Exclusivo: el pedido de las EPS y actores de la salud a la Procuraduría para que ayude a evitar colapso del sistema

El sistema de salud atraviesa una crisis financiera que ha afectado a todos sus actores y pone en riesgo la vida de millones de colombianos. La Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es lo que recibe cada EPS por afiliado, estaría desfinanciada, ya que el incremento calculado por el Gobierno no se habría hecho con base en el gasto real del sistema. Ante esta situación, la Corte Constitucional, en su auto 007, ordenó la conformación de mesas técnicas entre los distintos actores para revisar el rezago en el cálculo de la UPC y determinar su magnitud.

Y es que, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), por cada 100 pesos recibidos por concepto de la UPC en 2024, se gastaron 109,5. Sin embargo, las mesas técnicas convocadas y lideradas por el Ministerio de Salud para actualizar el incremento de la UPC no habrían cumplido dicho objetivo, por lo que esta semana la Corte, en una nueva providencia, ordenó repetirlas, esta vez con más actores y una metodología diferente.

Con el propósito de que las nuevas mesas sí cumplan su objetivo, Acemi y diferentes actores del sector salud ―como la Andi, Asocajas, y asociaciones de s y pacientes―, presentaron el viernes una propuesta a la Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección del procurador Gregorio Eljach, para que acompañe el proceso y actúe como veedora de las discusiones. La propuesta, basada en diez ejes y conocida en exclusiva por EL TIEMPO, busca dar cumplimiento al mandato de la Corte de manera técnica, con la inclusión de todos los actores y bajo un formato en el que el Ministerio no sea juez y parte, sino que se permita dirimir la discusión con imparcialidad.

Según Acemi, el modelo actual de discusión liderado por la cartera sanitaria fracasó en su intento de generar consensos técnicos. Por ello, plantean un enfoque centrado en la resolución de conflictos. Para empezar, y reconociendo que existen dos posturas enfrentadas —la del Gobierno, que considera suficiente la UPC, y la de los aseguradores, que denuncian un desfinanciamiento estructural—, proponen una metodología diseñada para dirimir diferencias mediante el diálogo técnico, como si se tratara de un “proceso de paz”.

El segundo punto de la propuesta subraya la necesidad de que todos los actores dispongan de un espacio efectivo para argumentar sus posiciones. “Se requiere que las partes cuenten con los mecanismos y el tiempo necesario para argumentar, exponer y aportar información que sustente sus afirmaciones y permita un análisis técnico completo”, señala la propuesta.

Un elemento clave planteado por Acemi es la inclusión de un mediador independiente. Este facilitador, ajeno a las partes en disputa, tendría a su cargo garantizar la equidad en el uso del tiempo, la exposición de argumentos y la sistematización de los acuerdos alcanzados en cada sesión. Esto permitiría evitar que el proceso sea liderado exclusivamente por el Ministerio. Dicho mediador podría ser la Procuraduría General de la Nación o alguna otra entidad imparcial.

La trazabilidad de la información es otro eje fundamental. Acemi propone que todo lo discutido en las mesas sea consignado en un repositorio técnico, disponible para una instancia de expertos. Esta estaría conformada por delegados del Ministerio de Salud y Protección Social, del Ministerio de Hacienda, del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), dos representantes de la academia y un perito actuarial. Los análisis y conclusiones de este grupo serían públicos y permitirían validar el proceso de forma transparente.

El gremio advierte que la información disponible requiere ajustes sustanciales. Actualmente, el Ministerio cuenta con datos fragmentados, en gran parte debido a la falta de reportes de las EPS intervenidas, que atienden a más de 29 millones de colombianos. Un mejor a estos datos —hoy en manos de la Superintendencia de Salud, que controla a las nueve aseguradoras intervenidas— permitiría una visión más completa del sistema. También se propone complementar esta información con datos provenientes de las IPS.

Además, se plantea la necesidad de cruzar los datos entre EPS no intervenidas e IPS mediante una base de datos estandarizada. Esto permitiría no solo entender con mayor precisión el gasto real en salud, sino también esclarecer la magnitud y características de la deuda entre aseguradores y prestadores, una cifra que hoy presenta diferencias de varios billones de pesos según la fuente consultada.

Sobre el funcionamiento de las mesas técnicas, Acemi insiste en que cada sesión debe abordar un tema específico de manera sistemática. No se debe avanzar al siguiente punto sin haber agotado y documentado técnicamente el anterior. Al cierre de cada sesión, se debe suscribir un acta validada por todos los participantes, la cual servirá como insumo verificable para el análisis posterior.

La conformación de estas mesas también debe fortalecerse. En concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional en el auto 007, se requiere una representación plural. Acemi propone la inclusión de aseguradores, prestadores, industria farmacéutica, pacientes, sociedades científicas, academia, Gobierno y entes de control. La participación de la Cuenta de Alto Costo, encargada del seguimiento al ajuste por riesgo, se considera esencial para dotar de legitimidad al proceso.

En cuanto a los resultados esperados, el gremio plantea que no solo debe revisarse el valor de la UPC para 2024, sino también realizar un ajuste con efecto retroactivo desde 2021 y establecer una metodología de cálculo sostenible hacia el futuro. Para este ejercicio, se sugiere convocar a expertos nacionales e internacionales en ciencia actuarial, economía de la salud y gestión pública.

“Las EPS de Acemi consideran fundamental el rol del Ministerio Público en este escenario. Se trata de la garantía para tener un proceso transparente, público, verificable y reproducible. La propuesta radicada en el despacho del Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, apunta a un ejercicio técnico, objetivo y no político, que requiere de la mejor disposición de todos los actores”, concluye el gremio.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros