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Entrevista
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¿Minsalud publicará las actas que respaldan el incremento de la UPC?: esto dice el viceministro
El funcionario defiende el rubro establecido por el Gobierno, pero dice estar abierto al diálogo.
Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social. Foto: Ministerio de Salud
Luego de que se definiera que el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) sería de 5,36 % y que decenas de voces de expertos hayan hecho un llamado de alerta señalando que dicha cifra era muy baja, el Gobierno salió a defender el número asegurando que se estableció por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que la decisión se tomó porque las EPS no aportaron la información suficiente para poder tomar otra decisión.
En diálogo con EL TIEMPO, Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social, explica que hay “serias inconsistencias” en los datos presentados por las EPS, lo que llevó a que la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud recomendara un aumento cercano al IPC, que fue de 5,20 por ciento.
Según el funcionario, se encontró que hay EPS que además están pagando medicamentos que tienen precio regulado a un valor mucho mayor del establecido.
La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es el pago que reciben las EPS por afiliado. Foto:Archivo EL TIEMPO
¿Cuáles son las razones detrás de la asignación del valor de la UPC para 2025?
Este año se decidió ubicar la UPC en la inflación debido a que la información aportada por las EPS no era del todo confiable. Se presentaron varias inconsistencias, como incrementos abruptos en los patrones de gasto y uso de servicios que no guardaban relación con comportamientos históricos. Por ejemplo, tuvimos un caso puntual con la Nueva EPS que a 31 de diciembre de 2023 -hace más de un año y cuando todavía no estaba intervenida- no había cerrado estados financieros, lo cual impide certificar sus gastos. También hubo incrementos en las frecuencias de uso de servicios que no estaban respaldados en los registros de prestación de servicios, y una dispersión muy heterogénea de valores. Si la información que aportaron las EPS no era lo suficientemente confiable.
¿Cómo están seguros que un rubro en 5,3 por ciento cubrirá todas las necesidades de la población en salud?
Porque se asignó de acuerdo a la metodología vigente y tiene antecedentes, como en 2011 cuando la Comisión de Regulación en Salud (CRES) enfrentó inconsistencias similares y utilizó el IPC como base para designar el rubro. La incertidumbre en los datos actuales justifica seguir este camino según la normatividad. El 5,2 por ciento corresponde al IPC causado, y se agregó un 0,16 por ciento para servicios adicionales, llegando al 5,36 por ciento. Desde el Ministerio creemos que los recursos asignados son suficientes, pero es clave un manejo eficiente y transparente para maximizar su impacto.
Expertos cuestionan que el Gobierno debió tener los datos confiables exactos de la EPS, principalmente de las intervenidas, para poder calcular la UPC...
La metodología utilizada durante más de una década establece la vigencia de la información empleada como base para el cálculo de la UPC. Esto obliga, para este año, a tomar en cuenta los datos reportados por las EPS correspondientes al año 2023, periodo en el que las principales EPS aún no estaban intervenidas. Cabe destacar que Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados, no certificó sus estados financieros del año 2023, es decir, previo a la intervención.
También se ha pedido que las actas o informes técnicos que respalden la decisión de la UPC se publiquen. ¿Por qué no se ha hecho?
Se publicarán como se hace cada año, así mismo se compulsaron copias a los organismos de control.
¿Qué opina sobre los cálculos que han hecho algunos académicos que dicen que sin un valor igual o cercano al 16 por ciento de aumento se abrirá un hueco de 10 billones de pesos en el sistema?
Esos análisis son válidos, pero deben contrastarse con la evidencia. Los recursos destinados a la salud son significativos, pero la información del sistema adolece de precisión. Cuando hay incertidumbre, la normatividad indica usar el IPC proyectado. No podemos saltarnos las reglas, y hay que recordar que estamos hablando de recursos públicos de destinación específica.
Distintas organizaciones, entre las que destaca el gremio de los hospitales, han pedido que se reconsidere el valor, para que puedan seguir prestando servicios este año ¿existe esa posibilidad?
Estamos abiertos al diálogo con los diferentes actores. Hemos trabajado en mesas técnicas y debates desde el inicio del gobierno, pero los cálculos realizados para esta decisión están soportados. Lo importante es avanzar en una reforma estructural del sistema para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera más eficiente y transparente.
Preocupa a los pacientes y al sector que se mantenga la situación de desabastecimiento de medicamentos y barreras que experimentaron el año pasado ¿qué decirles?
Desde el punto de vista técnico existe suficiente soporte y evidencia para afirmar que estos son los recursos que deben incrementarse. Además, no se trata de recursos insignificantes. El desafío radica en cómo garantizar un manejo eficiente y transparente de esos recursos, lo cual ha sido una de las razones principales por las que, desde hace tiempo, se ha planteado la necesidad de una reforma estructural del sistema. Actualmente, dicha reforma se encuentra en trámite en el Congreso de la República, con el objetivo de lograr una asignación de recursos mucho más eficaz, eficiente y transparente que la que tenemos hoy en día.
¿Y cómo garantizarán que los recursos realmente cubran las necesidades de la población si tampoco hay certeza de sus características epidemiológicas?
La transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos es clave. Los casos de intervenciones previas, como Salucoop, Cafesalud y Medimás, muestran que el sistema necesita cambios estructurales. Por eso insistimos en una reforma en el Congreso. Queremos que los recursos, que ya superan los 100 billones de pesos, se traduzcan en servicios efectivos para la población.