Las dudas alrededor de la figura de Otty Patiño como comisionado de Paz del gobierno del presidente Gustavo Petro

Menos de un año después de la salida del polémico Danilo Rueda, su primer comisionado de Paz, el presidente Gustavo Petro se enfrenta a un nuevo momento crítico en la conducción de una de sus políticas bandera: la ‘paz total’.

(Lea: Gobierno reactivó el mecanismo de verificación del cese del fuego con las disidencias de Calarcá)

En el peor momento de la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), con las disidencias de ‘Mordisco’ en guerra abierta contra las comunidades más pobres del Cauca y sin mayores avances en las conversaciones con la ‘Segunda Marquetalia’ de alias Iván Márquez y con las grandes bandas criminales, empiezan a crecer las voces que cuestionan al equipo liderado por el comisionado Otty Patiño. Y, de acuerdo con fuentes muy cercanas a ese equipo, están creciendo también las tensiones entre los encargados de la siempre ingrata tarea de tratar de construir paz.

Versiones que el senador Iván Cepeda, uno de los negociadores con el Eln, niega: “Lo que sí hay es una campaña muy fuerte para acabar con el proceso”.

Más allá de las declaraciones, los hechos concretos muestran que terminando el segundo año de la ‘paz total’, el único proceso de diálogo que parece enrutado es uno que surgió sobre la marcha y que, además, incomoda profundamente a los máximos jefes del Eln. Es el que se desarrolla con el frente ‘Comuneros del Sur’, una estructura de menos de 200 hombres que se han mostrado dispuestos a desmovilizarse en el corto plazo y que ya avanzan en compromisos de desminado.

(Lea: Delegación del Gobierno ante el Eln sostiene que está dispuesta a volver a la mesa y a recuperar el cese del fuego)

A pesar de estar estancado y con la máquina de guerra del Eln de nuevo activa en al menos tres regiones del país, el proceso con esa guerrilla sigue siendo la piedra angular de la política de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro, para quien resultaría muy costoso políticamente quedarse sin ella.

Esa es la razón por la que tras el atentado de la semana pasada contra la base militar de Puerto Jordán, en Arauca, el Gobierno pasó de hablar de un escenario de eventual cierre al de ‘suspensión’ del proceso y sigue esperando alguna señal de paz de alias Antonio García y los otros jefes elenos.

Pero entre quienes conocen la mesa parece haber consenso en que la salida de Otty Patiño como cabeza de ese proceso para asumir el cargo de comisionado de Paz afectó la interlocución que había con esa guerrilla. Incluso, son fuertes las versiones de diferencias entre Patiño y Vera Grabe, su reemplazo en esa negociación.

Simultáneamente, Patiño empezó a verse expuesto a las controversias que minaron la imagen de su antecesor, Danilo Rueda, situación que no se vio cuando estaba enfocado en el proceso con el Eln.

(También: Conferencia Episcopal insta al Gobierno y al Eln a ‘mantener un canal de diálogo’ tras suspensión de la mesa)

Las polémicas excusas públicas a ‘Márquez’ por la muerte en una operación de combate legítimo de un cabecilla de la ‘Segunda Marquetalia’ que era considerado como uno de los enemigos públicos de Nariño despertaron críticas, incluso desde el Gobierno.

Y desde el Pacto Histórico, haciendo referencia a los procesos de diálogo con las bandas de Buenaventura, el representante Alejandro Ocampo le ha lanzado duras críticas: “La paz en manos del comisionado Patiño está en peligro. Es decir, no estoy seguro de que las metodologías con las que él ha llevado los procesos sean las indicadas”.

Y también le ha llovido ‘palo’ por algunas de sus declaraciones sobre alias Iván Mordisco, el delincuente más buscado del país: “Dice Otty que ‘Mordisco’ está en su derecho de reorganizarse. ¿Cuál derecho? ¿Alude al derecho a la rebelión que nos viene de Platón, Tomas de Aquino y varios más? Habría que decir que ese derecho desaparece frente a un gobierno legítimo. El M-19 dejó las armas, pero a juzgar por las palabras de Otty, mantiene la descalificación de nuestro sistema político. Grave. Y más aún si quien encabeza el gobierno militó en sus filas. Es como desconocer su propia legitimidad”, cuestionó el senador Humberto de la Calle, el hombre que encabezó el equipo negociador que firmó la paz con las Farc en 2016.

