Así va el pulso entre Corte y defensa de Uribe por traslado de casos

Según las cuentas judiciales de la defensa de Álvaro Uribe Vélez, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tenía plazo hasta el jueves pasado para definir si conserva o no la competencia sobre la investigación que mantiene al exmandatario con medida de aseguramiento y prisión domiciliaria por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal.

Para sus abogados, en cabeza de Jaime Granados, el plazo era perentorio y la ley es clara en señalar que, tras su renuncia al Senado, la Corte dejaba de ser juez natural del ahora exsenador.

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Sin embargo, los magistrados –que ya han abordado en dos sesiones la petición de la defensa de Uribe de remitir el expediente a la Fiscalía– han hecho saber que el término de cinco días no les aplica.

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Además, que estudian enviar otros procesos, como el de la masacre de El Aro. Para la defensa de Uribe, este debe ir a la justicia ordinaria o a la Comisión de Acusación de la Cámara. Pero la Corte advirtió que asumió ese caso por ser delito de lesa humanidad y por remisión de la Fiscalía, a donde ahora quieren que vuelva.

EL TIEMPO confirmó que el equipo de defensa de Uribe tiene listos varios movimientos judiciales para lograr que los casos contra Uribe salgan ya del alto tribunal si este no se pronuncia ya.

“Estudiamos varias estrategias judiciales y las revelaremos en su momento”, dijo Granados.

Este diario estableció que contemplan acudir a una tutela que obligue a la Corte a acelerar la decisión sobre su competencia.

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Dicen que, si bien la Corte se tomó 9 meses para definir la situación jurídica de Uribe, a pesar de que Granados hablaba de un plazo de 10 días, las cosas han cambiado.

“Ahora hay una persona privada de la libertad (Uribe lleva 27 días en su finca). Además, para definir situación jurídica debían analizar 384 folios, y en este caso solo está la solicitud de la defensa (de 60 folios) y el concepto de la Procuraduría (de 21 folios), que ya dijo que el caso debía pasar a la Fiscalía”, dijeron allegados al caso.

Y agregaron que varios han conceptuado que la Corte dejó de ser el juez natural de Uribe, entre ellos el exfiscal Alfonso Gómez.

Pero voces como la del exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández advierten que solo la Corte conoce todo el expediente y puede tomar una decisión con conocimiento.

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En todo caso, la defensa está lista a activar instancias internacionales para demostrar supuestas violaciones a los derechos procesales de Uribe. Víctor Mosquera, parte del equipo, logró (en 2018) un fallo a favor del exministro Andrés Felipe Arias (condenado por Agro Ingreso Seguro) de parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero esos fallos no son vinculantes para el país.

Por eso, la defensa de Uribe ha enfilado baterías en desacreditar al testigo estrella del caso: Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de Guacharacas, una de las fincas de los Uribe Vélez.

Monsalve grabó a Diego Cadena, apoderado de Uribe, ofreciéndole dádivas para que supuestamente cambiara su testimonio.

Esta semana se conoció la declaración de Monsalve ante la Corte y un sector del uribismo empezó a hablar de una clara cercanía con el senador Iván Cepeda (víctima dentro del proceso) y de “familiaridad” con Sandra Yepes. Se trata de la magistrada auxiliar que le tomó la declaración, quien fue del equipo del magistrado José Luis Barceló y ahora está en la JEP.

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La declaración es del 23 de febrero de 2018, un día después de que Monsalve denunció el acoso.

Además de la celeridad de la Corte para oírlo, uribistas han hecho notar que la averiguación era contra persona indeterminada, lo que permitió hacer diligencias a espaldas de la defensa. Y agregan que la Corte tiene competencia restringida y no puede adelantar averiguaciones sin nombre.

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En todo caso, Cadena ya aceptó que le ofreció una gestión jurídica a Monsalve y le dio plata (ayuda humanitaria) a otro testigo. Por eso también está imputado, con detención domiciliara. Además, Monsalve ite que si bien tenía a Iván Cepeda al tanto de lo que pasaba, fue él quien buscó al senador.

Otro punto que piensa explotar la defensa es lo dicho por el propio Uribe: que Cepeda no entregó los chats que se cruzó con ese testigo.

Y EL TIEMPO reveló este viernes que la bancada uribista en el Senado le envió una petición a Cepeda pidiéndole que revele sus llamadas de los últimos 5 años para establecer o descartar cercanía con Monsalve y con el magistrado César Augusto Reyes, quien lleva la investigación.

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“Me reservo el derecho a estudiar si (...) podrían estar incursos en un presunto constreñimiento ilegal”, respondió Iván Cepeda, e insiste en que entregó chats, pero no la memoria del celular, por una falla técnica debido a un golpe.

Además, negó tener cercanía con el magistrado Reyes. Y sobre supuestos privilegios carcelarios que, dicen, le tramitó a Monsalve, dijo que ya hay un fallo a su favor en el que se evaluó su conducta.

Reyes también negó cualquier cercanía o amistad con Cepeda o con su esposa, como lo insinuó la magistrada Cristina Lombana.

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Ahora se espera que la defensa inicie acciones. Y, por el lado de la Corte, que Uribe asista a la versión libre –el 15 de septiembre– dentro del expediente de El Aro.

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