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La exjueza mencionada en proceso contra reputados empresarios por contrabando de crudo
A 17 altos ejecutivos les fueron incautados bienes por 1,3 billones de pesos.
Edificio donde se incautó uno de los apartamentos (izq.), el centro de servicios judiciales de Barranquilla y el buque Mikayla. Foto: Archivo EL TIEMPO
Las entradas y salidas de buques petroleros de puertos en la costa Caribe y el desplazamiento de carrotanques que llegaban a Cartagena y Barranquilla desde la zona de frontera, procedentes de Venezuela, fueron el inicio de una investigación transnacional que hoy tiene respondiendo ante las autoridades a más de una decena de reputados empresarios colombianos.
La investigación tuvo su origen en las misteriosas entradas y salidas de buques petroleros. Foto:Archivo particular
La investigación de este caso se centra en una presunta red que, durante años, contrabandeó crudo venezolano que era mezclado con el que se obtenía ilegalmente del oleoducto Caño Limón-Coveñas, que término afectando las finanzas de la estatal Ecopetrol.
Según las autoridades, para llevar a cabo las exportaciones ilegales se habría utilizado un entramado de más de 40 empresas legales para el transporte, almacenamiento y exportación del crudo al que se referían, en conversaciones cifradas, como ‘el perfume’.
A varios de los representantes legales de estas compañías se les incautaron bienes por 1,3 billones de pesos representados en barcos, lujosos edificios, megalotes y hasta casas de veraneo en Anapoima, Cundinamarca.
Panorámica del campo petrolero Caño Limón, que opera Occidental de Colombia, en Arauca. Foto:Archivo / EL TIEMPO
Jaime Granados, abogado penalista. Foto:Claudia Rubio / EL TIEMPO
El caso, en la actualidad, tiene dos frentes: un proceso criminal y uno reciente de extinción de dominio, que está a cargo de la fiscalía 42 especializada con el apoyo de un fiscal experto en investigar robo de hidrocarburos.
Al tiempo, se avanza en la formalización de 17 acusaciones contra los empresarios por concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado.
Dentro de esta investigación aparece como víctima Ecopetrol, Cenit, y Swiss Terminal Barranquilla S.A.S. cuya defensa la ejerce el abogado penalista Jaime Granados.
La mujer en el organigrama
Dentro de esta última compañía, sobre la que pesa un embargo por 22.880 millones de pesos, según la Fiscalía, figura el nombre de mujer que es "pieza importante” en la investigación.
EL TIEMPO estableció que se refieren a Paola Margarita Martínez Sánchez, una abogada de profesión que se desempeñaba como subgerente de la sociedad Swiss Terminal Barranquilla y que antes de ocupar ese cargo alcanzó a ser juez, durante un par de meses, en la capital del Atlántico.
De acuerdo con el expediente, se determinó que Martínez Sánchez sería "quien realizaba los almacenamientos de los hidrocarburos provenientes de países como Curazao, Venezuela, Panamá, hidrocarburos que eran ingresados como productos residuales cuando en realidad son crudos”.
Martínez aparece en organigrama de la Fiscalía encabezado por Hernando Silva Bickenbach, directivo de Niman Commerce y Roger Arturo Gale Gutiérrez, exjefe logístico de Gunvor Colombia.
Decomiso de droga en camión cisterna en norte de Popayán. Foto:archivo particular
Este diario investigó y estableció que la dama trabajó durante varios años en diferentes entes de control en Barranquilla.
Además, que fue secretaria general del Concejo de esa ciudad de enero a diciembre de 2016.
En el expediente también se señala que estuvo como juez en el despacho décimo penal de control de garantías de Barranquilla entre diciembre de 2016 y enero de 2017.
A partir de esa fecha, en adelante, estuvo al frente de la gerencia ejecutiva de la terminal portuaria.
A la espera de la acusación
Milton Flórez, abogado de Paola Margarita Martínez Sánchez. Foto:Suministrada
En diálogo con EL TIEMPO, el abogado Milton Flórez, quien ejerce la defensa de Martínez Sánchez, dice que hasta el momento la Fiscalía no ha hecho una formulación de acusación y que se espera que esta sea realizada en una audiencia que está fijada para el próximo 3 de octubre.
“A mi defendida en mayo de 2022 le fue impuesta una medida no restrictiva de la libertad y esta venció en mayo de 2023. Por ahora, solo estamos a la espera de la formulación”, dijo el abogado.
Y añadió: “Nosotros tenemos una oposición absoluta frente a la imputación que hizo la Fiscalía en contra de mi defendida y tenemos los medios de prueba para acreditar lo contrario a lo que ha señalado el ente acusador”, dijo Flórez.
Otra de las compañías que aparece mencionada en el expediente es Gunvor Colombia S.A.S., una sucursal de la multinacional Gunvor Group con matriz en Ámsterdam, dedicada a negocios de energía y al comercio, transporte y depósito de productos petrolíferos.
Su sede en Bogotá registra activos por 381.000 millones de pesos y aparece representada por el empresario Jaime Alejandro Hoyos Juliao.
A Hoyos le aparece registrada una participación en casa de veraneo en Anapoima (Cundinamarca), adquirida en octubre de 2021 por 801 millones de pesos, que también fue incautada.
EL TIEMPO estableció que en el proceso penal no aparece Hoyos Juliao, pero sí Roger Gale Gutiérrez, el exjefe logístico de Gunvor, quien fue grabado por las autoridades. La medida contra los bienes de Hoyos es en calidad de representante de la firma.
Según el expediente, Gunvor Colombia comercializó internacionalmente el crudo de la investigación tras recibirlo de su proveedor Niman Commerce S.A.S.
Roger Gale Gutiérrez, exjefe logístico de Gunvor. Foto:Archivo particular
Esta última compañía aparece representada por Hernando Silva Bickenbach, miembro de una reconocida familia y catalogado por la Fiscalía como uno de los principales dinamizadores de la compra, venta y/o recepción de hidrocarburos bajo investigación.
Este diario se comunicó con la defensa de Hernando Silva Bickenbach, que aseguró demostraran en audiencias la inocencia de su cliente y la ausencia de participación en los hechos que se investigan.“Confiamos plenamente en la istración de justicia”, explicaron.
Y en similar sentido se pronunciaron allegados a otros implicados y demás empresas que se declaran terceros de buena fe.