Paz total: organizaciones sociales, claves en la verificación del cese del fuego

El cumplimiento del cese del fuego anunciado en la noche del sábado por el presidente Gustavo Petro con el Eln, la Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, ‘clan del Golfo’ y el grupo Sierra Nevada es uno de los principales desafíos de este proceso, que en principio será por seis meses, pues son más de 15.000 hombres los que conforman estas estructuras.

Los encargados de esta vigilancia serán la Misión de Verificación de la ONU, MAPP/OEA, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica. Pero como novedad se definió que organizaciones sociales que están en los territorios también harán parte de dicho proceso, pues son estas las que podrán constatar de primera mano que efectivamente se cumpla dicho cese.

(En contexto: Alfonso Prada: las comunidades verificarán cese del fuego)

Según el ministro del Interior, Alfonso Prada, este es un componente fundamental, pues las organizaciones sociales y comunitarias son las que viven el día a día de la guerra.

“Fueron precisamente los clamores de estas organizaciones campesinas, indígenas afrocolombianas y la comunidad en general, las organizaciones sociales en el territorio, del clamor casi que dramático en el que pidieron a esas organizaciones criminales y también al Gobierno central que avanzáramos en este camino del cese bilateral. Su participación en el mecanismo de monitoreo y verificación hace muy posible que en el territorio podamos estar día a día enterados de cómo evolucionará el cese”, aseguró a EL TIEMPO el también vocero de la Casa de Nariño.

(Lea también: Petro anuncia cese bilateral al fuego con Eln, disidencias y autodefensas)

El rol de quienes están en los territorios ha sido bien visto por analistas y expertos, pues además hace que todos los actores de la sociedad se integren en el proceso y trabajen para construir la paz.

“Le aporta información local en tiempo real a la verificación, pero también hace legítimo el acuerdo, creando incentivos para el cumplimiento por parte de los grupos violentos –comentó Jorge Restrepo, director del Centro de investigación y Estudios sobre Conflictos Armados, Violencia Armada y Desarrollo (Cerac)–. Es clave el papel de la Iglesia católica, por ejemplo, por el carácter incuestionable hoy de su labor pastoral y su cercanía con las comunidades. No hay nadie que esté más interesado que las comunidades afectadas por la violencia de estos grupos en una verificación y monitoreo preciso”.

Estas organizaciones sociales llevan años trabajando por la paz en los territorios más azotados por la violencia y su labor se ha convertido en una amenaza para los grupos criminales. Prueba de esto es que el año pasado fueron asesinados 197 líderes sociales.

(Siga leyendo: Reacciones al anuncio de Petro de cese bilateral al fuego con grupos armados)

Por esta razón, la seguridad de estas personas también se convierte en un punto fundamental del cese, que será hasta el 30 de junio, pero prorrogable “según los avances en las negociaciones”.

Sobre la protección de las organizaciones que hagan parte de esta veeduría, las cuales serán acreditadas ante la oficina del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, Prada explicó que “todos los de monitoreo y verificación van a ser custodiados, protegidos por la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep), que es la unidad de la Policía que se creó como apoyo a estos procesos de paz. Van a tener una seguridad especial”.

Pero también se espera que en el proceso de verificación participen las autoridades locales, pues la veeduría es bastante compleja igualmente por las divisiones internas en las estructuras criminales, como en el ‘clan del Golfo’ tras la captura y extradición de su cabecilla, alias Otoniel, o la guerra que sostienen en Arauca las disidencias de las Farc y el Eln.

(Le puede interesar: ¿Qué viene tras el anuncio del cese al fuego del presidente Gustavo Petro?)

Se calcula, por ejemplo, que la confrontación entre estos grupos dejó el año pasado de 20.000 personas desplazadas y más de 300 muertos.

Precisamente, Prada comentó que el Gobierno Nacional espera que esa guerra termine, así como todas las hostilidades contra la población, líderes sociales y las fuerzas militares.

“Es obvio que ese tipo de acciones entre ellos también tengan una tregua permanente porque allí es donde se pone en riesgo la vida de las comunidades, de los líderes y ahí es donde actúa también la Fuerza Pública como objetivo de los grupos. En mi opinión, el cese involucra una dejación de ofensivas militares frente a todos los actores”, enfatizó el ministro del Interior.

Sobre su papel en el proceso, Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, señaló que “no nos han involucrado”, y dijo que los mandatarios seccionales están esperando que les digan “qué rol” van a cumplir en este proceso. De todas maneras dijo que los gobernadores reciben “con mucho optimismo” la decisión del cese del fuego, pero señaló que “la gran pregunta es que si ese cese también incluye el parar la extorsión, que es el gran flagelo que se está dando en todo el país”.

Por su parte, Etelivar Torres, alcalde de Arauquita (Arauca), zona afectada por los grupos irregulares, comentó que formalmente la única directriz recibida ha sido en el marco de los puestos de mando unificados por la vida, “en donde se nos ha planteado que contribuyamos en el proceso de paz total, pero como algo general, porque no nos han dado instrucciones puntuales”.

“Estamos listos a colaborar, pero no ha habido instrucciones. A nosotros se nos da una orden en ese sentido y si viene acompañada de una norma o decreto, pues tiene mayor peso y validez para nosotros”, señaló el mandatario local.

(En otras noticias: Arranca contrarreloj para las reformas claves del gobierno Petro)

No obstante, para Restrepo las autoridades locales no deberían participar en dicha verificación, pues no es la función pública de los alcaldes y gobernadores. “Cualquier información la deben transmitir a las autoridades de policía, militares y judiciales”, afirmó.

Pero habrá que esperar a que el presidente Petro firme los decretos que especificarán cómo serán las condiciones del cese mientras avanzan los proceso de diálogos con estas cinco estructuras.

Estos decretos, que ya estarían listos –hasta anoche no se conocían de manera oficial– se basarán en la prórroga de la Ley 418, la cual fue aprobada por el Congreso y le da los elementos jurídicos al Gobierno para adelantar negociaciones de paz con estructuras criminales con estatus político, como la guerrilla del Eln, y las catalogadas como de crimen organizado de alto impacto, entre ellas el ‘clan del Golfo’, también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Y a esta ley se sumaría la ley de sometimiento, que se espera que este semestre llegue al Legislativo, que dará más marcos jurídicos para trabajar en la ‘paz total’ propuesta por Petro.

“No esperamos que pasen varios años para iniciar este proceso de baja sensible del fuego cruzado que tanto afecta a las comunidades. Es una manera audaz, muy seria, de mostrar a los colombianos que vamos caminando realmente hacia la ‘paz total’ en Colombia”, concluyó Prada.

MATEO GARCÍA 

REDACCIÓN POLÍTICA