Mujeres insisten en una declaratoria de emergencia por las violencias de género

Los 8 de marzo cada vez se están pareciendo más a los 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha escogida por Naciones Unidas para recordar el asesinato de las hermanas Mirabal a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo, en la República Dominicana. Lo que es un día para reivindicar las luchas por la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en lo laboral, termina siendo una movilización para exigir lo más básico en una democracia: el derecho a vivir.

Los números explican por qué las calles en el mundo se llenan con letreros como ‘Hartas de sobrevivir, queremos vivir’, ‘Se lo debemos a las que nunca volvieron’, ‘De camino a casa quiero ser libre, no valiente’, ‘Marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo’, entre otra cantidad de mensajes en alusión a las que ya no están.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal, en 2021, 4.473 mujeres fueron asesinadas en 29 países de la región, es decir, 12 muertes violentas por razón de género al día. Esta cifra representó un incremento del 9,36 por ciento con relación al dato del año anterior. Aunque no hay datos consolidados del 2022 por la Cepal, también se estima que en la región pudieron cometerse más de 4.000 feminicidios.

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Aterrizando en Colombia, el Observatorio de la Cepal registró 210 muertes violentas por razón de género en el país en 2021, una tasa de 0,8 por cada 100.000 mujeres. Para ese mismo año, la Fiscalía tuvo expediente judicial de 190 casos y la Fundación Feminicidios Colombia, de enero a octubre, identificó 243.

El 2022 tampoco fue un año de tregua para las mujeres. La Fiscalía reportó 201 víctimas el año pasado, y la Fundación Feminicidios Colombia contabilizó 259. En enero de este año, según la Fundación, 23 colombianas murieron a causa de la violencia machista.

En el marco de la pandemia de covid-19, la Comisión Interamericana de las Mujeres de la OEA y Naciones Unidas, entre otros organismos, declararon la violencia de género como la “pandemia en la sombra”, pues las medidas de confinamiento recrudecieron las agresiones contra las mujeres, jóvenes y niñas, que no solo están expuestas en el espacio público sino en el privado, específicamente en sus hogares.

Superada la contingencia de salud y tras el levantamiento de las restricciones, las agresiones no se redujeron, sino que se mantuvieron y aumentaron. Por esa razón, las mujeres le están pidiendo al presidente Gustavo Petro que haga la declaratoria de emergencia por la violencia de género.

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Desde el primer período de Juan Manuel Santos (2010-2012), organizaciones de mujeres han solicitado al Gobierno declarar la emergencia por las violencias de género. “Recogimos 8.000 firmas, solicitándole a Santos que reconociera la crisis humanitaria a favor de las mujeres, de la mano con Ángela María Robledo, que era representante a la Cámara. Nos respondieron que el Presidente estaba muy ocupado con la agenda de paz”, recuerda Olga Amparo Sánchez, directora de Casa de la Mujer, sobre ese primer intento para que se reconociera una crisis alrededor de los derechos de las mujeres.

En 2020, en plena pandemia, el movimiento político Estamos Listas también se movió con el tema y, en esa ocasión, recogió 15.000 firmas para validar la solicitud de declaratoria de emergencia que le entregaron al entonces presidente Iván Duque. Su petición tampoco tuvo eco a nivel nacional, pero sí en Medellín, donde cuentan con una curul en el Concejo.

Desde finales del 2022, la solicitud se volvió a airear. Esta vez, a través de la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) y otros congresistas. Este año, tras el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, el 22 de enero, más voces se han venido uniendo al llamado. Incluso, en plena transmisión del programa La otra cara de la moneda, de Cable Noticias, la periodista Ana María Vélez le pidió al presidente Petro declarar el estado de emergencia, recordando que ella también fue víctima de tentativa de feminicidio.

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A lo que han apelado las organizaciones y los movimientos sociales y políticos de mujeres es a una figura a la cual se acude cuando hay desastres naturales o conflictos, situaciones en las que se presentan afectaciones económicas, sociales, demográficas, medioambientales, militares o políticas. Y, por lo general, son los grupos históricamente marginalizados los más perjudicados.

