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Solicitan búsqueda urgente de al menos 9 mil cadáveres en canal del Dique
Procuraduría impulsa mesa para ubicar restos de víctimas del conflicto. ¿Qué pasa con la licitación?
Las obras en el canal del Dique son por 3,2 billones de pesos. Foto: ANI
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Diariamente, por las aguas del canal del Dique, habitantes de 20 municipios vecinos veían pasar flotando entre 8 y 10 cuerpos desmembrados, desnudos y en alto grado de descomposición.
Sus faenas de pesca y agricultura y su tranquilidad se vieron afectadas –entre 1997 y 2005– por estas escenas. Hoy, nadie sabe con certeza cuántos cuerpos hay hundidos en ese lugar, producto del conflicto armado en Colombia.
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Pero la Justicia Especial para la Paz (JEP) sospecha que a lo largo de los 115,5 kilómetros del cauce artificial habría 9 mil cadáveres
¿Y la licitación?
En plena polémica por la adjudicación de las obras de restauración del canal, tasadas en 3,2 billones de pesos, la JEP decretó medidas cautelares restaurativas para evitar nuevas revictimizaciones y para proteger los restos de personas dadas por desaparecidas en ese cuerpo de agua.
EL TIEMPO conoció en primicia un oficio que la Procuraduría General le envió al Ministerio de Transporte en el que se da la instrucción de convocar mesas de trabajo —como se acordó en una audiencia con la JEP en Cartagena— con la finalidad de agilizar la búsqueda de los cuerpos.
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La audiencia pública se da en el marco del estudio de las medidas cautelares restaurativas que realiza la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Foto:JEP
En concreto, el ente de control pide que sea una “mesa interinstitucional de articulación, con la finalidad de elaborar un documento de lineamientos para protocolos de salvaguardia y protección de cuerpos no identificados de presuntas víctimas del conflicto armado colombiano, con el propósito de garantizar su búsqueda, identificación y se evalúen los impactos sociales y ambientales, con la participación de las comunidades interesadas”.
Uno de los interrogantes que surge es si la búsqueda de víctimas obligaría a un aplazamiento de las obras, calificadas como vitales por los coletazos del invierno en esa zona del país. EL TIEMPO le consultó el tema a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y fueron claros en que “no existe ninguna decisión expresa de la JEP de suspender ni licitación ni obras”.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en la plazoleta La Alpujarra de Medellín se realizó el lanzamiento del boletín, Ponle Rostro a la Búsqueda. Foto:Jaiver Nieto Álvarez /ETCE
En tiempo récord
Fuentes de la entidad agregaron que se tiene entendido que la licitación puede continuar.
“Ahora bien, las obras sí tendrían que adecuarse al protocolo de búsqueda de personas desaparecidas que se está construyendo en el marco del proceso ante la JEP”, explicaron.
Según la JEP, ese protocolo deberá hacerse en 4 meses. Eso implicaría un cambio en la etapa de preconstrucción del megaproyecto.
“Esto significa que si bien no se afecta la adjudicación de las obras, se tendría que ajustar su ejecución”, dijeron en la ANI.
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La Procuraduría ya tiene listo un acompañamiento “desde el ámbito de las competencias constitucionales y legales” y como representantes de víctimas y de la sociedad.
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Además de la ANI, en las mesas tendrán asiento la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el Ministerio de Ambiente, la Fiscalía General, Medicina Legal; así como las comunidades afectadas. La JEP y la UBPD ya tienen identificadas 79 zonas donde podría haber restos.
Corte tiene la palabra
En cualquier caso, la adjudicación de la obra está frenada, en medio de denuncias de corrupción, señalamientos y tutelas.
El gobierno Petro ya firmó un ‘acuerdo de voluntades’ con la comunidad y se logró el desistimiento de una tutela que había frenado la adjudicación. Pero la palabra la tiene la Corte Constitucional, que debe dirimir un conflicto de competencias entre jueces que conocieron la tutela.
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