Hablan funcionarios que denuncian presiones de Beatriz Gómez, esposa del ministro de Salud, para firmar un contrato

El Ministerio de Salud está en el centro del escándalo tras el reporte de un presunto abuso de poder en millonarios contratos y las acusaciones del papel que habría tenido la esposa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la superintendente delegada para prestadores de servicios en la Superintendencia de Salud, Beatriz Gómez Consuegra, en la situación. 

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Los hechos fueron denunciados por el periodista Daniel Coronell en su columna dominical en Cambio, en donde afirmó que Gómez Consuegra habría sobrepasado límites de sus competencias en procesos que son directamente competencia del ministerio. 

Al respecto, se había afirmado que la superintendente delegada, además, presionó a funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia a firmar un convenio de 55.000 millones de pesos destinados a la adquisición de un buque hospital para operar en el Amazonas. 

Lo último sucedió en una llamada en la que habría advertido que, de no hacerlo, debían presentar su renuncia. Este lunes 7 de abril, en el reporte Coronel de la W Radio, el periodista reveló fragmentos de la misma e indicó que la llamada fue dirigida al abogado Mario Castro, asesor jurídico del hospital y a quien era la agente interventora del centro médico, Lina Baracaldo.

De acuerdo con lo explicado, la firma del contrato había demorado ocho meses antes de la exigencia de Gómez Consuegra por la falta de garantías jurídicas y presupuestales para su implementación. 

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"Entre otras cosas porque el Ministerio de Salud transcribió mal un documento y porque los costos de armar el barco y llevarlo hasta la selva se han incrementado, como lo informó Cotecmar, la empresa de la Armada que lo vende. Por todo eso, el Hospital de Leticia no tiene los recursos para operar el buque hospital. No hay aprobación de vigencias futuras, ni el Ministerio de Salud se compromete a dar los millonarios recursos que requiere la operación del buque y que mal pueden salir", precisaron los reporteros en la página web de la radio. 

Este lunes se conocieron las declaraciones de los funcionarios, quienes, según la denuncia, fueron las víctimas de las presiones informadas. En entrevista con el programa de la W, Lina Baracaldo y Mario Castro, dieron su versión de lo vivido. 

Baracaldo, por su parte, declaró que fue despedida a su cargo de agente interventora cuatro días después de negarse a firmar el contrato. "Hay un acto istrativo mediante el cual me remueven del cargo, pero digamos que la razón la escudan en un indicador de medición de seguridad del paciente. Sin embargo, considero que la causa real es la no suscripción del buque hospital", manifestó. 

Sobre la demora del proyecto, afirmó que habían diferentes razones para que se haya "dilatado" en los últimos meses. Entre estas, mencionó "la no autorización de vigencias futuras por parte del comité política fiscal del departamento del Amazonas. Hay que tener en cuenta que el Hospital es de la jurisdicción departamental y por ende, tanto las incorporaciones en su presupuesto como contratos cuyos recursos comprometan varias vigencias, deben pasar por la autorización". 

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De igual forma, aseguró que el contrato no podía firmarse porque hay una tutela de las comunidades indígenas contra el buque que aún no se ha resuelto. "La consulta previa era un trámite determinante para la viabilidad del proyecto. No se trataba de demorar sino de tener las garantías como agente interventora para no tener problemas más adelante", explicó. 

Acerca de las atribuciones que Gómez Consuegra tiene con el proyecto, Baracaldo aclaró que el mismo es responsabilidad del Ministerio y no de la Superintendencia de Salud, y que no tendría la facultad en el mismo: "No hacemos parte de la nómina de Superintendencia, es decir, no tenemos subordinación directa. Segundo, no solamente no tenemos subordinación, sino que nos vigilan, por lo tanto, no pueden coistrar la entidad. Firmar un contrato es claramente un acto de istración".  

Por otro lado, el periodista también conversó con Mario Castro, el abogado y asesor jurídico del centro médico, quien además habría sido la persona que recibió y grabó la llamada en donde se evidenciarían actos de coacción por parte de la funcionaria. 

"La decisión de grabar a la superintendente fue una forma de explicar y entender la presión que hemos tenido desde hace algún tiempo para la firma del contrato", aclaró en el programa de radio y también aseveró que "no estamos haciendo las cosas mal. Para la firma de un contrato de esta envergadura hay que ser prudentes". 

Castro detalló que en los audios de la llamada fue "evidente la coacción que se tiene en contra de nosotros. Desde hace algún tiempo ha sucedido, pero en últimas no habíamos hecho mayor cosa". 

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Al respecto, el letrado declaró que los hechos son una clara "extralimitación de funciones de una funcionaria de alto rango". De la presunta amenaza de sacarlos de sus cargos, aclaró que la medida no fue aplicada en su contra hasta el momento por su tipo de contrato. "Esperemos que con esto no me declaren o terminen el contrato de manera unilateral", dijo. 

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS