'Alexander Vega es cómplice de una operación de ocultamiento': exmagistrado Novoa

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Armando Novoa fue uno de los primeros en conocer el caso de Odebrecht en su ramificación de financiación irregular de campañas.  Este recibió por reparto el dossier en su apartado de la campaña de Juan Manuel Santos.  No obstante, fue recusado y hasta fue denunciado por cuenta de este proceso.

Cinco años después, tras los audios en los que Óscar Iván Zuluaga estaría aceptando la entrada de dineros irregulares, Novoa habla con EL TIEMPO de lo que fue el caso y las supuestas actuaciones irregulares que supuestamente se llevaron a cabo en el CNE del que hizo parte. 

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Se dividió la investigación en dos: el de Santos y el de Zuluaga. Hubo un reparto y me correspondió el de Juan Manuel Santos y a Carlos Camargo el de Óscar Iván Zuluaga. Yo desde el primer momento estuvo pendiente del caso. Fui el que hice una traducción del comunicado de prensa del Departamento de Justicia, en enero de 2017, en el que se hablaba la actuación de Odebrecht en cada país. En el caso de Colombia se decía que habían destinado millones de dólares para las campañas. Presenté una metodología de trabajo para que el CNE abordara las investigaciones y expliqué a los medios lo que debíamos hacer para investigar. No caí en prejuzgamiento pero sí atendiendo la gravedad de las circunstancias que teníamos en las manos: eran las dos campañas afectadas por presuntos dineros irregulares. El CNE atendió la solicitud para recusarme. Más se demoró la presentación de la recusación que el CNE en separarme de la investigación de Santos y Zuluaga. En esa última no tenía la responsabilidad de sustanciar la investigación, pero aún así me separaron para que no tuviera conocimiento de los acuerdos liderados por el actual registrador, Alexander Vega, de la mano del entonces fiscal general.

Vega tergiverso un comunicado que había publicado Otto Bula y establecieron en la sala un pacto de impunidad de las investigaciones en las que participó Felipe García, el propio Carlos Camargo, Héctor Elí Rojas y otros. Incluso presentaron una denuncia penal en contra mía, que luego fue archivada. Cuando Carlos Camargo presentó una resolución para absolver a Óscar Iván Zuluaga yo dejé una constancia de cerca de tres hojas mostrando por qué el CNE no debía acoger esa absolución. El Consejo Electoral fue un rey de burlas por un acuerdo liderado por el ahora registrador.

Es que era el presidente del CNE. Tenía toda la capacidad de influenciar las investigaciones y de manipular con informaciones tergiversadas a los medios de comunicación, como efectivamente hizo con un comunicado publicado por Otto Bula, cuando este ya había sido detenido. Alexander Vega es cómplice de una operación de ocultamiento de varios delitos que investiga en la actualidad la Fiscalía. Eso debería dar lugar para que se abran las investigaciones penales del caso. Lo paradójico en ese momento es que se absolvieron las campañas y el único que quedó con una investigación en curso fui yo por decir que había que seguir adelante con ellas. Ahora el tiempo nos da la razón de que teníamos argumentos para sostenernos en esa tesis.

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Lo mínimo que debería ocurrir es que renuncie, porque le mintió al país e indujo a engaño al CNE y a la opinión pública. Tiene que separarse del cargo. ¿Cuál será la garantía de transparencia del próximo debate electoral cuando Vega es el que lo debe dirigir?. Él es el registrador y es el nominador de todos los funcionarios de la planta del personal del Consejo Nacional Electoral. Aunque el CNE los postula, el que los nombra es el registrador. De tal manera que su capacidad de injerencia y presión sobre las campañas es gigantesco.

