Ministerio de Salud responde al llamado de la Procuraduría

El sistema de salud en Colombia no ha estado exento de críticas y controversias últimamente. En este escenario, la Procuraduría General de la Nación envió una carta a los ministros de Salud, de Hacienda y a José Antonio Gonzáles, director del Departamento Nacional de Planeación, solicitando “tomar acciones inmediatas para evitar un colapso en el sistema que afecte directamente la prestación de los servicios de salud”.

De acuerdo con el documento, la petición de la entidad se hace debido los problemas de financiamiento, la escasez de medicamentos, insumos y dispositivos médicos que han venido impactando “el oportuno a la prestación de los servicios de los afiliados y beneficiarios en los regímenes contributivo y subsidiado de la población durante lo corrido del año 2022 y lo que se prevé para 2023”.

La procuraduría explica que se han considerado cinco puntos relevantes de esta “crisis sistémica que impacta directamente la sostenibilidad del sistema de Salud”. Durante una reunión realizada el día 29 de noviembre de 2022, en la sede de la Procuraduría, algunos gremios del sector como Acemi, Gestarsalud, Andi, Asocajas, una EPS indígena, entre otros, reiteraron cada uno de estos tópicos.

Para solucionar la situación, el Ministerio Público pidió que se aplique el Decreto 2562 de 2012, que permita formular dos cosas:

1. Recomendaciones sobre el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de cada Régimen, así como los lineamientos para determinar la metodología para su cálculo.

2. Formular recomendaciones sobre el valor por beneficiario de los subsidios a la cotización en salud, sus beneficios y los mecanismos para hacer efectivo el subsidio.

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La carta del organismo del Ministerio Público anuncia que existe insuficiencia de la UPC en 2022 y las proyecciones realizadas para 2023. La Unidad de pago por capitación (UPC) es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado.

Al respecto, Gestarsalud ha expresado su enorme preocupación por el proyecto de Resolución que fija el valor de la UPC para 2023. En el caso del Régimen subsidiado, este porcentaje se plantea en 12.22 por ciento y en el régimen contributivo se plantea en 16.2 por ciento. “A todas luces estos incrementos planteados no responden a las necesidades sectoriales”, manifestó la entidad.

La institución enfatizó que se pagaría mucho menos para cubrir la salud de la población más vulnerable del país que pertenece al Régimen subsidiado y que en el proyecto no se han contemplado factores determinantes como la inflación con la que cerrará 2022. “El gasto es presionado por incremento de frecuencias, inflación, devaluación, entre otros, que no se reconocen en estos incrementos. Vemos con inmensa preocupación estos porcentajes y esperamos que se revisen”, aclaró Gestarsalud.

Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social, afirmó que los aspectos técnicos bajo los cuales se ha proyectado la UPC permiten concluir que no se ha generado crisis alguna que impacte la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, toda vez que se considera que la metodología adoptada recoge múltiples factores que afectan la estructura de costos del sistema.

De acuerdo con la cartera de salud, la construcción de dicha metodología se estructura con base en la información reportada por las mismas EPS, lo cual hace que el proceso cumpla con parámetros técnicos de confiabilidad, considerando que la gestión de la información es un proceso estructurado tendiente a la verificación de la calidad y cobertura, así como la conformación de la base de datos y retroalimentación de la información.

Así mismo, el Minsalud precisó que el cálculo de la UPC se realiza en función del perfil epidemiológico de la población relevante, de los riesgos cubiertos y de los costos de prestación del servicio en condiciones medias de calidad, tecnología y hotelería.

Sobre Presupuestos Máximos, reveló que se han hallado “inconsistencias” que llevaron a profundizar el análisis de los registros de las EPS, por lo que “no se podían asignar todos los recursos tanto de la vigencia 2022 como del ajuste de 2021, hasta finalizar la revisión”.

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La escasez de medicamentos es un tema que se ha puesto sobre la mesa en los últimos meses del año. El Ministerio de Salud ha manifestado que no se trata de un asunto nuevo y han planteado una serie de soluciones a corto y mediano plazo.

Sin embargo, en la carta de la procuraduría se reitera la necesidad de darle solución a la escasez de medicamentos e insumos y dispositivos médicos que, hasta el momento, es percibida como una situación que pone en peligro el bienestar de la población.

Según el Minsalud, ya se han articulado las acciones del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) así como su rol de rector del sector salud, en su condición de encargado de desarrollar mecanismos para la implementación de la política farmacéutica, de insumos y dispositivos médicos a nivel nacional con el fin de garantizar el suministro oportuno de medicamentos a quienes lo requieran.

En consecuencia, con el objetivo de mitigar los problemas de escasez que se han identificado en lo corrido de los últimos tres meses el Ministerio ha hecho seguimiento a la disponibilidad de medicamentos mediante la búsqueda de los titulares de los registros sanitarios de medicamentos con riesgo de desabastecimiento.

Así mismo, la entidad asegura que ha analizado el sistema de información de precios de medicamentos (SISMED) para determinar la participación en el mercado de cada uno de los titulares identificados y ha entablado comunicación con éstos para establecer el estado real de la situación de abastecimiento y las posibles acciones que puedan realizar para evitarlo; entre ellas el aumento de la producción o importación de los fármacos.