Gobierno y frente 33 acuerdan zona de ubicación en el Catatumbo para avanzar en la concentración de disidentes

El presidente Gustavo Petro confirmó este sábado que la delegación de paz del Gobierno y de las disidencias del frente 33 -una de las estructuras que componen el bloque Magdalena Medio Gentil Duarte- acordaron la instalación de una zona de ubicación temporal de cara a la “dejación de la violencia”.

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El documento, firmado este sábado tras un encuentro en la ciudad de Cúcuta, establece la instalación de una zona de ubicación temporal en área rural del municipio de Tibú, bajo los parámetros establecidos en la Ley de 2272 (‘paz total’). 

“Se acuerda zona de paz para la dejación de la violencia con el frente 33 del estado mayor y el gobierno nacional. Allí se congregarán los combatientes y armas del frente 33. Comienza la paz del Catatumbo”, señaló el presidente Petro en su cuenta de X.

Este frente, líderado por alias Jhon Mechas y alias Richard, hace parte de las disidencias del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, que a su vez integra el Estado Mayor de los Bloques y Frentes-EMBF (conocidas como las disidencias de 'Calarcá').

El acuerdo indica, además, que para la definición de la zona de ubicación temporal, se analizaron y evaluaron propuestas presentadas por las partes. 

“(...) Finalmente se concertó su ubicación, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, logísticas, geográficas y istrativas requeridas, para cumplir con las necesidades básicas de permanencia temporal para los integrantes del Frente 33 del EMBF FARC-EP que participarán en la paz con justicia social y ambiental”, dice el documento.

La delegación de Gobierno confirmó que en las próximos días las delegaciones elaborarán los acuerdos y protocolos necesarios para el establecimiento de las zonas, funcionamiento y temporalidad en cada una de sus fases.

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Cabe mencionar que el decreto de suspensión de operaciones ofensivas contra esta estructura armada, firmado por el presidente Petro y vigente hasta el 18 de mayo, estaba supeditado a que se acordara su ubicación en estas zonas de concentración, cuyo objetivo es facilitar su tránsito hacia la vida civil.

Este acuerdo ocurre en medio de la cruenta guerra que protagonizan el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Eln en el Catatumbo. Según el más reciente balance del PMU instalado en esa región, hay 65.079 personas desplazadas, 12.740 confinadas y al menos 120 asesinadas. Son justamente estas cifras las que generan dudas sobre la propuesta del Ejecutivo.

El documento también se publica pocos días después del ataque perpetrado por el Bloque Jorge Suárez Briceño —la otra estructura que integra el EMBF— contra un grupo de militares que custodiaban un Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) en el departamento del Guaviare, hecho en el que fueron asesinados siete soldados.

En el parágrafo 3 del artículo 8, dicha ley establece que el Gobierno Nacional o sus representantes autorizados podrán acordar con los voceros o representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley, en un estado avanzado del proceso de paz, su ubicación temporal en zonas determinadas.

En estas zonas, según la ley, se suspenderá la ejecución de las órdenes de captura, incluso aquellas proferidas con fines de extradición, contra los de los grupos armados en proceso de paz. Esta medida también puede aplicarse durante el desplazamiento hacia dichas zonas, hasta que el Gobierno determine o declare la culminación del proceso.

En marzo, cuando se dio a conocer el plan para el tránsito hacia la vida civil propuesto por la Oficina del Comisionado de Paz —a cargo de Gloria Quiceno, integrante de la delegación del Gobierno en esa mesa—, Patiño habló de encontrar un espacio de preconcentración con armas, mientras se identificaba un lugar seguro para ubicar a los integrantes de este grupo armado ilegal.

En ese sentido, la ley establece que estas zonas no podrán ubicarse en áreas urbanas y que en ellas se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado de Derecho. “El Gobierno definirá la manera como funcionarán las instituciones públicas para garantizar los derechos de la población”, dice el documento.

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Otros aspectos que podrá definir el Gobierno, a partir de los acuerdos firmados en la mesa de negociación, son: la delimitación geográfica, el rol de las instancias nacionales e internacionales en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad, las condiciones y compromisos para la temporalidad y funcionamiento de las zonas, y las modalidades de reincorporación a la vida civil.

Finalmente, el parágrafo 3 establece que estas zonas no serán zonas de despeje, es decir, no serán espacios en los que la Fuerza Pública se retire y ceda el control militar y político al grupo armado.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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