El pasado mes de julio, a través del Decreto 1080, el Gobierno extendió hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para que los exguerrilleros de las Farc hicieran la entrega de sus bienes para reparar a las víctimas del conflicto. A un poco más de un mes de vencerse ese plazo, hay preocupación en el alto gobierno pues no hay avances ni mucho menos un inventario de los bienes.
Así lo expresó el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien en diálogo con EL TIEMPO, aseguró que a pesar de la disposición y de las garantías que les dieron a los exguerrileros y un nuevo plazo, estos no han cumplido con lo pactado en el Acuerdo de Paz hace cuatro años.
Archila recordó que esta obligación no surgió cuando se fijó el plazo para la entrega de los bienes, sino que “las Farc debió haber cumplido con la totalidad de su obligación desde hace cuatro años”.
En términos generales, según Archila, las Farc tenían en una primera etapa la obligación de entregar un inventario de los bienes. Estos se tasaron en un billón de pesos, pero allí incluyeron unas obras de infraestructura vial y campañas de vacunación, que se podían destinar para indemnizar a las víctimas.
“Eso daba 500 mil millones de pesos, de eso se ha podido monetizar un poco más de tres mil millones de pesos, y recibimos unos lingotes de oro que están por monetizarse y que deben sumar unos 32 mil millones de pesos. Eso quiere decir que del medio billón de pesos que debían recibir las víctimas no hemos avanzado”, explica el consejero Archila.
¿Por qué se amplió el plazo en julio?
Originalmente lo habíamos fijado a mitad de este año, hicimos una recapitulación de las dificultades que se generaban en razón a la pandemia, y por eso les dimos un plazo hasta diciembre 31 de este año, pero realmente no estamos viendo un avance en eso, y no han atendido las invitaciones que les hemos hecho, les hemos ofrecido todas las garantías y las seguridades, entonces yo estoy preocupado porque va a llegar el plazo y no han cumplido con esa obligación.
¿Aumentó el inventario? ¿Existen los bienes?
De muchos de esos bienes ellos nunca hicieron la identificación, lo que debía suceder era que debía entregarse el inventario, después hacer la individualización de cada uno de los bienes. Cuando se empezó a dar este proceso empezamos mal porque empezaron a aparecer muchos menos de los que ellos estaban señalando. Ahora, nosotros lo que creemos es que uno no puede decir simplemente es que eso se perdió, eso ya no está, eso no lo vamos a entregar. Yo creo que el compromiso que existía con las víctimas es un compromiso que se tiene que cumplir.
¿Qué pasó en este periodo, en estos últimos meses?
Hicimos un cronograma muy exigente, muy detallado y completo con la SAE para poder estar trabajando no en uno sino en varios frentes, hablamos con el Ministerio de Defensa para que se encargara de darnos la seguridad para poder llegar a los territorios, coordinamos con el Ministerio de Salud para qué lo que íbamos a hacer se hiciera cumpliendo los protocolos de seguridad, pero no nos han señalado los enlaces, no han atendido los cronogramas, no hemos podido avanzar.
¿Le está sacando el cuerpo a esta responsabilidad?
Lo que yo creo es que los resultados que se están obteniendo son muy precarios y lo que sucedió la vez pasada era que en lugar de cumplir con su parte empezaron a buscar excusas y echarle la culpa al gobierno, pero esta es una obligación que está prevista en los acuerdos y es una obligación de las Farc.
En su momento las Farc dijeron que ellos habían tomado esos terrenos de manera ilegal y que no tenían cómo probar que eran de ellos….
Eso no es lo que ha sucedido porque en la mayoría de los casos no hemos llegado al punto de determinar que se trata de baldíos, no hemos llegado al punto en donde podamos hacerle el análisis de los inmuebles, en la mayoría de los casos nos hemos quedado muy atrás de eso.
También dijeron que el Gobierno no tomó el control de las zonas que ellos antes dominaban y otros grupos se apoderaron de los bienes…
Esa es una forma muy genérica de señalarlo, está previsto en el Decreto que al final del plazo nosotros debemos rendirle un informe a la Fiscalía y un informe a la JEP sobre lo que haya ocurrido. Si ellos hacen lo que corresponde, que es indicar cuáles son los inmuebles, los bienes, semovientes, y cuáles son los automotores, etc., y se verifica que algunos fueron capturados por parte de grupos armados o lo que sea, esa naturalmente sería una excusa válida, pero lo que no se puede argumentar es que eso pudo haber ocurrido y que entonces no van a hacer la identificación ni la individualización de los bienes.
Ahí habrá que entrar a mirar cuáles eran las responsabilidades que individualmente correspondían a cada quien
Claramente el tiempo no va alcanzar, ¿qué va a pasar?
Lo que sucedería de aquí adelante, en mi opinión, es que nosotros debemos presentar los reportes. Existen dos responsabilidades que son diferentes, una responsabilidad colectiva, digamos del partido Farc, que eso tiene consecuencias políticas, de incumplimiento de una de las partes en el Acuerdo. Y el análisis sobre si ahí hay responsabilidades individuales le corresponde a la Fiscalía y le corresponde a la JEP, pero no hay tal cosa como una pérdida colectiva de beneficios. Ahí habrá que entrar a mirar cuáles eran las responsabilidades que individualmente correspondían a cada quien.
¿Podrían perder beneficios que les dio el Acuerdo?
Lo que están es incumpliendo con una de las obligaciones que están previstas en el Acuerdo, pero no hay responsabilidad colectiva en lo que tiene que ver con la pérdida de los beneficios individuales.
¿Habrá una nueva prórroga, un nuevo plazo?
Por ahora lo que hemos visto es que el cronograma que habíamos previsto, los mecanismos que habíamos puesto a disposición, el número de frentes en los que estábamos pensado trabajar, era un cronograma exigente, pero era un cronograma que si hubiéramos tenido la voluntad de ellos y se hubiera cumplido con todo lo que estaba previsto hubiéramos alcanzado.
¿Habrá un ultimátum del Gobierno a las Farc?
Lo que existe es ese plazo y no venos una razón en este momento para modificarlo. Creo que hay que esperar hasta el 31 de diciembre, pero vemos con preocupación que por no contar con los enlaces, con no haber podido concertar con ellos los desplazamientos, utilizar las cuatro líneas de trabajo de la SAE, se está dificultando mucho el proceso.
Aquí lo que está de por medio es un derecho muy importante de las víctimas, no solo por el valor monetario de esos bienes, de la cuantía que puedan llegar a tener, sino por lo relevante del acto de reconciliación que implica que se indemnice a las víctimas con el producto de los bienes, entonces esto es un tema en el que creemos que el interés de las víctimas debe estar por encima de todo.
EL TIEMPO