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Las reuniones discretas de ‘zares’ del fútbol para frenar millonaria sanción de la SIC

Dimayor y FCF presentaron garantías para evitar multa por $2.320 millones por supuesto ‘juego sucio'

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor y Ramón Jesurún, presidente de la FCF. Foto: Archivo particular

08.12.2023 21:46 Actualizado: 10.12.2023 00:00

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Una semana después de que la jugadora colombiana Linda Caicedo resultó elegida como la novena mejor futbolista del mundo, el Gobierno Petro anunció una investigación (con multas incluidas) a directivos y equipos profesionales por presunto ‘juego sucio’ en el manejo de la Liga Femenina.

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La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y 29 clubes profesionales fueron notificados en septiembre por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de que estaban bajo la lupa por acordar reglas desventajosas para las jugadoras.

Catalina Usme (centro) celebra con sus compañeras de equipo después de anotar un gol contra Chile durante la Copa América Conmebol 2022. Foto:JUAN BARRETO / AFP

Entre otras, hay evidencia de que convinieron que la mayoría solo ganara el mínimo y unas bonificaciones, contratarlas por máximo cuatro meses al año y obligarlas a participar en campañas publicitarias sin contraprestación alguna.

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Estas conductas les podrían costar a los investigados multas por 2.320 millones de pesos. Además, podría poner a tambalear la decisión de la Fifa de que Colombia sea la sede de la Copa Mundial Femenina Sub-20, en 2024.

Juegos de poder

Gabriel Camargo, presidente del Tolima. Foto:Archivo particular

La llamada cartelización en el fútbol femenino ha estado acompañada de ataques verbales contra las jugadoras, como los que lanzó el dueño del Deportes Tolima, Gabriel Camargo, que llamó a la liga ‘caldo de cultivo del lesbianismo’ y luego tuvo que retractarse.

En medio de esa atmósfera, hace unos días se cumplió el plazo para que la FCF y la Dimayor respondieran los señalamientos ante la SIC.

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EL TIEMPO estableció que, después de varias reuniones reservadas entre quienes fueron rivales, pasaron una oferta que es analizada y que incluye una serie de garantías para evitar o frenar las conductas que se les atribuyen.

El caso, sin embargo, se está jugando en dos canchas. Una de estas es la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia, que deberá decidir en primera instancia si acepta las garantías y frena la investigación.

María del Socorro Pimienta Corbacho, superintendente de Industria y Comercio. Foto:SIC

Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro. Foto:Archivo particular

Y otra, en Casa de Nariño. Hasta allí han llegado voces que piden la renuncia de María del Socorro Pimienta, la cabeza de la SIC y segunda instancia en estos casos.

La versión que circula hace un par de meses y que volvió a saltar al terreno esta semana es que Pimienta es ficha del exsuperintendente Jairo Rubio y que la funcionaria frenó una resolución (que alcanzó a circular entre directivos del fútbol) en la que se archivaba el caso de la Liga Femenina.

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Rubio ha sido apoderado de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), en cabeza de Carlos González Puche, que ha defendido los derechos de los jugadores. Además, fue abogado dentro de un caso de cartelización en el que aparecían firmas del polémico empresario Euclides Torres, mencionado en las investigaciones sobre supuestos aportes opacos a la campaña Petro Presidente.

Las reuniones reservadas

Sin embargo, Rubio, que le negó tajantemente a EL TIEMPO ser el poder oculto en la SIC y cuota de Euclides Torres, terminó ayudando a los equipos y a la Dimayor a presentar las garantías para hacerle el quite a la investigación.

Rubio ya había itido que, a principios de octubre, se reunió en el club El Nogal de Bogotá con Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, para hablar del caso. Y este diario documentó tres reuniones claves más.

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El exsuperintendente estuvo luego en la oficina de los abogados de la Dimayor –Pablo Márquez y Julio César Castañeda– ofreciendo fórmulas para desmontar las conductas que se les imputan.

Rubio le confirmó a EL TIEMPO esa reunión, a la que, dice, fue con conocimiento de González Puche y sin recibir honorarios. Al respecto, directivos de equipos dijeron que la Dimayor propuso contratarlo y que ellos se negaron.

