Reforma de salud: estos serían acuerdos y desacuerdos a los que llegó la subcomisión

Como resultado de las mesas de diálogo que desarrolló la subcomisión designada para la concertación de un nuevo texto de reforma de la salud, se ha conocido el texto final con la modificación de algunos artículos que tocan temas clave como la función de las Gestoras de Vida (actuales EPS), la eliminación de la intermediación financiera y la prohibición de la integración vertical en el segundo y tercer nivel del sistema. 

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En un documento anexo al informe, la Representante Julia Miranda (quien suscribió la proposición para crear la subcomisión), acota los acuerdos y desacuerdos de la misma, junto con sus consideraciones sobre la Reforma a la Salud.

En el texto, la representante asegura que coincidieron en  la necesidad de eliminar la intermediación financiera en cabeza de las EPS y prohibir la integración vertical en segundo y tercer nivel. "Reconocemos que estos beneficios y delegación de funciones han generado incentivos perjudiciales y perversos para el sistema: la gravedad de que esta intermediación hoy sea la responsable de que a las IPS se les deba 16 billones de pesos; así como de la precarización del Talento Humano en Salud", manifesta.

En consecuencia, el nuevo texto propondría que la gestión integral en salud estuviera en cabeza de las Gestoras, mientras la gestión del riesgo financiero la encabezara la institucionalidad del Estado.

Asimismo, resalta que realizaron propuestas para dignificar las condiciones del Talento Humano en Salud, logrando precisar las facultades extraordinarias al Presidente para establecer un régimen especial para el talento humano, con mínimos establecidos por ley para la expedición de dicho régimen.

Otro punto clave que toca el documento anexo, es la consideración sobre que durante el proceso de pagos de deudas de las EPS, tenga prelación el pago del talento humano en salud, lo cual fue acogido. El texto especifica que el criterio rige igualmente en el saneamiento financiero de las Instituciones Prestadoras de Salud públicas por parte del Ministerio de Hacienda.

"Reconocimos la importancia de implementar, después de varios años, un sistema de información unificado para el sector salud. Por eso, propusimos la interoperabilidad de los sistemas de información actuales, con el fin de salvaguardar la inversión e información de los sistemas actuales. Igualmente, valoramos necesario se estimen tiempos, capacidades y presupuesto para garantizar la interoperabilidad; teniendo en cuenta que a través de este sistema se implementará la historia clínica única y que tendrá múltiples s finales", dice el documento.

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En el marco de la discusión sobre la naturaleza y funciones de las Entidades Gestoras de Salud y Vida, la subcomisión habría logrado establecer precisiones sobre competencias asociadas al sistema de referencia y contrarreferencia, especificando que su gestión estará en cabeza de las gestoras, con supervisión de las Direcciones Territoriales.

Finalmente, se logró salvaguardar el principio de libre elección a la hora de hacer la adscripción a los Centros de Atención Primaria (CAPS), por lo que los s podrán elegir el lugar en el que quieren recibir atención, con preferencia a la cercanía o a su lugar de residencia o trabajo.

Según manifiesta la representante en su texto anexo al informe, la subcomisión no logró conciliar parte de las propuestas.

Sobre aquella que buscaba que las gestoras mantuvieran las funciones relacionadas con la gestión integral del riesgo en salud (como la afiliación, gestión del a través del sistema, conformación de las redes, entre otras), se supo que quedó supeditada a varios actores como la Adres, las Gestoras, Entidades Territoriales y Centros de Atención Primaria (CAPS).

"Consideramos que esto es preocupante, en tanto la información y agencia del se diluye; adicionalmente, no especifica responsables claros que mantengan la continuidad de la prestación del servicio", manifiesta el texto de la representante.

También se propuso ajustar las tareas de los nuevos Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), con el fin de concentrar las tareas que tendrían estos lugares en el fortalecimiento de la atención en el nivel primario, en articular programas de prevención y en apoyar la caracterización de la población en el territorio. 

"Coincidimos en la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención, no solo intramural, también con equipos territoriales que puedan fortalecer programas de prevención, atención y salud pública. No obstante, que estos centros asuman tareas istrativas y de gestión del riesgo como la adscripción poblacional o la remisión de los pacientes a la mediana y alta complejidad, hace que necesiten adquirir capacidades istrativas que hoy no necesariamente tienen, máxime que una gran cantidad de ellos hoy no se encuentran construidos", dice el escrito.

Asimismo, el documento destaca que durante las mesas técnicas se resaltó la poca claridad sobre la conformación y contratación de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud. Según el proyecto, quedan claras tareas en la habilitación y autorización, así como en la coordinación. "Sin embargo, continúa sin ser claro quién es el actor específico que suscribe los acuerdos de voluntades", asegura.

Por otro lado, manifiesta que se reconoció la necesidad de implementar subsidio a la oferta en aquellas regiones donde la demanda es insuficiente. "No obstante, en zonas urbanas, con alta concentración de prestadores, el primer nivel de atención podría financiarse con recursos de la Unidad de Pago por Capitación, salvaguardando los valiosos recursos con los que se financia el sistema", asegura el documento.

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Además, en línea con gremios médicos, se manifestó que el Consejo Nacional en Salud debe ser una instancia vinculante en la definición de la Unidad de Pago por Capitación. De igual forma, se tuvo en cuenta que debe ampliarse su composición, para incluir a representantes de las Gestoras de Salud y Vida (actuales EPS).

Finalmente, el texto anexo de la representante, manifiesta que existe claridad sobre el régimen de transición, así como sobre los costos reales y concretos que implicaría la reforma. Sin embargo, resalta que la construcción y puesta en marcha de los sistemas de información, los costos asociados y el tiempo necesario para ampliar la capacidad de la Adres que deberá asumir las nuevas funciones no son claras.