Y esta semana, tras una entrevista en la que habló de acortar el periodo de vigencia de la JEP, revivió una tensión que se inició cuando el polémico Álvaro Leyva era canciller y que hace un año se había zanjado con el claro respaldo del poderoso fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a la Jurisdicción Especial para la Paz.

(Otra noticia recomendada: ‘Si el Eln no quiere romper el proceso de paz, dígalo’: presidente Petro le respondió a ‘Antonio García’)

Una fuente de la mesa, quien pidió reserva de su nombre, confirmó las tensiones dentro del equipo. “Vera es la jefa de la delegación, pero quien tiene criterio político y el que establece los elementos sobre los cuales hay que hacer las cosas es Iván Cepeda. Mientras Otty fue más certero, Vera no ha logrado lo mismo”, dijo.

Otra fuente afirmó que el proceso con los ‘Comuneros’ también genera ruidos en el equipo de Gobierno, pues algunos consideran que la importancia que le ha dado el Estado es un error, de cara al ruido que produce en la mesa con el Coce, que considera traidores a los de ese frente.

Al ser consultada por EL TIEMPO, Grabe, como lo había hecho el senador Cepeda, recordó que todo el equipo de la ‘paz total’ obedece los lineamientos del presidente Petro.

“La delegación está unida en torno al propósito de sacar adelante este proceso. Con el comisionado Otty obviamente hablamos, discutimos cosas, pero no se puede hablar de división, no se puede hablar de separación. Esa es una interpretación que no es y además nosotros aquí seguimos las instrucciones del Presidente”, señaló Grabe, quien dijo que este sería su único pronunciamiento sobre este asunto.

(En contexto: La polémica respuesta de 'Antonio García' al presidente Gustavo Petro por congelar proceso con Eln tras atentando en Arauca)

Cabe mencionar que Grabe se convirtió en la primera mujer en liderar un equipo de conversaciones de paz el pasado 11 de diciembre de 2023, tras la salida de Patiño, quien en ese entonces asumió como alto comisionado para la Paz. Su designación fue un soplo de aire fresco en un momento en el que la mesa pasaba por un difícil momento puesto que aún resonaban los ecos del secuestro de Luis Manuel ‘Mane’ Díaz.

El compromiso del Eln de poner final al secuestro como práctica de financiación al cierre del quinto ciclo –acuerdo que rompieron cinco meses después– fue la carta de presentación para una negociadora que tenía como principal misión acelerar un proceso que por aquel entonces cumplía un año. Sin embargo, hoy, 10 meses después, la situación es muy diferente.

“Acepto el comunicado de la delegación de la cual hago parte, pero no sin preguntarme: ¿otra vez?, ¿cuántas veces el Gobierno, la delegación y el país le han pedido al Eln manifestaciones de voluntad de paz? (...) En consecuencia, esa ‘manifestación inequívoca’ no puede ser un comunicado más o, simplemente, la reactivación de la mesa como si nada hubiera pasado”, señaló Lafaurie, presidente de Fedegán, en su columna semanal y luego del comunicado de la delegación de Gobierno que dejó abierta la puerta a la continuidad del proceso, siempre y cuando la guerrilla muestre voluntad de paz.

Con los diálogos congelados indefinidamente –el viernes, desde su cuenta de X, ‘Antonio García’ escribió: “Mientras la contraparte solo busque nuestro aniquilamiento no será posible la paz”– el equipo, integrado por 14 personas, se ha dedicado a labores pedagógicas relacionadas con el proceso, como las que tuvieron lugar este jueves en la institución educativa Carlo Federici, en la localidad de Fontibón, Bogotá.

A sus 79 años, Otty Patiño –quien fue uno de los fundadores del M-19 en 1974, firmante de la paz en 1990 y constituyente un año después– tiene en su agenda inmediata el inicio del proceso con las disidencias de alias Iván Márquez. Una negociación que el Gobierno considera política, pero a la que ronda la prohibición expresa firmada en los acuerdos de La Habana –además, blindada por la Corte Constitucional– de darles ese tratamiento a los que traicionen la paz.