'Es un triunfo para la legalidad': Restrepo tras fallo de la Corte sobre la 'paz total'

Juan Camilo Restrepo estuvo a la cabeza de las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional durante el segundo Gobierno de Juan Manuel Santos, de ahí que sea una de las personas con mayor conocimiento sobre ese y otros procesos de negociación.

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En entrevista con EL TIEMPO, el también exministro de Hacienda hace un análisis del fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley 2272 de 2022 y de sus efectos en la política de paz del gobierno de Gustavo Petro.

A mi modo de ver, la ‘paz total’ está en una crisis total y el Gobierno debe hacerle una reingeniería pronto si no la quiere ver completamente paralizada. El fallo de la Corte Constitucional es muy claro y muy importante en cuanto a que se refiere sobre todo a los acercamientos y conversaciones con los grupos de alta criminalidad.

La tesis central es que la discrecionalidad no puede ser total para el Presidente de la República, que se requiere una ley de sometimiento previa a estas conversaciones, por eso digo que se deben someter a una reingeniería total las siete negociaciones y los ceses del fuego que se han pactado, todos los cuales quedan en entredicho hasta que no haya una ley de sometimiento, un ley de sometimiento que el Gobierno omitió tramitar oportunamente en la legislaturas pasadas, pero que ahora, si quiere darle continuidad a la ley de ‘paz total’, se vuelve imprescindible.

Hace algunos meses estuve en una reunión en donde estaba el canciller Álvaro Leyva y alguien le preguntó por la partitura del Gobierno en materia de paz. Leyva respondió: ‘este Gobierno no tiene partitura, como los buenos intérpretes de Jazz lo que haces es improvisar’. Lo que ha dicho la Corte es que no se puede seguir improvisando y que debe volver a una partitura y esa partitura se llama ley de sometimiento.

Estos siguen en su curso, no están en el fondo afectados por este fallo de la Corte porque son conversaciones con grupos alzados en armas a los cuales se les reconoce una connotación política. Todos los demás, como aquellas conversaciones con el ‘clan del Golfo’ o las que se han hecho con los grupos urbanos, o los acercamientos con las otras disidencias de las Farc, quedan sometidas a la nueva regulación que reclama la Corte. Es decir, una ley marco que trace un mapa de cómo se hacen compatibles estas conversaciones con delincuentes comunes, con la facultad de buscar la paz que tienen el presidente según la Constitución, pero que no puede ser discrecional y absoluta.

Eso en la práctica lo que muestra es que el nuevo comisionado para la paz, a mi modo de ver, va a tener que comenzar por tramitar esa ley de sometimiento cuanto antes en el Congreso, porque de lo contrario no le van a poder dar continuidad a todas estas conversaciones, que son más de siete, y que han estado dando tumbos aquí y allá. Esa ley de sometimiento tendrá que trazar las reglas y definir cuáles son los límites a la discrecionalidad presidencial, es decir, no se va a poder seguir manejando a punta de intuiciones, de Twitter o del impromptu del comisionado, tiene que amoldarse o encajarse en una ley de sometimiento que tenga en cuenta todos los pormenores relacionados con la entrega de estos grupos y su incorporación a la paz.

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El Gobierno, el Ministerio de Justicia y los organismos de la política criminal tendrán que evaluar cuál es el el camino jurídico más apropiado para satisfacer la exigencia que hace la Corte Constitucional, ya sea modificando una ley que ya existía, agregándole un capítulo de sometimiento, o una nueva ley dedicada exclusivamente a este tema. Lo que sí es cierto es que la ‘paz total’ debe acogerse a los márgenes de discrecionalidad.

La Corte lo que dice es que eso puede ser un instrumento utilizable en los procesos de acercamiento con estos grupos de alta criminalidad con los que se quiere buscar la paz, pero no pueden ser unas órdenes de excarcelación sin motivación y sin explicación. Tiene que explicar el presidente por qué lo hace y, sobre todo, de qué manera esos voceros o representantes van a ayudar a los procesos de paz, porque de lo contrario simplemente estarían contrariando la norma de la excarcelación, que es un proceso judicial. Entonces el proceso judicial tiene que tener una resolución fundamentada sobre la cual se puede hacer el control de legalidad correspondiente.

