‘El panorama es preocupante porque no vemos una solución inmediata’: experto ante la crisis de medicamentos

En la actual crisis por a medicamentos, ¿qué hay de cierto en que existe un acaparamiento de fármacos como dice el Gobierno o bien existen deudas como señalan los gestores farmacéuticos? El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, aseguró que sí ha cumplido con los pagos para garantizar la distribución de medicamentos y que en los últimos cinco meses ha girado más de 1,6 billones de pesos a las principales empresas encargadas de entregarlos. 

Sin embargo, es necesario aclarar que el sistema de salud le cuesta al país cerca de $ 100 billones de pesos al año, y de ellos cerca de $ 20 billones se van en dispensación de fármacos, de acuerdo con datos de Fenalco y la Supersalud. Es decir, con 1,6 billones de pesos solo alcanzaría para la dispensación de un mes de medicamentos, y eso es lo que se ha girado, de acuerdo con el Ministerio de Salud, en los últimos cinco meses.

Además, también habría que tener en cuenta las antiguas deudas que se tienen en el sistema y que han denunciado los gestores farmacéuticos desde hace años, pero que han empeorado en este Gobierno. Según datos de la Asociación de Gestores Farmacéuticos, actualmente el Gobierno tiene una cartera de $ 4 billones de pesos con ellos, lo que genera “intermitencias en el abastecimiento”.

En ese sentido, según explica en entrevista con EL TIEMPO el investigador de la Escuela T.H. Chan de Salud Pública de Harvard y profesor de Derecho y Salud Global de la Universidad de los Andes, Jonatthan García Ruiz, hay afirmaciones en el debate público que no corresponden con la realidad, dado que es claro que no existe un desabastecimiento general de medicamentos como se ha llegado a afirmar, sino que lo que tenemos es un problema de y escasez localizada que afecta a ciertos medicamentos por varias razones que se deben fundamentalmente a temas operativos y financieros.

“Me parece exagerada la narrativa del Gobierno sobre un plan coordinado por parte de gestores farmacéuticos y EPS para frenar el a medicamentos con el objetivo de desestabilizar al Presidente o bloquear sus reformas. Esta interpretación política de un problema que es fundamentalmente operativo y financiero no contribuye a encontrar soluciones. Estamos ante un asunto práctico del sistema de salud, no ante una campaña de desprestigio como, desafortunadamente, lo han sugerido el presidente Petro en sus declaraciones públicas”, señala García.

Para García la situación actual presenta desafíos importantes que podrían agravarse si no se toman medidas urgentes. En su concepto, el panorama es preocupante porque no se avizora una solución inmediata ante la falta de flujo de recursos y, frente a dicha realidad, los prestadores y gestores farmacéuticos se vuelven más cautelosos, evitando ofrecer servicios a crédito y priorizando la recuperación de cartera, lo que puede afectar la disponibilidad de medicamentos para los pacientes.

Es importante reconocer que en Colombia efectivamente existe una situación compleja de a medicamentos. Este es un hecho tangible que han denunciado los grupos de pacientes y que experimentan diariamente las personas que buscan sus tratamientos especialmente en los dispensarios autorizados por sus EPS.

Sin embargo, hay afirmaciones en el debate público que no corresponden con la realidad. Por un lado, no estamos ante un "desabastecimiento general" de medicamentos como se ha llegado a afirmar. Técnicamente, el desabastecimiento implica la ausencia total de un medicamento en el país, situación que ocurre solo con cuatro medicamentos de los decenas de miles comercializados en Colombia. Lo que tenemos es un problema de y escasez localizada que afecta a ciertos medicamentos. Lo que preocupa es que cada vez son más las quejas y más largas las filas.

Las causas reales de esta situación son diversas. En algunos casos se debe a un aumento inesperado de la demanda de ciertos productos. Hay decisiones comerciales de laboratorios que han reducido la venta de ciertos medicamentos porque no los consideran rentables. En otras ocasiones las dificultades son logísticas ya sea porque no se puede acceder a materias primas o empaques, o porque hay problemas de distribución que afectan particularmente a algunas zonas del país. Pero una de las causas principales es la crisis de financiamiento que afecta el flujo de recursos. Los fondos disponibles se debaten entre pagar deudas antiguas acumuladas entre las EPS, gestores farmacéuticos y laboratorios, y cubrir las obligaciones corrientes de los servicios actuales, creando un círculo vicioso que afecta la disponibilidad.

Me parece exagerada la narrativa del Gobierno sobre un plan coordinado por parte de gestores farmacéuticos y EPS para frenar el a medicamentos con el objetivo de desestabilizar al Presidente o bloquear sus reformas. Esta interpretación política de un problema que es fundamentalmente operativo y financiero no contribuye a encontrar soluciones. Estamos ante un asunto práctico del sistema de salud, no ante una campaña de desprestigio como, desafortunadamente, lo han sugerido el presidente Petro en sus declaraciones públicas.

La situación actual presenta desafíos importantes que podrían agravarse si no se toman medidas oportunas. Existe un consenso entre los diversos actores del sistema de salud de que los recursos asignados al sector, mediante la Unidad de Pago por Capitación, son insuficientes para cubrir las necesidades actuales. Esta tensión financiera compromete la operación normal del sistema y requiere atención urgente.

