Estos son los audios con los que cayó alias La Patrona

La capturada por desfalco a la Dian habla de la venta de facturas falsas para evadir impuestos.

Olga Lucía Díaz Guzmán, alias 'la Patrona', en el momento de su captura. Foto: Policía Fiscal y Aduanera

10.08.2019 17:27 Actualizado: 11.08.2019 15:35

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Después de ser una modesta empleada asalariada, Olga Lucía Díaz Guzmán adquirió dos lujosas casas idénticas en el barrio Villa del Prado, norte de Bogotá. Además, se empezó a mover en camionetas Toyota TXL y Frontier, y a hablar de fincas en el Tolima con varias cabezas de ganado.

Y aunque las autoridades monitoreaban sus actividades desde hacía al menos un año, no habían podido descifrar cómo la mujer se había convertido en una próspera contratista de alcaldías, EPS y hasta de contratistas del Ejército y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Pero, después de meses de seguimientos y de interceptar sus comunicaciones, el pasado martes, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Fiscalía la capturaron junto con otras 7 personas a quienes acusan de conformar una sofisticada red que ayudó a desfalcar a la Dian en al menos 2,3 billones de pesos.

“Díaz, alias la Patrona, le vendió facturas falsas a por lo menos 2.500 empresas legales para evadir los impuestos de IVA y renta. Estamos ante el ‘Panama Papers’ criollo. Este es el golpe más grande dado a una red de evasores al fisco”, le dijo a EL TIEMPO el general Juan Carlos Buitrago, director de la Polfa.

Y lo repitió el propio presidente Iván Duque Márquez, el jueves cuando se reveló el operativo, en una rueda de prensa en la Casa de Nariño.

Las frecuentes llamadas que alias la Patrona le hizo a una santera en Guatemala fueron clave dentro del proceso.

Estamos ante el ‘Panama Papers’ criollo. Este es el golpe más grande dado a una red de evasores al fisco

“Además de manifestarle su temor a ser capturada, en ellas dio detalles de cómo operaba la red”, le dijo a este diario uno de los investigadores.

Hasta ese momento, mediados de febrero, la única pista contra Díaz era que figuraba como socia, gerente o representante legal de un entramado de empresas que prestaban asesorías fiscales, vendían productos de ferretería, alquilaban equipos y hasta procesaban datos y archivos.

Pero cuando la mujer, de 52 años, le pidió a la santera enviarle unos velones y repetirle unos rezos para una bodega, empezó a dar información clave sobre su organización.

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Audio sobre cambios en fechas de facturación.

“Dijo en varias llamadas que les estaba yendo tan bien en el negocio de venta de facturas que estaba peleando con su hermana Carlota, su mano derecha, porque ella quería abrir su propio negocio”, narra uno de los uniformados que escuchaban y analizaban sus llamadas.

El negocio, que arrancó en 2015, era jugoso. Se quedaban con entre un 10 y 20 por ciento del total de la factura falsa que expedían.

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Audio sobre cambios en costos y razones sociales.

A través de las interceptaciones también se pudo establecer que uno de los señalados de la red, identificado como Cristian Eduardo Zafra Reyes, se hacía pasar por funcionario de la Dian para pescar clientes.

Clientes extranjeros

“Estamos seguros de que alguien importante de esa entidad les ayuda. Solo así se puede explicar que la ‘Patrona’ y su red tuvieran a los listados de todas las empresas que presentan líos con sus declaraciones de renta o que tienen investigaciones abiertas por evasión”, señaló el uniformado que lideró la investigación.

Así escogían a sus clientes, a quienes les ofrecían los servicios de la red para que pudieran hacerle el quite a las multas de la Dian.

“La ‘Patrona’ y sus asesores copiaron y bajaron el modelo de los ‘Panama Papers’ a Colombia”, agregó la fuente.

Pero en lugar de crear empresas ‘offshore’, como las que montó la firma de abogados Mossack Fonseca en Panamá, armaron 15 compañías que ofrecían falsos bienes y servicios.

EL TIEMPO rastreó a varias de las empresas que aparecen comprándoles facturas y halló a varias que figuran firmando millonarios contratos con entidades del Distrito, con alcaldías en Casanare, Putumayo y hasta Norte de Santander e incluso con una de las firmas que aparece facturando en la polémica Ruta del Sol II.

De hecho, la Contraloría de Casanare le abrió cargos a una funcionaria de la alcaldía de Yopal por intentar contratar con esta red.

El andamiaje de robo fiscal era tan exitoso que varios clientes empezaron a recomendar compañías extranjeras interesadas en adquirir sus servicios.

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Audio sobre consignaciones y documentación.

Evasores confesos

Pero, a la vez, otras de las compañías que aparecen entre la selecta clientela de la ‘Patrona’ ya se empezaron a presentar ante la Dian a itir su ‘pecado’ fiscal.

Este diario se reserva los nombres de esas compañías para no entorpecer la segunda fase de la investigación.

Sin embargo, estableció que una sola de ellas –dedicada al alquiler de formaletas y equipos– compró facturas falsas por más de 40.000 millones de pesos. Y otra más, cuyo negocio es la informática documental, aparece adquiriéndoles bienes y servicios a las empresas de la red por 20.000 millones.

“Cientos de empresas deberán explicarles a la Dian y a la Fiscalía el porqué de su relación ilícita con la ‘Patrona’ ”, le dijo a EL TIEMPO el general Buitrago.

La evidencia contra la clientela apareció por ‘arte de magia’ en cajas que la ‘Patrona’ tenía apiladas en la bodega del barrio Ricaurte de Bogotá, y que la santera le rezaba.

A pesar de las pruebas, la ‘Patrona’ se declaró inocente.

Cientos de empresas deberán explicarles a la Dian y a la Fiscalía su nexo con la ‘Patrona’

Los señalados cómplices de Díaz Guzmán

A Olga Lucía Díaz Guzmán, señalada cabeza de la red, se le imputó enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y concierto para delinquir. Los mismos cargos recayeron sobre Catherine Angélica Contreras Quevedo (sobrina de la ‘Patrona’), Carlota Quevedo Guzmán, Jhon Jairo Salazar Marín y Cristian Eduardo Zafra Reyes, sus supuestos asesores en el entramado ilícito.

Los otros tres implicados fueron identificados como Tránsito Gómez Chacón, Jhon Barbosa y Abel Medina Salcedo. Estos, según el fiscal del caso, servían como intermediarios para que a través de sus empresas lograran conseguir más clientes para el ‘cartel de la evasión del IVA’. También les imputaron enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Las penas pueden estar entre 8 y 18 años de cárcel.

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