Gobierno Petro se sentará a negociar con el 'clan del Golfo': este lunes se conoció la resolución que autoriza las conversaciones

A través de la resolución 257 del 2024, el presidente Gustavo Petro autorizó la instalación de un espacio de conversación sociojurídico con el 'clan del Golfo', la estructura armada ilegal con mayor presencia en el país y que está al mando de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo'. En el documento designan a Álvaro Jiménez Millán como el coordinador de los representantes del Gobierno ante esta organización criminal.

(Además: La propuesta del presidente Petro al 'clan del Golfo': dejar el narcotráfico y apostar por la agroindustria).

Con este grupo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) el Gobierno dará inicio a un proceso con miras al sometimiento. Hay que recordar que el 'clan del Golfo' es catalogado como una estructura armada organizada de crimen de alto impacto, por tanto, no goza con el estatus político de otras organizaciones como el Eln y las disidencias de las Farc.

"El Espacio de Conversación Sociojurídico estará dirigido a verificar la voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la Ley", dice la resolución.

Con este grupo ya hubo un cese del fuego durante esta istración. Dicha tregua fue decretada el 31 de diciembre de 2022 y fue levantada por el Gobierno en marzo de 2023, luego de que el presidente Gustavo Petro los responsabilizó de varias acciones armadas en contra de la población civil en el Bajo Cauca antioqueño.

"Aquí debe haber del Clan del Golfo. Yo les mando la razón: llegó la hora de la paz, no la hora de la viveza, como ya me ha ocurrido en otros lugares del país. Llegó la hora de la paz. Yo les estoy proponiendo aquí es más riqueza por generaciones hacia adelante, que el narcotráfico, que el sicariato, que la muerte", señaló el presidente Petro el pasado en la inauguración de la Junta de Internet–Comunidad de Conectividad en el corregimiento de Domingodó, Chocó.

En el informe de inteligencia al que tuvo EL TIEMPO se advierte que el 'clan del Golfo', hace presencia en 15 departamentos, 208 municipios y 3.244 veredas.

El principal reto para el Gobierno en este caso -así como los de paz urbana de Buenaventura, Quibdó y Valle de Aburrá- es la incertidumbre jurídica que hay ante el eventual sometimiento de sus integrantes. Hay que recordar que en la sentencia C-525 de 2023, la Corte Constitucional avaló la legalidad de la 'paz total', pero le puso varios límites.

Uno de ellos tiene que ver con la decisión del alto tribunal de declarar inexequible que fuera “el juicio del Gobierno” el que definiera los términos del sometimiento a la justicia de estas estructuras criminales. Esa definición, advirtió la Corte, la debe hacer el Congreso a través de una ley de sometimiento, una que dos años después de la llegada de Petro al poder ni siquiera ha sido radicada.

(Lea también: Así está conformado el 'clan del Golfo', la red más grande de tráfico de cocaína).

La delegación del Gobierno la completan María Gaitán Valencia, Armando Custodio Wouriyu, Víctor Negrete Barrera y Águeda Plata Gómez.

En otra resolución, la 279 de 2024, el Gobierno reconoció a seis de ese grupo armado como voceros en el espacio. En el listado aparece Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del 'clan del Golfo' y quien heredó la organización del extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Cabe mencionar que en 2018, el gobierno de Estados Unidos lo solicitó en extradición y hoy ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.

En el documento firmado por el presidente Petro también aparecen Orozman Orlando Osten Blanco, alias Flechas; José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito; Elkin Casarrunio Posad, alias el Cura; José Miquel Demoya Hernández, alias Chirimoya; y Luis Armando Pérez Castañeda, quien funge como jefe pseudopolítico y es el encargado de direccionar la propuesta de acercamiento con el Gobierno.

El documento indica que una vez el consejero comisionado de paz Otty Patiño constate que los de esa organización den "muestras objetivas de su compromiso con el desmantelamiento", se procederá a solicitar la suspensión de sus órdenes de captura.

CAMILO A. CASTILLO< br>Redacción Política< br>X: (@camiloandres894)