“Para que se reconozca una crisis humanitaria de emergencia se deben cumplir tres requisitos. Primero, una violación masiva de derechos humanos; segundo, una desatención institucional de la situación, y tercero, que haya una necesidad de que se articulen las entidades públicas para la atención de la crisis”, explica Dora Saldarriaga, constitucionalista y concejala de Estamos Listas en Medellín.

Saldarriaga destaca que la declaración de emergencia es, en sí, una declaración política que puede hacer el Presidente o un mandatario del nivel departamental o municipal, con la que se le da foco al problema ante la opinión pública y se imponen unas acciones para solucionarlo.

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Pero hasta ahora, por lo menos a nivel nacional, ninguno de los últimos tres mandatarios, contando a Petro, ha adoptado la crisis humanitaria por las violencias de género, teniendo en cuenta el aumento de los casos no solo de feminicidio, sino también de agresiones sexuales, físicas y psicológicas (Medicina Legal contabilizó 58.117 casos de violencia intrafamiliar entre enero y octubre de 2022 contra mujeres); la impunidad, que asciende a más del 80 por ciento, según estimaciones de Sisma Mujer en 2021, y una desarticulación estatal que se evidencia en los relatos de las víctimas.

La solicitud de declaratoria de emergencia que presentó Pizarro propone varias puestas en marcha: crear cuerpos élite de policías con formación en violencias basadas en género; crear unidades judiciales con enfoque de género; priorizar presupuestos y disponer todos los medios istrativos para atender los casos; instalar una mesa multidisciplinar con participación del gabinete y otras entidades del Estado para tomar medidas articuladas; activar rutas y protocolos de atención, entre otras acciones.

“Acá hay una discusión política y jurídica en la que el Gobierno debería tomar acciones tendientes a conjurar esta grave crisis. Hemos tenido conversaciones con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y desde allí se han venido tomando medidas, teniendo en cuenta las propuestas que hicimos. Pero seguiremos insistiendo en la necesidad de la declaratoria de emergencia”, comentó la senadora del Pacto.

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De hecho, en el marco del 25 de noviembre, la vicepresidenta Francia Márquez y la consejera para la Equidad de la Mujer, Clemencia Carabalí, firmaron un pacto para la eliminación de las violencias de género, el cual, según Casa de la Mujer, no recoge las acciones que sugiere la declaratoria de emergencia.

“Una de nuestras inconformidades es que no hemos visto de parte del Gobierno una acción más decidida para sancionar todas las violencias contra las mujeres. Hablan de tolerancia cero, pero ni la Vicepresidenta, ni la Consejera ni el Presidente han salido a rechazar acusaciones por acoso sexual de personas que iban a nombrar en cargos del Estado. En el caso de Víctor de Currea, fue él quien declinó la invitación de Petro para ser embajador ante los Emiratos Árabes Unidos. No ha habido ninguna manifestación con relación a Pedro Santana (vocero de la reforma de la salud del Gobierno), ni de Mauricio Lizcano (presidente del Dapre), ambos señalados de acoso”, recalca Olga Amparo Sánchez.

En la organización que lidera Sánchez hay beneplácito porque por primera vez una congresista de la misma coalición del Gobierno y con mucha presencia en la opinión pública esté impulsando el tema, pues ella tendría más posibilidades de incidir en el Presidente. “Tenemos esperanza de que lo que ella solicita sea más audible que lo que venimos pidiendo desde hace años nosotras”, agrega Sánchez.

Pero, de otro lado, no hay tanta confianza en que haya efectivamente una influencia sobre el Presidente, quien es el único que puede hacer la declaratoria. “Si no es por voluntad política, es a través de la Corte Constitucional. Nosotras presentaremos una tutela este año, recogiendo muchos casos y con un análisis profundo para que el tribunal declare el estado de cosas inconstitucional y le ordene al Estado una serie de acciones”.

Bien sea por voluntad política u obligación constitucional y legal, las mujeres siguen reclamando una acción decidida del Estado para no contar más Valentinas, Yiselas, Deisys, Johanas, Lauras, Paolas, Danielas y Salomés asesinadas. Son más de 23 nombres de mujeres y niñas que han perdido la vida este año. Por ellas, este 8M feministas exigirán justicia y el compromiso de que la vida de todas las colombianas sea garantizada dentro y fuera de sus casas.