lo cuestionan)

El primer mensaje relacionado con un eventual golpe lo hizo el sábado 31 de agosto en su cuenta de X, cuando expuso los motivos que llevaron a su gobierno a aumentar el precio del AM, no obstante a las presiones de los transportadores para que este siguiera congelado, tal y como lo había estado desde enero del 2020. "Sé de la enorme influencia uribista de las directivas de las grandes empresas camioneras y de su deseo desde el primer día de mi gobierno de parar las carreteras y buscar lo que hicieron con Salvador Allende -presidente chileno derrocado por el militar Augusto Pinochet en 1973-, pero los pobres no pueden ser sacrificados como hizo Duque con la gasolina".

Pero ya el domingo, fue más directo, aunque no presentó pruebas y no relacionó el supuesto golpe con ningún hecho puntual. "Se han organizado para dar el golpe de estado. Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotaremos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular".

(Le puede interesar: El debate sobre los límites del derecho a la libertad de expresión del presidente Gustavo Petro)

El tema ha sido recurrente en el discurso del presidente Petro: ha intentado mostrar esa intención en las decisiones de las Cortes que han tumbado medidas de su gobierno y también frente a los escándalos que han golpeado su entorno, particularmente el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

"Esta persona que filtra una declaración judicial, y su difusión, busca aislar el Gobierno del Congreso para que no se aprueben las reformas sociales en favor del pueblo y para que el Presidente pueda ser arrinconado y abrir el golpe de estado blando" , aseveró el 19 de julio después de que se filtró la declaración de Olmedo López -cerebro del escándalo de corrupción, quien fue enviado a prisión el sábado por orden de un juez- ante la Corte Suprema de Justicia.

Las últimas referencias al 'golpe blando', sin embargo, se dan en momentos en los que en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se reactivó, tras las luz verde dada desde las altas Cortes, el proceso por la supuesta violación de los topes electorales en la campaña del 2022. Ese proceso tiene una ponencia inicial -que es apenas un proyecto de decisión y que para convertirse en un hecho jurídico debe ser revalidada por la mayoría de la corporación- que señala que la campaña del hoy primer mandatario habría sobrepasado esos topes en casi 5.300 millones de pesos.

La semana anterior, después de meses congelado, se reactivó el caso contra el presidente Petro en el tribunal electoral. Se decidió que los magistrados, que representan a las principales fuerzas políticas, estudiarán de manera paralela la ponencia de Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que pide imputarles cargos al jefe de Estado y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña Petro Presidente en 2022, en la cual habría irregularidades en el financiamiento.

(Otra noticia recomendada: ¿Por qué al gobierno del presidente Gustavo Petro le conviene tramitar la nueva reforma de la salud como una ley ordinaria?)

El presidente, desde hace más de un año, ha rebatido en diferentes escenarios esas afirmaciones. Sostiene, por ejemplo, ante presuntas irregularidades en la contratación de testigos electorales para la segunda vuelta, que no fueron reportados porque esa etapa no hace parte de la campaña. Lo curioso, es que para la primera vuelta presidencial sí fueron reportados en los gastos de campaña.

"Es tan ridícula la acusación que incluso iten que el partido Colombia Humana gastó los recursos en testigos electorales y resulta que los testigos electorales no son gastos se campaña porque estos actúan es después que se acaba la campaña y actúan es para vigilar democráticamente el conteo de votos ya depositados. Es derecho de los partidos el vigilar la transparencia electoral", aseveró el jefe de Estado en febrero.

Y este fin de semana, el periodista Daniel Coronell reveló que una factura de publicidad con Caracol Televisión sería la prueba reina de que se violaron los topes. Según Coronell, una factura de publicidad por $ 356'102.872 pagada y emitida por Caracol Televisión sería la prueba reina de la violación de topes.

"La contabilidad que envió la campaña a las autoridades electorales muestra que reportaron 28.384 millones de pesos como gastos de la primera vuelta. El tope de gastos era de 28.536 millones. Es decir, de acuerdo con los documentos estuvieron 152 millones por debajo del límite. Por lo tanto si no reportaron la factura de Caracol, con un valor superior a 350 millones de pesos, excedieron el límite legal", aseveró el periodista sobre la factura que fue emitida dos días después de la primera vuelta.

En caso de que el CNE considere que esto en efecto sucedió, tendría que remitir a la Comisión de Acusaciones, para todos los efectos que tengan que ver con el presidente de la República, su expediente. De la misma manera, debería remitir a las autoridades pertinentes, como la Fiscalía, las eventuales pruebas contra exfuncionarios de la campaña que no tienen fuero constitucional. Es el caso de Roa ya está siendo investigado por la Fiscalía por los mismos hechos.

