¿Qué pasó con la ‘paz urbana’ en Buenaventura y por qué los delegados del Gobierno piden una reunión con Otty Patiño?

Pero ¿cuáles son las preocupaciones de los voceros del Gobierno al comisionado? En la carta, dada a conocer por Caracol Radio, el representante Alejandro Ocampo, así como William Mina, Víctor González, Jesús Flórez, Luis Guillermo Pérez, Lucila Martínez y Joaquín Garzón, dicen que, desde la llegada de Patiño al cargo, en diciembre de 2023, no ha sido posible acordar una reunión con él. 

El espacio de conversación en Buenaventura fue instalado por Danilo Rueda, excomisionado de paz, el pasado 18 de julio con la presencia de la Iglesia, la Misión de Verificación de la ONU y con el representante Alejandro Ocampo como principal delegado del Gobierno. Allí se estableció un acuerdo de reducción de la violencia entre los más de 1.700 jóvenes que integran estas estructuras armadas. 

“Vemos con preocupación que varios temas y requerimientos puestos en su conocimiento en repetidas ocasiones, siguen sin ser atendidos, esta situación ha generado que la delegación guberanemental incumpla varios de los compromisos adquiridos en el espacio de conversación sociojurídica, lo que a su vez tiene implicaciones negativas sobre el proceso de paz”, se lee en la misiva.

Allí mencionan que desde noviembre del año pasado hay unos acuerdos con los voceros de las estructuras armadas que se disputan el territorio en el puerto (Shottas y Espartanos) y una metodología de trabajo definida que no se ha podido concretar debido a 10 factores.
 
(Le puede interesar: ‘El mejor acto humanitario en el proceso con el Eln es que se cumpla la tregua’: almirante Romero).

Indican que no se ha adelantado la contratación del equipo necesario para realizar “las gestiones propias del proceso de paz” y que, aunque en el 2023 se dejaron reservas por 2.999 millones de pesos para labores ligadas a la paz, la delegación sigue sin recibir información sobre estos recursos o sobre la cuantía con la que cuentan para el funcionamiento del proceso.

“Ni la delegación, ni los profesionales de la oficina del Comisionado Consejero para la Paz que actualmente acompañan el proceso cuentan con las mínimas condiciones para adelantar su trabajo”, agregan en la carta, en la que además denuncian la “baja calidad y elevado costo” de los elementos logísticos que se han facilitado para la realización de las actividades del proceso.

Más adelante, dicen que estas personas no cuentan con medidas de seguridad y que a esto se suma la decisión de los voceros de los Espartanos de suspender desde marzo su participación en el proceso por “falta de garantías judiciales y de seguridad”.

Uno de los escollos a los que se enfrenta este proceso, así como los que se desarrollan con bandas delincuenciales de Quibdó (Chocó) y Medellín (Antioquia), es la falta de un marco jurídico para su sometimiento.

Cabe mencionar que el pasado 30 de noviembre la Corte Constitucional estableció algunos condicionamientos a la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de 'paz total', a través de una sentencia. El alto tribunal declaró inexequible que fuera “el juicio del Gobierno” el que definiera los términos del sometimiento a la justicia de las bandas y advirtió que eso se debía hacer el Congreso a través de una ley.

Finalmente, le piden a Patiño estar presente en la próxima sesión de la delegación del Gobierno y que allí se emitan una serie de compromisos para que el proceso de paz siga en pie. Hay que recordar que el acuerdo de reducción de la violencia firmado por Shottas y Espartanos vence el próximo 5 de mayo. 

 (Además: Delegación de paz del gobierno dice que es 'inviable' sostener una doble negociación con el Eln y pide al Presidente tomar una decisión).

En la carta también le solicitan al funcionario de la oficina de paz informar a la delegación cuáles serán los recursos de funcionamiento para 2024, realizar la contratación de los asesores de la delegación de paz y garantizar el alquiler de una oficina para el funcionamiento del espacio de conversación.

Además, piden que “se convoquen de manera inmediata las reuniones con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y otras entidades competentes para brindar las garantías necesarias al proceso de construcción de paz de Buenaventura”.

Finalmente, hacen una solicitud para que se les informe sobre los gastos e inversiones que se han realizado para el proceso y un plan para evitar sobrecostos en los requerimientos logísticos del mismo. 

Esta carta llega dos meses después de que la Unión Europea (UE) anunció una inversión de 2,5 millones de euros (unos 10.700 millones de pesos) para apoyar los procesos de paz del Gobierno. Estos recursos estarían destinados principalmente a la implementación del acuerdo de paz con las extintas Farc, a la mesa de diálogo que se desarrolla con el 'Estado Mayor Central' y a los procesos 'paz urbana' de Buenaventura y Quibdó.

REDACCIÓN POLÍTICA