A mi se me hace que esto no es un triunfo para el Gobierno ni mucho menos, es un triunfo para la legalidad. Es un fallo que, dicho de manera sencilla, postula que para que se compagine la búsqueda de la paz con la observancia de la ley penal, no pueden darse los márgenes de discrecionalidad tan amplios al presidente de la República. Pero la más importante limitación es cuando el fallo declara inconstitucional la norma de la ley que dice que ese sometimiento se puede buscar por cualquier motivo por cualquier camino.

No puede ser por cualquier camino ni por cualquier motivo, los caminos y los motivos tienen que estar señalados en una ley previa, entonces, no es que sea una derrota de uno o de otro, es más bien un triunfo de la constitucionalidad. La búsqueda de la paz no se puede hacer caprichosamente por Twitter o a punta de improvisación, que ha habido mucha y que es, entre otras cosas, una de las razones que tienen colapsados los procesos.

El nuevo comisionado de paz, a mi entender, tendrá que iniciarse tomando una decisión fundamental. ¿Van a presentar o no van a presentar la ley de sometimiento que ahora reclama la Corte y cuándo? Porque si no lo hacen van a quedar paralizados estos ensayos de espacios con los grupos de alta criminalidad.

Ahora, el problema es que el Congreso está muy congestionado con el alud de reformas que ha presentado el mismo Gobierno, entonces no va a ser fácil el trámite de esta ley. Entonces, si el Gobierno quiere que su ‘paz total’ siga siendo un esquema viable a la luz de este fallo de la Corte, tiene inexorablemente que presentar una ley de sometimiento que omitió presentarla en las legislaturas anteriores.

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En estos temas tan delicados, el enfoque finalmente lo da el presidente. Él es el responsable constitucionalmente de trazar los objetivos de búsqueda de la paz. Ahora, yo creo que la crisis, que es profunda y que es absoluta, no se le puede atribuir a Rueda o por lo menos no en su totalidad, sería injusto. Yo creo que el problema es más el diseño y el empuje que le dieron desde un comienzo. La ‘paz total’ es algo nuevo en el sentido de que es un proceso a muchas bandas y muy complejo, en donde se están sentando, en diferentes mesas de negociación, delegados del Gobierno con representantes de la criminalidad variopinta, de todas las cataduras que hay en el país, entonces eso explica las dificultades.

Además, es todavía más cuando no hay un marco legal de sometimiento, que es lo que la Corte echa de menos y ahora le exige al Gobierno. También habrá que ver en qué términos se va a presentar esa ley, que va a ser el gran tema de ahora en adelante, para sacar a la ‘paz total’ de las arenas movedizas en que ha caído por la improvisación. La otra gran decisión es si el comisionado para la paz va a seguir manejando directamente todos los procesos de negociación con los grupos de alta criminalidad, porque esa fue una de las críticas a Rueda. Sería bueno volver a una figura que ya la hubo aquí en Colombia: una persona encargada de las negociaciones y otra encargada de la de la aclimatación de los procesos de sometimiento.

Dadas las manifestaciones públicas, cada una más arrogante y disparatada que la anterior por parte de los jerarcas del Eln, ese es otro gran chicharrón que tiene el nuevo comisionado para paz en sus manos. ¿Qué quiero decir con esto? El Eln ha dicho que no dejará de secuestrar hasta que el Estado le organice un mecanismo de financiamiento y yo veo muy difícil que se pueda acceder a esta petición.

Primero, porque en los protocolos que el Eln firmó con este Gobierno en México está dicho muy claramente que respetará el Derecho Internacional Humanitario y resulta que una de las premisas fundamentales del DIH es no secuestrar. Entonces el Eln está desdiciendo lo que firmó en México con esta petición bastante arrogante ‘Antonio García’. Y como si lo anterior fuera poco, vienen diciendo cada vez con mayor desparpajo que ellos no van a entregar las armas, cuando eso, además de la reincorporación, es el objetivo final de estos procesos de paz. Entonces, Patiño va a tener la gran responsabilidad, sin reventar el proceso y sin acabar con la mesa, de darle una respuesta a esas dos pretensiones. Allí va a estar el arte del gran negociador.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA