Estos son los desafíos para alcanzar la ‘paz total’ propuesta por Petro

En un informe reciente la Cruz Roja Internacional (CICR) sostuvo que, a partir de 2018, ha habido en Colombia un grave deterioro de la situación humanitaria y que pasamos de cinco a seis conflictos armados no internacionales, los cuales cobijan tanto a los enfrentamientos entre el Estado y grupos armados no estatales como a confrontaciones entre estos últimos por el control territorial y las rentas ilegales.

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La CICR hace referencia a los siguientes conflictos: el Gobierno contra el Eln; el Gobierno contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc); el Gobierno contra las dos disidencias de las Farc, las Farc-Ep y las Farc Nueva Marquetalia; las Agc contra Eln; el enfrentamiento entre sí de las dos disidencias de las Farc; y, finalmente, la confrontación de estas contra el Comando de la Frontera.

No es, sin duda, fácil enfrentar esta multiplicidad de grupos armados no estatales que, al igual que en México u Honduras, desarrollan una guerra abierta por el control del territorio y rentas ilegales ligadas con el tráfico de drogas, la minería ilegal y la extorsión, ante todo, en regiones periféricas situadas en las fronteras terrestres y marítimas del país: Nariño, Cauca Chocó, Norte de Santander y Arauca.

La idea de la ‘paz total’ en el actual gobierno surgió en contraposición al modelo que ha dominado en el país desde 1990, es decir, las negociaciones “grupo por grupo y escalonadas en el tiempo”, destinada a disminuir la intensidad del conflicto sin resolverlo definitivamente.

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Como bien se sabe, hubo un agudo contraste entre el modelo de “paz comprehensiva” que hubo en El Salvador y en Guatemala y el modelo de “paz parcial” que se dio en nuestro país, según los términos de Carlo Nasi. Mientras que en aquellas dos naciones la totalidad de los grupos guerrilleros agrupados en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) o en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng) firmaron el mismo día y a la misma hora los acuerdos de paz en 1992 y 1996, respectivamente, en Colombia la paz ha sido un parto largo y doloroso.

Desde el acuerdo con el M-19 han transcurrido 32 años y se han sucedido acuerdos separados con el Epl, el Maql, el Prt, la Crs, las Auc y las Farc, y nada que logramos la paz total y definitiva, de cuya necesidad nadie duda.

Sin embargo, los desafíos que enfrenta este proyecto son inmensos y me parece importante conocerlos para enfrentarlos eficazmente.

El primer desafío es la existencia de una diversidad de grupos armados con distintos niveles de politización y distintos niveles de degradación criminal, que libran entre sí y contra el Estado múltiples “guerras cruzadas”.

Según el más reciente informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional (Gitoc), Colombia es, tras la República Democrática del Congo (RDC), el segundo país a nivel mundial con el mayor número de grupos criminales organizados.

Según el ranking de la Gitoc, estos son los países más afectados: RSC (7,75), Colombia (7,66), Myanmar (7,59), México (7,56), Nigeria (7,15), Irán (7,10), Afganistán (7,08), Irak (7,05), Centroáfrica (7,04) y Honduras (6,98). No es nada fácil lidiar con este grave fenómeno de la multicriminalidad.

Ante esta diversidad extrema de grupos armados, el Comando Central (Coce) del Eln envió un durísimo comunicado hace pocos días, el 5 de septiembre de 2022, titulado ‘Las confusiones del proyecto de ley sobre la paz’, en el cual no solamente reafirmó que está inmerso en una guerra justa, y, por tanto, continúa defendiendo su derecho a la rebelión, sino que rechazó con indignación que lo metan en el mismo saco con organizaciones criminales.

Es decir, el Eln está exigiendo una negociación exclusiva con los actores que dispongan de una “motivación política” y rechaza la noción de ‘paz total’, que incorpora grupos puramente criminales.

Hace pocos días, 279 extraditables detenidos le enviaron una carta al Gobierno solicitando ser acogidos por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Sin embargo, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, ha venido sosteniendo que a este organismo no se podrán acoger ni quienes traicionaron el acuerdo de paz de 2016 entre las Farc y el gobierno de Santos, ni quienes han cometido delitos comunes.

Es decir, les cerró la puerta no solo a los grupos residuales de las Farc, sino a los grupos criminales organizados. Según expresó Eduardo Cifuentes en una entrevista con RCN Radio, “las organizaciones que están dedicadas al narcotráfico y este tipo de acciones de criminalidad, que rechazamos absolutamente, deben estar siempre sometidas a la justicia ordinaria”.

