La incertidumbre de las EPS que solicitan su retiro del sistema: ¿qué tan posible es que la Supersalud los apruebe?

El pasado viernes, 5 de abril, la EPS Compensar envió una carta a la Superintendencia Nacional de Salud solicitando su liquidación voluntaria, dada la grave crisis financiera que actualmente atraviesa el sistema y que le impide seguir prestando servicios tras más de 30 años de trayectoria en el sector.

Siguiendo esta línea, ayer, martes 28 de mayo, la EPS Sura, una entidad con más de 5 millones de afiliados, solicitó también su retiro del sistema de salud en Colombia, luego de intentar encontrar sin éxito soluciones al desfinanciamiento progresivo del sistema que afecta a toda la cadena de valor.

"Hoy, radicamos ante la Superintendencia Nacional de Salud la solicitud de autorización para el retiro de EPS Sura del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia a través de un programa de desmonte progresivo, un mecanismo jurídico que permite el retiro de manera ordenada y diligente. Se trata de una decisión que evaluamos a lo largo de los meses con rigor, responsabilidad y transparencia con la que buscamos anticiparnos para evitar lo ocurrido con otras EPS", dijo Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana.

Llano pidió a la Supersalud considerar la petición de retiro de la entidad. No obstante, Luis Carlos Leal Angarita, ha explicado con anterioridad que la entidad de vigilancia y control tiene la obligación de estudiar la solicitud y "tomar una decisión e inclusive negar ese retiro voluntario del sistema cuando se podría vulnerar el derecho fundamental de las personas a la salud".

Fabio Aristizábal, exsuperintendente de salud, dice que no cree que la entidad de vigilancia y control vaya a ceder ante estas peticiones. "Este gobierno ha mostrado claramente su intención de mantener en istración las EPS y por ningún motivo creo yo que los vayan a dejar hacer ese retiro voluntario. Antes me angustia porque veo más evidente una intervención para istrar por parte de la superintendencia", asegura. 

Para Aristizábal lo peligroso es que el mismo gobierno ha venido interviniendo otras entidades promotoras como Nueva EPS y Sanitas, por lo que no queda claro si existen suficientes EPS receptoras para recibir s masivamente tras la aprobación del retiro. "Estamos realmente iniciando lo que llamaríamos un colapso del sistema, un daño sistémico", dijo el exsupersalud a este diario. 

Con esta opinión coincide Ana María Vesga, presidenta de Acemi (gremio que agrupa a las principales EPS del contributivo), quien en una entrevista con EL TIEMPO aseguró que las EPS intervenidas tienen una restriccíón regulatoria para recibir nueva población. "Es parte de lo que debe estar considerando la Superintendencia Nacional de Salud, porque hay que asegurar que la población no vea interrumpida su atención, una vez se tome una decisión sobre este retiro solicitado", indicó. 

Por su parte, Luis Carlos Leal, actual Superintendente de Salud, dijo a EL TIEMPO que las EPS que se encuentran bajo medida de intervención por parte de la Supersalud no tienen limitación para la aceptación de población al interior de sus capacidades, siempre y cuando se garantice que se cuenta con la red para la prestación de servicios.

Ahora bien, según Aristizábal, estamos ante un riesgo sistémico ya materializado. "Se está cumpliendo el presagio de la mitómana ministra Corcho que tuvo el gobierno y que hablaba de una crisis explícita. Esto ya es un colapso, ya es un daño sistémico y probablemente va a ser irreparable", manifestó. 

Y agregó: "Tenían todas las posibilidades de ajustar la unidad de pago por capitación, mejorar el flujo de recursos, aumentar los recursos e hicieron todo lo contrario. Una ministra que salió a decir que no se necesitaba plata, un gobierno que dice que no le debe nada a las EPS, una sinestralidad desbordada, unos indicadores financieros totalmente deteriorados y un cúmulo de pérdidas que en su momento algunas de estas EPS pidieron al gobierno corregir en el camino, pero lo que ha hecho el gobierno es todo lo contrario. Entonces estamos ante un daño sistémico, desafortunadamente uno de los mejores modelos de salud del mundo ha sido destruido en menos de dos años por el gobierno del presidente Gustavo Petro".

Hasta ahora, mientras el proceso avanza, la atención y el servicio de salud se mantiene para todos los s con normalidad. Cabe resaltar que de encontrar inconsistente la solicitud de Compensar o de Sura, las entidades no podrían retirarse del sistema.

El anuncio viene precedido por la reciente intervención istrativa a dos de las EPS más grandes del país: Nueva EPS y Sanitas, así como por la reciente iniciativa de varias entidades promotoras de transitar a Gestoras de Salud, luego de sostener varias mesas de diálogo con el actual gobierno.