Jairo Rubio, María del Socorro Pimienta y Euclides Torres Foto:Archivo particular

Tolima y Junior Foto:Dimayor y Agencia Kronos

“Lo hice por el interés colectivo y solo presenté propuestas de garantías para suspender o modificar las conductas que llevaron a abrir la investigación. No sé si las acogieron”, dijo Rubio.

Después hubo otra reunión en la Dimayor con los presidentes de los equipos y sus apoderados. Y Camargo, el dueño del Deportes Tolima, llegó con Rubio.

“Ese día terminó afinándose la respuesta a la SIC. Pero no se llegó a un acuerdo sobre el manejo de la plata que gira el Gobierno para la promoción del fútbol femenino”, le dijo a EL TIEMPO un directivo presente.

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Y agregó que un par de equipos manifestaron que recibir dineros públicos significa abrir las puertas de sus contabilidades.

En efecto, aunque parezca un contrasentido, la SIC asegura que la FCF y la Dimayor —con la anuencia de los clubes— han sido renuentes a recibir recursos del Gobierno para la promoción y el desarrollo del fútbol femenino en Colombia.

Plata oficial y Win Sports

Este diario estableció que, para mayor transparencia en el manejo de esa plata, se propuso abrir una fiducia y blindar las contabilidades de los equipos.

El presidente de la Dimayor le confirmó a EL TIEMPO las reuniones para responderle a la SIC.

Y explicó que el tema de la no recepción de dineros públicos se debe a que ellos no son parte del llamado Sistema Nacional del Deporte. Pero no dio más detalles porque advirtió que la información goza de reserva por instrucción de la SIC.

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En cualquier caso, este diario estableció que, para mayor transparencia en el manejo de esa plata, se propuso abrir una fiducia y blindar las contabilidades de los equipos que dicen que la Supersociedades ya los vigila.

Además, se planteó modificar el contrato de transmisión de partidos con Win. En el actual, se habla de 10 partidos de las competiciones masculinas, frente a uno solo de la Liga Femenina que, además, puede reemplazarse por cualquier otro (ver recuadro).

Exmagistrado Julio César Ortiz. Foto:Archivo particular

En eso todos están de acuerdo. Sin embargo, este diario supo que la propuesta sobre el manejo de los dineros oficiales, por parte de la FCF, fue diferente a la de la Dimayor, aunque conciliadora.

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Esta se produjo después de que el exmagistrado Julio César Ortiz (abogado del presidente Gustavo Petro y de la FCF) se reunió con González Puche en la residencia de un amigo común. Ambos manifestaron que fue una charla respetuosa sobre el fútbol, incluidos los manejos laborales en Europa.

Ortiz, dicen en la SIC, firmó el documento de las garantías junto con Ramón Jesurún Franco, presidente de la FCF.

Decisión y Cielo Rusinque

Cielo Rusinque durante la elección del nuevo magistrado en el Senado. Foto:Prensa Senado

La FCF propuso impulsar la creación de una política para la aceptación de recursos provenientes del Gobierno. Pero quiere que sea la Dimayor el vehículo de recepción y istración de esos dineros.

En la SIC informaron que los documentos sobre el tema tienen carácter reservado. Pero anticiparon que las garantías presentadas por la Dimayor y la FCF buscan la terminación anticipada de la investigación.

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En lo que no parecen estar alineadas las partes de este caso es en que María del Socorro Pimienta siga en la SIC. Voces del fútbol hablan del ingreso a la cancha de la petrista Cielo Rusinque, que se quemó en la elección de magistrada de la Corte Constitucional.

Las garantías de los equipos y lo que dice la SIC

Documento de la SIC Foto:Archivo particular

Tanto la SIC como los directivos del fútbol advirtieron que los documentos sobre las garantías que se ofrecen para cerrarles la investigación son confidenciales.

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que, además de modificar el contrato de transmisión con Win, para garantizar la difusión de la Liga Femenina, proponen otras fórmulas. Una de ellas es la de contratar abogados laborales para hacer un instructivo de buenas prácticas a la hora de contratar jugadoras y darles un sueldo justo.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Además, habla de crear una política específica de promoción del fútbol femenino.

Otras garantías son calificadas por algunos como gaseosas. Por ejemplo, suprimir las juntas de competencia (donde asisten los equipos) en las que se habla de condiciones salariales o contractuales de las jugadoras. La SIC tiene la palabra.

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