Entonces, ¿bajo qué jurisdicción se van a juzgar a las disidencias y a las organizaciones criminales? ¿Cómo diferenciar a un grupo con motivaciones políticas de otro con motivaciones criminales? ¿Por su origen histórico, por sus formas de financiamiento, por su conducta frente a la población civil?

La istración Petro presentó ante el Congreso Nacional un proyecto mediante el cual busca prorrogar con modificaciones la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997), para afrontar estos desafíos, y el Congreso deberá determinar si habrá un modelo único de justicia para todos los grupos armados no estatales sin distinción. O si, por el contrario, lo que es más probable, se van a diferenciar unos de otros, es decir, que para las organizaciones políticas habría un proceso de negociación y un modelo de justicia transicional, mientras que para las organizaciones criminales se daría un proceso de acogimiento a la justicia y un modelo de justicia ordinaria con beneficios judiciales.

Igualmente, se deberá definir si se va a revivir el modelo de las “zonas de distensión”, si en estas habrá o no presencia de la Fuerza Pública y hasta dónde llegarán las facultades de negociación de los alcaldes. Se trata, sin duda, de preguntas muy álgidas que inquietan a los especialistas.

En los últimos meses estamos observando la crisis total de la disidencia más política de las Farc, es decir, las Farc Nueva Marquetalia, cuyos máximos dirigentes han perdido la vida en distintas circunstancias, mientras sobrevive la disidencia más degradada, las Farc-Ep, la cual sufre a su turno de una aguda fragmentación interna y su Estado Mayor tiene hoy en día un muy precario liderazgo.

El asesinato aleve de siete jóvenes policías por parte de esta última disidencia plantea un difícil interrogante: ¿conserva o no esta fracción un claro proyecto político o no? ¿Quién lo puede determinar y con base en qué criterios para un eventual proceso de paz?

Uno de los mayores desafíos de todos los procesos de paz en el mundo son los mandos medios de las organizaciones armadas, los cuales, en numerosas ocasiones, una vez sus jefes han tomado la decisión de desmovilizarse y acogerse a la legalidad, deciden sustituirlos, pues ya conocen el funcionamiento de la organización (cómo obtener los recursos económicos y las armas, cómo reclutar y formar a sus , cómo enfrentar a la Fuerza Pública, etc.).

En Colombia esto ya ocurrió con ocasión de la desmovilización de las Auc, pues, una vez sus máximos dirigentes fueron encarcelados, muchos mandos medios asumieron el liderazgo y crearon las denominadas “bandas criminales” (bacrim).

La política de sometimiento a la justicia que prevé el gobierno Petro puede fracasar si los incentivos criminales persisten. La razón es simple: si bien esta política permitirá arrancar de la acción criminal a 50 o 100 dirigentes ya ricos y envejecidos, 200 o 300 nuevos dirigentes atraídos por el dinero ilegal en economías florecientes (como la cocaína y la minería ilegal) los van rápidamente a sustituir.

En otras palabras, el éxito de una política de acogimiento a la justicia solamente será exitosa si simultáneamente se debilitan los incentivos criminales. ¿Qué viabilidad existe de cambiar las políticas antidrogas a nivel global? ¿Qué viabilidad existe de combatir con éxito la minería ilegal del oro, por ejemplo, cuyo precio aumenta día a día como refugio frente a la inflación global?

En la memoria de mi generación nunca olvidamos cómo Salvador Allende sufrió un “desbordamiento por la izquierda” que debilitó al Gobierno y sirvió de pretexto para el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet un triste 11 de septiembre de 1973. La toma de fábricas impulsada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Mir) fue nefasta.

En el mismo Chile se acaba de revivir ese rol negativo de las izquierdas radicalizadas. En este caso, las acciones armadas y de sabotaje de los grupos radicales mapuches en el sur del país, así como la destrucción de bienes públicos en las protestas urbanas, influyeron en la derrota de la nueva Constitución.

En Colombia se está produciendo una situación similar con la toma indiscriminada de tierras por parte de movimientos indígenas y campesinos, con altos riesgos de una confrontación interétnica en el norte del Cauca y un reavivamiento de movimientos de autodefensa sin control.

Finalmente, aun cuando este tema será objeto de otro artículo, hoy en día estamos viviendo el riesgo de una desmoralización de la Fuerza Pública, tanto en las filas de las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional.

Este factor podría ser muy negativo para la defensa nacional y la seguridad ciudadana. Como me decía una oficial del Ejército, “si no se fortalece la seguridad, no habrá paz”.

EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ - PARA EL TIEMPO

PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL