Sector salud protesta frente al Cementerio Central: dicen que ahora la crisis es humanitaria

Distintas asociaciones del sector salud y al menos 20 organizaciones de pacientes, se plantaron hoy frente al Cementerio Central para protestar por la crisis del sistema de salud que cada día cobra más vidas. En medio de un acto simbólico, que se extendió durante toda la mañana, señalaron al unísono que no quieren seguir muriendo por la falta de servicios, atención y medicamentos. 

La situación se intensifica en medio del debate que cursa en este momento en Plenaria de la Cámara y que busca aprobar la reforma de la salud, una bandera del Gobierno de Gustavo Petro que, en la opinión de varios expertos, tiene al sistema sumido en un estado de incertidumbre e inestabilidad. 

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, un movimiento que reúne a más de 198 organizaciones de s, le dijo a EL TIEMPO que este año las barreras de a servicios son cada día más graves y, prueba de ello, es que, en menos de 4 meses, las quejas y reclamos aumentaron un 42 %, según cifras del Observatorio Así Vamos en Salud. 

"Hasta octubre se han registrado cerca de 600,000 nuevas PQR, y cada una representa una vida que está en peligro. Las barreras de se reflejan en problemas como el no suministro de medicamentos, los retrasos en la asignación de citas y el cierre de clínicas y hospitales. Este último punto tiene un doble impacto: los trabajadores del sector salud pierden sus empleos, y los pacientes tienen muchas menos oportunidades de recibir atención", dijo.

Este es el caso de Gustavo Cobelli, diagnosticado con una enfermedad huérfana que afecta a solo una de cada 80.000 personas. Fue el primer paciente en recibir tratamiento para esta condición en Colombia cuando el sistema migró del Seguro Social al modelo actual, hace 30 años. Asegura que los resultados de su tratamiento fueron excelentes y que, aunque el sistema actual presenta muchas dificultades, nunca antes enfrentó fallas como las que ha experimentado en los últimos meses. 

"Por fortuna, ya soy una persona mayor, y aunque perder mi tratamiento afectaría mi calidad de vida, sé que mi pronóstico no es tan largo. Pero me preocupa profundamente lo que enfrentan los niños y los pacientes recién diagnosticados, quienes no tendrán a tratamientos que podrían prolongar y mejorar sus vidas", manifestó. 

La anterior es una preocupación que acongoja a todo el sector, incluyendo a científicos, empresarios, políticos y académicos que no terminan de comprender por qué el Ministerio de Salud se niega a transferir dinero destinado a infraestructura hospitalaria y otros cometidos, al aseguramiento. 

Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas indica que el aumento de las barreras de al sistema puede llegar a provocar un daño irreversible para los pacientes. 

"La crisis financiera ha ido en aumento y no se hace absolutamente nada. Las condiciones laborales del talento humano en salud y de los profesionales de la salud comprometen cada vez más su estabilidad laboral. Todo esto se traduce en una crisis humanitaria en Colombia porque hablamos de un aumento del riesgo de muerte de los pacientes", señaló. 

La crisis económica y política del sector, repercute en la vida de los pacientes que cada día suman más fallecimientos. Para Silva, la situación se ha elevado a un estado de 'crisis humanitaria de la salud', debido a que el Gobierno no parece interesado en plantear soluciones para sobrellevar la desfinanciación del sector. 

"Si el Gobierno no incrementa la UPC a un nivel adecuado, el próximo año será aún peor. Los expertos sugieren que el aumento debería ser de al menos 16%, mientras que el Gobierno propone menos del 9%. Si hoy terminamos el año en rojo, el 2025 será un año negro para los pacientes y para el sector en general. Esto solo agravará la crisis humanitaria que estamos viviendo, donde millones de pacientes ya no están recibiendo la atención que necesitan", indicó. 

Sin ir más lejos, Analistas explican que el hueco financiero del sector (calculado en aproximadamente 9 billones de pesos) responde a errores en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el incremento desmesurado en la demanda de servicios por parte de los ciudadanos, la amplitud del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y las deudas atrasadas del Estado con el sistema de salud, entre otros. 

Estos factores han desbordado el modelo actual, que se ha exacerbado por el impacto de la pandemia, los cambios demográficos y el aumento de enfermedades crónicas.

A lo anterior habría que sumarle otros factores externos como la presión tecnológica, la inflación y la volatilidad de la tasa de cambio. Un asunto sobre el que las EPS han reiterado que los recursos son insuficientes a pesar de las medidas implementadas para gestionar la siniestralidad.

