‘El Soat no se puede acabar sin mantener la protección frente a accidentes’

La polémica por la eventual eliminación o sustitución del Soat (seguro obligatorio de accidentes de tránsito), ante gravísimos hechos de corrupción descubiertos, ha provocado en el país el surgimiento de voces a favor y voces en contra.

A favor, quienes creen absolutamente indispensable que el sistema sea reformado por el ataque de la corrupción y en contra de quienes afirman que el sistema de aseguramiento “no se puede acabar de la noche a mañana”.

El médico Félix León Martínez es el actual director de la Adres (a de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud). En su primer reportaje sobre el tema, le revela a este cronista en reportaje para EL TIEMPO que existe una guerra de ambulancias, a la que señala como primera causa de la crisis que afronta el sistema. Tiene problemas gravísimos, dice, fundamentalmente por corrupción.

En que hay prestadores, clínicas y hospitales que están facturando muchas cosas contra el sistema como si fueran accidentes de tránsito, pero no lo son. O bien lo hacen algunos pacientes para que los atiendan y dicen que los atropelló un vehículo fantasma. En ese caso, precisamente, es donde hay más corrupción, porque no se puede comprobar realmente si hubo un accidente o no.

Aclaremos. Ellos son partidarios de acabar con el Soat, en el sentido de que en la forma como está funcionando no puede continuar.

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Hay que reformarlo, pero sin eliminar la protección a ciudadanos y a clínicas.

Hay que hacer los cálculos financieros si se quiere incluirlo dentro del régimen general de salud. Hay que acabar con la guerra de las ambulancias. Eso es una vergüenza pública. Además de ser un peligro para la vida de los ciudadanos, es también un problema de corrupción y hay que controlarlo. En todos los países el sistema de ambulancias es único y público y no está sujeto a negocios.

Porque algunas clínicas les pagan comisiones. Si usted se accidenta en el sur de Bogotá, lo llevan al norte donde le pagan comisión a la ambulancia, saltando cinco hospitales cercanos y ponen en peligro incluso la vida de la persona accidentada.

Pagan comisiones a las ambulancias. La Superintendencia de Salud tiene las pruebas porque revisa rutas y confirma ese comportamiento de las ambulancias.

Sí señor, también las tarifas muy rentables del Soat fomentan la corrupción.

Todos.

Lo acabamos de denunciar ante la Fiscalía. ¿Sabe que en nuestras primeras auditorías in situ mis funcionarios encontraron una clínica que no existía en Barranquilla y facturaba Soat? También aparecen médicos pasando miles de cuentas de Soat. Yo creo que la Fiscalía ha avanzado bastante en estos procesos.

Por algunas instituciones y por algunos ciudadanos.

Yo responsabilizo fundamentalmente a algunas clínicas privadas.

Sí. Sí, claro, hay más compromisos de empresas, de ambulancias, de alcaldes que entregaban irregularmente el negocio del Soat a una clínica y todas las ambulancias tienen que ir a esa clínica porque el alcalde le dio el negocio. Los pacientes no van al hospital, sino a donde quieran repartir el negocio.

Sí. Y por eso hay que modificarlo. Por eso, el ministro, alarmado, dice que esto hay que acabarlo. Es una expresión para decir “esto no puede seguir así”.

Reformarlo para acabar la corrupción. Pero no eliminarlo. Hay que conservar la protección a los ciudadanos que se accidentan.

Es bastante corrupto; diría hasta un 40 por ciento para dar una cifra, si consideramos tanto los falsos casos de accidentes como la sobrefacturación de los casos reales.

Se está trabajando en algunos aspectos que estimulan el fraude. El Ministerio de Salud revisa el manual de tarifas para que no sea tan atractivo. Bajar la tarifa es una petición. Las tarifas de radiología que paga el Soat, bien a través de las aseguradoras o a través de la Adres a las clínicas y hospitales, porque es demasiado rentable y eso propicia la corrupción.

No se puede acabar sin buscar las fórmulas de mantener la protección. Por ejemplo, regular el sistema de ambulancias. En todos los países es un sistema único público. La privatización nos lleva a este desorden y a este negociado de que cada ambulancia hace lo que le da la gana. Perdóneme la expresión.

Mayoritariamente está en manos privadas y causan accidentes por llegar primero al accidente para llevarse el caso. Es que la tarifa es rentable e incluso causan accidentes y hasta matan gente corriendo como locos. Hay una guerra de ambulancias. Esto no puede seguir.

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De varias compañías privadas, independientes. Hay de todo.