(Lo invitamos a leer: Entrevista con Humberto de la Calle: ‘La crisis en la ‘paz total’ ya va siendo un problema de soberanía’)

¿Por qué el presidente relaciona esa investigación con el supuesto golpe blando? Las normas cambiaron, tras el escándalo de Odebrecht, y el Congreso determinó que el candidato cuya campaña violó los topes tendría, a diferencia del pasado reciente, responsabilidad y repercusiones por burlar las normas electorales.

El artículo 109 de la Constitución Política, de hecho, señala que "la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto".

Para el analista Gabriel Cifuentes, es necesario tener en cuenta que "el único que puede hacer juicio político al presidente es el Congreso y cualquier irregularidad en financiación de campaña que encuentre el CNE solo tendrá efectos inmediatos en su gerente". Pero, aclaró, estos son los mecanismos establecidos por la Constitución: "No es golpe, es lo que establece la ley".

No es un tema nada sencillo. Las fuerzas políticas en el CNE están muy parejas y, de prosperar esta ponencia, el round en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes será más complejo todavía. De los 18 representantes que la conforman, la mayoría es progobierno, aunque por un pequeño margen.

"Con el sistema presidencialista en Colombia es muy difícil de que algo le llegue a pasar al Presidente por la financiación de las campañas. Se hubieran caído todas las campañas, porque todas tienen los topes", opinó Néstor Julián Restrepo, docente de la Universidad Eafit y analista político.

"Siempre hay un botón de pánico o un fisible a quien no le va muy bien. En este caso, el gerente Roa sí está muy cercano de empezar a jugar ahí. Aunque, hay algo diferente, y es político. En este caso, Petro es muy bueno en la plaza pública, con las narrativas. En este momento está con la narrativa del golpe blanco. Sería muy efectivo para él que siguiera en curso esta investigación porque le daría todo el pie para construir la narrativa del golpe blando y más cuando se trata del presidente de Ecopetrol", agregó el académico. 

(Le puede interesar: Comenzó la intensa puja en el uribismo para quedarse con el aval del Centro Democrático: ¿quién será el candidato en el 2026? / En Secreto)

Pero además de los topes, hay otro lío y es que se habrían realizado actos de campaña fuera de esta, como el recordado acto de la P en Barranquilla que habría sido financiado por el megacontratista Euclides Torres.

"En el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación, de un acto al parecer por el empresario Euclides Torres, que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir que no está cobijado por la ley electoral de campañas", señaló el jefe de Estado en octubre del 2023.

Desde la oposición y la independencia cuestionan que el presidente Petro haya recurrido nuevamente a la narrativa del golpe. Por ejemplo, la representante a la Cámara Catherine Juvinao pidió respeto por la autonomía de los procesos judiciales.

"Si la justicia investiga a Álvaro Uribe: qué bueno, la justicia es para todos, buen precedente, así debe ser. Cuando investiga a Petro: se consuma el golpe de Estado, el fascismo me ataca, el pueblo debe ir a una lucha popular. Conclusión: Petro se cree por encima de la ley", dijo la representante.

Y el senador David Luna, de Cambio Radical, le pidió al jefe de Estado que deje a un lado esa narrativa y, más bien, trabaje por el país: "En lugar de seguir ahondando en un golpe que no existe, reconozca sus errores, asuma las responsabilidades a las que haya lugar, y de una vez póngase a trabajar. El país se cae a pedazos, se empieza a vivir una zozobra en prácticamente todos los sectores, como para seguir tapándose los ojos. Su llamado de “lucha popular” es un eufemismo peligroso, su llamado es un llamado a la violencia, a la alteración de las normas y eso no lo vamos a permitir".

"Les quiero recordar este video de hace algunos meses: no hay golpe blando contra Petro. El juicio político lo establece la Constitución en su artículo 109: si un político excede los topes electorales la sanción es la pérdida de investidura", afirmó, por su parte, la senadora uribista Paloma Valencia.

Pero toda esta situación no deja de ser perjudicial para la ciudadanía y para la democracia, pues todo esto gira alrededor de un Presidente que fue elegido legítimamente por las mayorías.

"Esto nos genera un desgaste de opinión pública, de legitimidad de la clase política, especialmente faltando tan poco para las elecciones. Y esto agudiza el problema de credibilidad en las instituciones por parte de la ciudadanía".

Serán dos semanas de expectativa y la decisión que tomen los magistrados marcará el ritmo del final del gobierno del presidente Gustavo Petro y, a la vez, el ritmo de la anticipada campaña electoral, que ya se siente.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política