El panorama es preocupante porque no vemos una solución inmediata al flujo de recursos. Ante esta realidad, los prestadores y gestores farmacéuticos naturalmente se vuelven más cautelosos, evitando ofrecer servicios a crédito y priorizando la recuperación de cartera, lo que puede afectar la disponibilidad de medicamentos para los pacientes.

En este contexto, muchos colombianos podrían verse obligados a recurrir al canal privado, comprando medicamentos con recursos propios en farmacias y droguerías. Si bien para algunos esto será una opción viable, para muchas familias significará elegir entre medicamentos y otras necesidades básicas, algo que va en contra del propósito fundamental del sistema de aseguramiento en salud y de los principios de equidad y progresividad del derecho fundamental a la salud.

Lo que necesitamos es un gobierno activo que escuche a todos los actores y actúe con determinación. Las alternativas propuestas hasta ahora, como la negociación directa entre EPS y laboratorios o la inclusión de nuevos operadores como hospitales públicos o Drogas La Rebaja, son ideas que requieren desarrollo técnico, jurídico y financiero, y que no ofrecen soluciones inmediatas a los pacientes que hoy enfrentan dificultades.

El camino más sensato sería facilitar acuerdos entre EPS y gestores, con el apoyo del gobierno, para garantizar el continuo a medicamentos mientras se desarrollan soluciones estructurales. Esto requiere una actitud abierta al diálogo y la disposición para asignar recursos adicionales específicos, reconociendo que la salud de los colombianos debe ser una prioridad que trasciende las diferencias sobre el modelo ideal del sistema.

La reforma a la salud propuesta por el gobierno no aborda adecuadamente la crisis actual de a medicamentos. El tema de los gestores farmacéuticos ha sido tratado de manera superficial. De hecho, en la propuesta inicial presentada en febrero de 2023, estos actores ni siquiera se mencionaban. Fue solo durante las discusiones posteriores en la Cámara de Representantes cuando se incluyeron, y aun en la versión más reciente presentada al Senado, aparecen brevemente como actores del sistema, sin propuestas sustanciales para modificar el esquema actual de distribución.

Resulta paradójico que mientras el presidente ha criticado públicamente la concentración del mercado en pocos gestores farmacéuticos, estas críticas no se reflejan en el contenido de la reforma. La propuesta se limita a plantear una reorganización para que los recursos fluyan directamente de la ADRES a las IPS y gestores, pero deja vacíos importantes sobre aspectos críticos como la definición de precios de medicamentos en la nueva estructura o los mecanismos de control del gasto farmacéutico.

Además, la reforma contempla un periodo de transición de dos añosdurante el cual las EPS deberían transformarse en gestoras, eliminando su integración vertical y presentando planes para saldar deudas. Este proceso genera una gran incertidumbre. No hay garantía de que las EPS opten por transformarse en lugar de liquidarse, y muchas podrían no sobrevivir a los problemas financieros actuales durante esta transición.

Por estas razones, incluso si la reforma fuera aprobada, no resolvería la crisis inmediata de a medicamentos ni abordaría los problemas estructurales que el gobierno mismo critica públicamente. La solución requiere acciones más inmediatas y enfocadas específicamente en el sistema de distribución de medicamentos.

La solución a esta crisis requiere acciones pragmáticas y coordinadas entre todos los actores del sistema. Es fundamental que las EPS, los gestores y los laboratorios farmacéuticos trabajen junto con el gobierno nacional para establecer acuerdos de pago que permitan mantener la distribución de medicamentos mientras se avanza en el pago de la cartera vencida.

El gobierno debe reconocer la gravedad de la situación financiera del sector salud y considerar la posibilidad de destinar recursos específicos para aliviar el flujo financiero relacionado con el a medicamentos. Esta inyección estratégica no implica "perdonar" deudas de las EPS, sino priorizar la atención de pacientes que dependen de estos tratamientos para su bienestar y supervivencia.

Es imprescindible también generar un ambiente de diálogo constructivo, dejando de lado la retórica de acusaciones sobre supuestos planes para desestabilizar al gobierno. El enfoque debe centrarse en soluciones técnicas que garanticen la continuidad en el a medicamentos para los pacientes.

La postura actual del gobierno, rechazando aportar recursos adicionales bajo el argumento de que las deudas son responsabilidad exclusiva de las EPS, ignora que lo que está en juego es el a medicamentos esenciales para miles de colombianos. Esta crisis no debería instrumentalizarse para justificar la reforma propuesta, especialmente porque no tendría ningún efecto en el corto plazo, que es cuando más se necesitan acciones.

Estamos ante un problema estructural e histórico, en eso tiene razón el señor presidente, pero es un problema que requiere soluciones focalizadas a corto plazo mientras se discuten transformaciones más profundas del sistema. El gobierno tiene la responsabilidad de liderar este proceso, reconociendo que la prioridad debe ser garantizar que ningún colombiano se quede sin sus medicamentos por fallas en el sistema.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros