El impacto político del llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe irá a juicio en el caso que se lleva en su contra por posible manipulación de testigos. Después de dos intentos de preclusión durante la istración de Francisco Barbosa, en esta ocasión la Fiscalía tomó la determinación de presentar escrito de acusación y de esta forma llevar el caso oficialmente a los tribunales.

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El peso en la esfera política que aún mantiene Álvaro Uribe hace pensar que el caso tendrá repercusiones que entrarán a sumar aún más variables al convulsionado ambiente que actualmente vive el país en medio de una alta polarización. De cierta forma, las primeras reacciones en el caso dan muestra de esta situación.

Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático –partido de Uribe-, tuvo una lectura en la que apuntó a que el llamado a juicio tendría que con “el cambio de fiscal”. Luego agregó que dicha acción es “es el complemento perfecto a este gobierno que pretende desconocer todo lo que tiene Colombia y destruir todo lo que sea valioso”.

Una mirada distinta tuvo la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico. “Por primera vez, un expresidente es llamado a juicio penal. Nadie, por más poderoso que sea, está por encima de la Ley, señor Álvaro Uribe”, declaró la cercana al precisamente Petro.

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Como estas, hay múltiples ejemplos de posturas encontradas frente al llamado a juicio del que gobernó entre 2002-2010. Precisamente expertos que hablaron con EL TIEMPO señalaron que la principal implicación de la acción de la Fiscalía sería una exacerbación de la polarización y una lectura meramente política del caso.

Para el profesor Jairo Libreros, de la Universidad Externado, el llamado a juicio puede implicar que los sectores afines y contrarios al expresidente tomen “posiciones muy fuertes”. En ese sentido puede, según el experto, tener implicaciones en la misma agenda del Gobierno, pues abre la puerta a una “imposibilidad de llegar a acuerdos”.

A esto agregó que, como la Fiscalía de Barbosa había buscado archivar el caso, se asuma que el llamado a juicio tiene motivaciones políticas. Libreros añadió que el caso puede terminar afectando las elecciones presidenciales y legislativas del 2026, pues es muy probable que el juicio se extienda hasta dichas fechas. Eso implica que uno de los temas de dicha campaña podrá ser la acción judicial en contra del expresidente.

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El docente dijo que un elemento a tener en cuenta es el proyecto de posibles facultades para que otorgue perdón judicial el Presidente, en este caso Gustavo Petro. De llegar a prosperar, la iniciativa de la mano de un fuerte proceso contra Uribe puede “abrir un escenario de negociación inédito para garantizar el cierre del caso”.

Para el exfuncionario del gobierno de César Gaviria Héctor Riveros, dicha lectura no es tan ajustada al contexto actual, pues poco cambiaría. “No va a haber un efecto concreto muy grande ahora mismo. Es una película larga”, dijo el también analista, que hizo la salvedad de que permita crear una identidad adentro de la derecha.

“Cohesiona a la derecha y genera un efecto de solidaridad general y hace un efecto en contra del presidente Petro”, dijo Riveros, que advirtió que de todas maneras “la correlación de fuerzas sigue igual.

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Yann Basset, de la Universidad del Rosario, advirtió que hay que leer el caso en el contexto actual y no el de hace 10 años. “Uribe no está en el centro del juego político. Creará polémica, pero no habrá repercusiones tan fuertes como hace unos años”, advirtió.

Sin embargo, advirtió que el llamado a juicio de Uribe generará un apasionamiento entre sus partidarios y detractores. “Que eso ocurra en el cambio de istración de la Fiscalía da una lectora de persecución entre los aliados del expresidente, mientras que hay una lectura de favorecimiento en la Fiscalía de Barbosa”, indicó.