Camargo le solicitó a la Cancillería que le permitiera viajar a Brasil como parte de las investigaciones. Finalmente no viajó sino que le tomó declaraciones al candidato y a Daniel García Arizabaleta. Con esas declaraciones y la evidencias probatorias que ellos mismos habían puesto sobre la mesa, nunca se hubiera podido llegar a las conclusiones que hoy llega la Fiscalía por una situación de delación de una persona del entorno inmediato como Daniel García, pero sí había evidencia e indicios: García había recibido varios pagos de Odebrecht, la campaña reconoció que tenía una deuda con Duda Mendoza y que se había pagado a través de una off shore en Panamá, también había un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. De modo que el esfuerzo probatorio del Consejo Nacional Electoral, del despacho de Camargo, fue epidérmico y no utilizó una metodología de investigación a profundidad para lo que era un aparato organizado de poder. No era razonable la investigación y menos absolver a Óscar Iván Zuluaga.

Se tomaron varios meses. El tema se conoció en enero de 2017 y venía la discusión de la caducidad de la acción. Esta precluía, si no estoy mal, entre junio y agosto de 2017, entonces hicieron todo lo posible para dilatar la investigación y llevarla al límite de la caducidad. Lo que pasa es que a Zuluaga, para ser candidato de nuevo, no le convenía la caducidad sino el archivo por falta de pruebas. Eso fue lo que pasó. Nosotros advertimos en una constancia que no debía archivarse.

Siempre tuve la impresión de que ellos jugaron con el reparto después de me tocara inicialmente el caso de Santos. Luego, ellos tuvieron un control férreo de las investigaciones en la sala plena, que la convirtieron en una sala secreta. Cuando hablaban del caso de Odebrecht se encerraban. Hacían reuniones fuera del CNE. Me excluyeron y apagaban los micrófonos. No levantaban actas. Incluso uno de los actuales magistrados del CNE hizo presencia en ello.

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El doctor Benjamín Ortíz, que era secretario de la sala plena en ese momento.

Claro que sí. La sala plena se compartió de forma irregular para llegar a las conclusiones que llegó, que fue consolidar el ocultamiento de todas las evidencia probatorias que se conocían a través de los medios de comunicación.

Yo creo que fueron premiados con todas las actitudes que tuvieron mientras estuvieron en el CNE. Felipe García fue embajador en Países Bajos, Camargo llegó a ser defensor del Pueblo con el apoyo del Partido Conservador, Alexander Vega fue registrador con el apoyo del Partido de la U. Todos ellos ayudaron a que la investigaciones quedaran en "tablas", como habría dicho Vega. Lamentablemente, de alguna manera, las cortes también participaron de premiarlos cuando los eligieron para sus cargos.

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Voy a insistir en mi tesis. Es necesario hacer una reforma a la regla de escogencia a los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Ellos no pueden tener una procedencia partidista. Debe haber una selección técnica, que tengan un carácter de verdaderos magistrados, meritocracia de verdad para que no ocurran este tipo de situaciones. La manera en que se eligen los del CNE, quieran o no, los obligan a ser operadores políticos en defensa de sus propios partidos. En el caso de Odebrecht hubo una verdadera operación de impunidad al más alto nivel. Eso lastima y daña la legitimidad de las instituciones democráticas y de la propia democracia representativa. El gobierno debería pensar hacer de verdad a hacer una reforma de la manera en que se escogen los del CNE. Lamentablemente ese tema no ha sido de mayor consideración.

Sí, la ley 996 de 2005 lo establece. La ley de garantías electorales le da esa competencia al CNE. El consejo no es una autoridad judicial, sino istrativa y por consiguiente no pueden invocar el principio de la cosa juzgada, de naturaleza judicial y no istrativa. Hay que exigirle al CNE que reabra las investigaciones que fueron archivadas porque hay hechos que no fueron considerados anteriormente y que pueden llevar a una sanción a las campañas, los candidatos y los partidos. Los audios que tienen la Fiscalía deberían ser allegados para reiniciar las investigaciones. Si se encuentran méritos, podría hacer sanciones como la devolución de los recursos por concepto de devolución de votos hasta la pérdida de la personería jurídica de los partidos políticos que avalaron las candidaturas. La ley también establece que a esos partidos se les podría suspender la capacidad que tienen para postular candidatos en la misma circunscripción en la siguiente elección, o sea, en las elecciones presidenciales de 2026.