Si bien son muchos los expertos que aseguran que estas entidades están empezando a ceder frente a la presión del gobierno, las razones que aducen las EPS para su retiro están relacionadas con que desde hace meses (casi años) el sector de la salud viene alertando que se encuentra en medio de la más profunda crisis financiera de los últimos 30 años.

"Lo que no se nos puede escapar es las razones por las cuales esto está sucediendo. Realmente, la responsabilidad total de lo que está sucediendo con el sistema de salud y este descalabro que estamos viendo le corresponde al gobierno nacional. La situación financiera ha sido advertida desde hace más de un año por asociaciones de s y pacientes, por centros académicos, por centros de pensamiento, por la propia Corte Constitucional, por clínicas, hospitales, proveedores de servicios y, por supuesto, por las propias EPS que lo advirtieron desde julio del año pasado en una carta que fue muy criticada en su momento, pero que tenía toda la razón", destacó Augusto Galán.

Datos de los gremios de las EPS (Acemi y Gestarsalud), Asocajas y la Cámara de aseguramiento de la Andi revelan que habría pérdidas técnicas para la mayoría de las EPS, aumento de las deudas de la Nación con estas entidades y de estas con prestadores y proveedores, además de erosión de los patrimonios y de las reservas técnicas.

Analistas explican que el hueco financiero responde a factores internos del sector como un mal cálculo (insuficiencia) de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un incremento excesivo en la frecuencia de usos por parte de los ciudadanos y, en consecuencia, un desbordamiento por la amplitud del Plan de Beneficios en Salud (PBS), así como deudas atrasadas del Estado al sistema.

A esto habría que sumarle otros factores externos como la presión tecnológica, la inflación, la volatilidad de la tasa de cambio, etc. Un asunto sobre el que las EPS han reiterado que los recursos son insuficientes a pesar de las medidas implementadas para gestionar la siniestralidad.

Ya son varios estudios han señalado que los recursos que financian el plan de beneficios son insuficientes y que la situación se ha agudizado durante y después de la pandemia.

Expertos de la Anif, reiteran que el principal problema del Sistema de Salud es el financiamiento. La entidad señala que el déficit acumulado entre 2021 y 2023 equivale a $9,7 billones por concepto de UPC ($5,1 billones) y Presupuestos Máximos ($4,6 billones).

"Según nuestras estimaciones, para el 2024 la necesidad de recursos asciende a $44,6 billones y el Presupuesto General de la Nación presupuesta tan solo $35,3 billones para el aseguramiento en salud, lo que deja sin cubrir un monto cercano a $9,3 billones", aclaran en su informe semanal.

En esa línea, la Anif asegura que uno de los principales limitantes de recursos es la evolución de la UPC. Reiteran que esto representa un enorme problema, pues el crecimiento del rubro no responde a la mayor demanda de servicios de salud que se incrementó, particularmente luego de la pandemia, al cambio demográfico y al aumento de morbilidades que padece la población.

En consecuencia, para el año 2022, de cada $100 pesos que recibieron las EPS del régimen contributivo por UPC, tuvieron que pagar $102 por siniestros. A septiembre de 2023 la relación era de 100%.

Sobre la situación de los más de 5 millones de afiliados, la EPS Sura afirmó que continuará prestando los servicios "con calidad y la responsabilidad".

"En un acto de responsabilidad, EPS SURA seguirá atendiendo las necesidades de sus afiliados en cobertura médica, con la misma calidad y compromiso que nos caracteriza, hasta que las autoridades competentes otorguen las aprobaciones regulatorias necesarias", indica la EPS.

Y agrega: "El programa tiene unas recomendaciones que, de ser aceptadas, nos permiten seguir cumpliendo con las expectativas de servicio, y realizar una transición coordinada y planificada, que garantice la entrega completa de la información clínica y favorezca la continuidad del tratamiento, según las necesidades de salud de la población".

En la rueda de prensa, Pablo Otero, Gerente de EPS SURA, explicó que los servicios de Sura se mantendrán y, una vez el Gobierno Nacional apruebe la solicitud de retiro, se iniciará un "plan de desmonté progresivo".

"Lo que buscamos es mantenernos como EPS hasta el día que el Gobierno nos apruebe el programa de desmonte progresivo. Estaremos ahí para poder atender todas las necesidades en salud y de la misma manera los prestadores con las reservas técnicas y con la responsabilidad que hemos tenido durante todos estos años. Seguiremos garantizando el pago de las obligaciones que representan esa protección financiera a nuestros afiliados", agregó Otero.