El retorno de Emilio Tapia, el cerebro del saqueo a Bogotá

Para la Fiscalía es claro que Tapia burló de nuevo la ley y que vive a cuerpo de rey.

Emilio Tapia, condenado por el 'carrusel de la contratación' en Bogotá. Foto: Luis Lizarazo García / EL TIEMPO Archivo

25.09.2021 16:28 Actualizado: 26.09.2021 01:56

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Antes de ser capturado, el lunes 20 de septiembre, el cordobés Emilio Tapia Aldana recibía a sus invitados –en sus mansiones de Barranquilla, Medellín y Bogotá– con batas de seda y chef privado.

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A pesar de ser calificado como uno de los grandes corruptos del saqueo a las arcas de Bogotá, políticos y empresarios de varias regiones le hacían antesala al condenado empresario de Sahagún, para hablar de contratos y proyectos.

Alejandro Sánchez, abogado de Emilio Tapia. Foto:EL TIEMPO

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Bajo el paraguas de su resocialización y de que ya pagó buena parte de su condena por el saqueo a Bogotá –a través del llamado ‘carrusel de la contratación’–, se desplazaba a varias ciudades, con sus escoltas armados, para sellar negocios y ordenar giros al exterior, de los dineros del anticipo del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Mintic.

Pero la aparición de las garantías, calificadas de falsas por el Banco Itaú, le aguó el retorno silencioso a la contratación pública y sus antecedentes le están complicando su futuro legal.

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Su abogado, el penalista Alejandro Sánchez, pidió que no fuera enviado a una celda de la Modelo, como pasó.

Solicitó, a cambio, que le pusieran un brazalete electrónico, le dieran domiciliaria en su palacete de Barranquilla o lo enviaran al Batallón de Malambo.

Según dijo, Tapia aún es el ‘testigo estrella’ de la justicia en los procesos pendientes del robo a Bogotá. Además, señaló que cuando estuvo en La Picota hasta lo intentaron envenenar. Y su caravana de guardaespaldas fue atacada en una ocasión.

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Indignación

Paul Oswaldo Santander, juez 53 penal municipal con función de garantías. Foto:EL TIEMPO

Pero la respuesta de Paul Oswaldo Santander, el juez 53 penal municipal con función de garantías, fue implacable.

Aseguró que Tapia y los otros capturados –Juan José Laverde y Luis Fernando Duque– no solo representan un peligro para la sociedad, sino que están en capacidad de obstruir a la justicia e involucrarse en más escándalos de corrupción.

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“El señor Tapia de verdad es un peligro de una dimensión muy clara y amplia, tanto así que se perdieron 70.000 millones o más en todos los procesos en los que él ha estado involucrado”, dijo.

Y tras señalar que Tapia es quien mandaba sobre otros implicados, se preguntó cómo otorgarle un beneficio carcelario a quien ya acumula tres principios de oportunidad por casos de corrupción.

“Si usted dice (abogado Sánchez) que en la cárcel no lo pueden cuidar, dejémoslo en la casa que en la casa sí lo cuidan entonces (…) Lo mejor es que lo trasladen a un establecimiento de reclusión con criterios de máxima seguridad, pues los batallones no están para vigilar medidas preventivas ni cárceles”, aseguró el juez Santander.

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Juan Carlos Cáceres Bayona, socio fundador de Nuovo Security LLC. Foto:Archivo Particular

La casa de Llanogrande

Emilio Tapia asegura que no tiene nexo con Centros Poblados. Foto:Andrea Moreno / El TIEMPO

EL TIEMPO estableció que dentro de una línea alterna de investigación se indaga de quién son algunas propiedades en las que Tapia suele estar.

Además de una lujosa casona en el sector de Llanogrande, se rastrea una casa en El Poblado, de Medellín, y los pagos de vuelos chárter en los que suele moverse el condenado empresario.

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Uno de los testigos asegura que en el tema de las garantías del contrato con Mintic se habló en una casa en el Tablazo, cerca de Medellín; y otra reunión se adelantó en un predio por la vía Santa Helena, en la capital paisa. También se indaga la compra de unos caballos de paso y la propiedad de varias camionetas Toyota blindadas.

“Se verifica la propiedad de unas camionetas de placas DMY 134, HSV 455 y HCV 599”, aseguró un investigador.

Lo que llama la atención es que, después del escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, Tapia juró que había quedado ilíquido, aunque la Fiscalía le ubicó a un par de testaferros cercanos a su familia.

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Los chats

Herles Ariza Becerra Foto:Archivo Particular

Una de las pistas para conocer la fortuna de Tapia sería un sargento retirado, que se encargaría de sus desplazamientos.

También se quiere establecer cómo encaja el exoficial de la Policía Herles Ariza.

El exhombre de inteligencia y exedecán de un presidente figuró hasta hace un mes como representante de ICM Construcciones S. A. S., socia de Unión Temporal Centros Poblados y con 35 por ciento de participación en el contrato con Mintic.

Además, tras un artículo de EL TIEMPO, fue retirado de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en donde estaba de liquidador y depositario de bienes incautados a Enilce López ‘la Gata’ y al clan de los Nule.

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Una de las pistas para aclarar cómo encajan estos personajes en la trama son varios chats que ya están en poder de la Fiscalía. En ellos queda en evidencia de que, ante el descubrimiento de las garantías calificadas de falsas por el Banco Itaú, se empezaron a mover hilos incluso en el Mintic.

De hecho, intentaron llegar a la ahora exministra Karen Abudinen, quien ordenó caducar el contrato, decretó embargos y denunció el caso ante las autoridades.

Juan Carlos Cáceres, uno de los ahora colaboradores de la Fiscalía, entregó su celular, en el que hay mensajes con el representante de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, en los que habla de alinear gente para seguir adelante con el contrato.

Incluso, habla de hacer un acercamiento en privado con Abudinen, que, según la exministra, nunca se produjo: “Ni siquiera conozco al señor Tapia”.

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Los investigadores están cruzando las fechas de los mensajes para establecer en qué momento del proceso licitatorio y del escándalo se registraron esos mensajes y hasta dónde llegaron. Además, si es cierto que un congresista llamó a recomendar no caducar el contrato con Centros Poblados.

Por ahora, el juez 53 de control de garantías compulsó copias para que se investigara a dos de las funcionarias a cargo del contrato: Adriana Vanessa Meza Consuegra, exsecretaria general de Mintic, y Sandra Orjuela Méndez, exsubdirectora de Gestión Contractual

“Voy a hacer una compulsa de copias para que investiguen disciplinariamente a las señoras, quienes debían supuestamente vigilar que la garantía de seriedad que se aportaba al proceso en principio. Si se hubieran dado cuenta de que esta garantía era falsa, nunca hubiera habido anticipo”, señaló.

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