Lo cierto es que, desde hace más de un año, los gremios de las EPS (como Acemi y Gestarsalud), Asocajas y la Cámara de Aseguramiento de la Andi advertían que, sin un reajuste adecuado en dichos rubros (como la UPC) o un pago oportuno de las deudas por Presupuestos Máximos, la mayoría de las EPS iban a continuar experimentando pérdidas operativas, crecientes deudas con prestadores y proveedores, así como un deterioro en su patrimonio y reservas técnicas.

Como los números no mienten, a tan solo unos meses de la discusión que se llevó a cabo en Congreso para la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2025, Acemi estimaba un faltante de 5,9 billones de pesos para la vigencia 2024, por concepto de Unidad de Pago por Capitación (2,2 billones), Presupuestos Máximos (2,7 billones) y siniestros asociados al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) (850.000 millones).

Mario Fernando Cruz, vicepresidente técnico del gremio, aseguró ante varios medios de comunicación, que la situación a mediano plazo es insostenible. Las cifras muestran que, con corte a marzo de 2024, la siniestralidad promedio de las EPS es de 111,5 %. 

Es decir que por cada 100 pesos que reciben estas entidades, gastan $111,5 pesos en costos de salud. Si a este desfase se agregan los gastos istrativos que son cercanos al 4,5 % de los ingresos, la siniestralidad combinada estaría cerca de 116 %.

“La falta de recursos tiene diversos impactos negativos. Esto provoca pérdidas operativas, una disminución en el valor de los activos de las EPS, inversión inadecuada y escasa de las reservas técnicas, y un aumento en las deudas, tanto las reconocidas como las posibles, con prestadores y proveedores”, indicó Cruz.

Actualmente, las EPS acumulan deudas cercanas a 5.2 billones de pesos, considerando los ajustes de 2022 y 2024. Y esta falta de recursos hace que el sistema de salud no pueda responder a las necesidades básicas de los pacientes.

"Si el gobierno no incrementa la UPC a un nivel adecuado, el próximo año será aún peor. Los expertos sugieren que el aumento debería ser de al menos 16%, mientras que el gobierno propone menos del 9%. Si hoy terminamos el año en rojo, el 2025 será un año negro para los pacientes y para el sector en general. Esto solo agravará la crisis humanitaria que estamos viviendo, donde millones de pacientes ya no están recibiendo la atención que necesitan", destacó el vocero de los pacientes. 

La crisis también repercute en el talento humano en salud que se encuentra en estado de alerta ante el constante deterioro de sus condiciones laborales. De acuerdo con expertos, la falta de medidas que garanticen dignidad en el entorno de trabajo ha afectado profundamente a los trabajadores del sector. 

Según un sondeo realizado por el colectivo Acuerdos Fundamentales, más del 60 % de los profesionales de la salud presentan problemas físicos y mentales debido al desgaste asociado con la precarización laboral.

Uno de los problemas más evidentes es el atraso en los pagos. Muchos profesionales de la salud trabajan sin recibir su salario o honorarios de manera oportuna, acumulando meses de retrasos que dificultan su estabilidad económica y personal. 

A esto se suma la carencia de insumos esenciales, que limita la capacidad de los trabajadores para ofrecer una atención segura y de calidad, exponiendo tanto a los pacientes como al personal a riesgos innecesarios.

Para Mauricio Echeverri Diez, presidente de Assosalud (Asociación Nacional de Profesiones de la Salud), la reforma está lejos de solucionar la precaria condición de los trabajadores. 

"El régimen especial que plantea se basa en la Ley Cuarta de 1992, la cual establece limitaciones salariales que afectan especialmente a municipios de categoría cinco y seis, donde los topes salariales son muy bajos. Además, la propuesta de laboralizar a los trabajadores del sector público tendría un costo aproximado de 9,1 billones de pesos, una cifra insostenible en el actual contexto fiscal, especialmente tras el fracaso de la última reforma tributaria", manifestó a EL TIEMPO, durante el plantón en el Cementerio. 

La situación también ha generado un impacto significativo en el bienestar emocional y físico de los profesionales. La incertidumbre laboral, combinada con la sobrecarga operativa, ha llevado a altos niveles de estrés y desgaste mental. 

Para los expertos, este panorama evidencia la urgente necesidad de tomar medidas para garantizar condiciones laborales dignas que permitan a los profesionales de la salud desempeñar su labor en un ambiente seguro y equilibrado.

Por su parte, Echeverry enfatiza en que la crisis de salud no se resolverá únicamente con una reforma. "Esto no es un problema de reforma, es un problema de gobernanza y gerencia", afirma, instando al Gobierno a actuar con responsabilidad y garantizar la atención en salud incluso sin una reforma en marcha. 

El representante de los profesionales en salud, enfatizó en la falta de voluntad política e hizo un llamado al presidente Gustavo Petro a asumir su rol como mandatario, buscando soluciones concretas y asignando los recursos necesarios para enfrentar la crisis.