Estamos investigando por qué se concentran los cobros de vehículos fantasmas en unas clínicas. Estamos informando a la Fiscalía de esas concentraciones irregulares, de esas formas de facturación que son sospechosas, de esas firmas de médicos que aparecen reiteradamente.

Sí. Hay un número de facturas que no cabe en la razón, presentadas bajo una denominación de unos médicos. No sabemos si los médicos las hacen o han utilizado sus nombres o sus firmas. La Fiscalía tiene que investigar esa situación. Porque ahí es donde aparece un número de casos desproporcionado de accidentes por vehículo fantasma. Esto no puede seguir así.

Yo acabaría con la guerra de las ambulancias. Prohibiría ese manejo privado de ambulancias; que ninguna ambulancia se pueda mover sin orden del Centro de Regulación de Urgencias. Hay que hacer auditorías más fuertes a las instituciones que están facturando. Es una necesidad fundamental. Los responsables de este fraude deben tener los organismos de control encima lo más pronto posible. Pero también hay que ajustar las tarifas para que no sea tan llamativo hacer este fraude. Y bueno, las motos son un problema muy grave porque la mayoría de la accidentalidad se relacionan con motos.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reporta más 5.000 muertos y 20.000 heridos al año en s de este tipo de transporte.

La protección no se puede acabar, tanto del ciudadano como del sistema hospitalario que atiende al herido. Eso no se puede acabar. El Soat, como Soat, como el mecanismo actual, sí se puede modificar completamente.

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Que la población esté asegurada no se puede acabar. Las formas de seguro se pueden cambiar, las mecanismos de aseguramiento se pueden cambiar, pero a la gente hay que tenerla asegurada. Llámese como se llame.

No es fácil. Si lo fuera, ya se habría hecho la reforma. Esto tendrá que ver no solo con el Gobierno, sino seguramente con el Congreso, porque tiene alcances de ley.

El ministro de Salud dijo que el Soat no debería existir en Colombia. ¿Está de acuerdo?

Estoy de acuerdo en que como está no debe seguir existiendo.

Pero para hacer eso hay que reglamentar, hay que hacer cálculos financieros. No es fácil decirle mañana a Hacienda: mire, ya no habrá ingresos, nadie va a pagar el Soat, que pague el Estado. Hay incidencias financieras que deben ser analizadas.

Entre aseguradoras y Adres se están moviendo cerca de 3,7 billones de pesos al año.

Eso es lo que hay que pensar. Cómo se obtienen esos recursos.

Exactamente. El aseguramiento hay que preservarlo. Y la protección. El caso de las de las ambulancias es una vergüenza nacional.

Es un sistema que se ha prestado a que haya comportamientos delictivos de personas y de algunas instituciones. El seguro de accidentes es indispensable. Eso debe quedar claro: el aseguramiento en accidentes no se puede acabar. Se pueden ir dando pasos importantes para ir frenando la corrupción. Pero el seguro no se puede acabar. Ni del todo ni de golpe. Pero debe reformarse, no eliminarlo.

Es público en todos los países desarrollados del mundo, en Estados Unidos, en Francia, en España, en Inglaterra, en Japón. Pero aquí son privadas.

Hay que someter las ambulancias a control. Hay una guerra de ambulancias absolutamente provocada por el sector privado, estimulada por las clínicas. Hay una competencia loca de ambulancias.

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Financiada por algunas clínicas. Estamos identificando con la Fiscalía dónde está el fraude. Va a salir una regulación de las tarifas.

No, no solo de ambulancias, sino de los servicios radiológicos de los hospitales. Es rentable coger al paciente y pasarlo por cuanto examen sea posible porque es muy rentable hacer estos exámenes. Pero es una corrupción.

Cerca de 400.000 millones de pesos, los cuales se están ganando aquí las ambulancias y las clínicas que facturan de más por inventarse pacientes de accidentes que no son de accidentes.

No, no es posible.

Si es en muy corto plazo, tampoco es posible. Pero estamos trabajando para llegar a un sistema que proteja a los ciudadanos y que proteja los hospitales, sin corrupción.

¿De un tajo? ¿Ya? No es posible. Pero las cosas importantes son complicadas. Cambiar el Soat no es posible de un momento a otro.

La modificación del sistema tarifario, la regulación de las ambulancias.

Está a punto de salir. Se viene trabajando en eso. ¿Bajarlo? Sí, bajar las tarifas, que son demasiado rentables. Eso sucederá este mes de diciembre. El ministerio ajustará las tarifas radiológicas y las de prótesis que afectan este servicio.

Eliminarlo del todo y de golpe no es posible.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO