Gobernador de San Andrés pide protección a CIDH por procesos en su contra

Hace exactamente dos años, el 16 de septiembre de 2020, el fiscal general Francisco Barbosa confirmó que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le impuso detención preventiva, en su lugar de residencia, al gobernador de San Andrés Everth Julio Hawkins Sjogreen.

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Según la Fiscalía, a Hawkins se le señala como el presunto responsable de irregularidades detectadas en un contrato para material publicitario suscrito durante la emergencia sanitaria por la covid-19. 

En su momento, se señaló que Hawkins desconoció la participación de otros oferentes y, con las medidas adoptadas, benefició a una empresa en particular, cuyo representante legal habría trabajado en la campaña política para su elección.

De hecho, hay dos procesos en curso. En uno de ellos ya se imputaron cargos, y en el otro está pendiente la audiencia de formulación y medida de aseguramiento. 

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Ambos procesos llevaron este viernes al mandatario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, para solicitar medidas cautelares de protección. 

Según Hawkins y su abogado, el exmagistrado Julio César Ortiz, "hay una amenaza inminente de violación de sus derechos, por parte del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa; y del magistrado Mario Cortés Mahecha de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ante la falta de aplicación de los estándares convencionales, tanto en la solicitud de medida de aseguramiento de detención o prisión preventiva que se ha formulado, como en su eventual imposición".

Y agregan que la Fiscalía optó por solicitar la medida cautelar más gravosa para la libertad y dignidad humana, "en un claro desconocimiento del carácter excepcional de la medida de aseguramiento de detención o prisión preventiva. Al parecer se puede vislumbrar el ensañamiento subjetivo y odioso contra un servidor público contradictor (...)".

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Y añaden que el caso tuvo un acelerado y extraordinario tratamiento que podría considerarse una arbitraria persecución personal en contra del gobernador. 

EL TIEMPO le consultó a la Fiscalía el anuncio del mandatario y voceros autorizados señalaron que el material probatorio en ambos casos es sólido.

De hecho, en uno de los casos ya se realizó la respectiva imputación para el inicio del juicio: "Será un juez de la República quien tome las decisiones de fondo".

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En ambos escenarios judiciales se evalúan presuntas irregularidades en la celebración de contratos suscritos en 2020, relacionados con la emergencia sanitaria.

Precisamente, el fiscal General, Francisco Barbosa, está este viernes en San Andrés haciendo un balance de las investigaciones que se adelantan y recogiendo nuevas denuncias.

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En los próximos días se conocerá si se conceden o no las medidas cautelares solicitadas por el gobernador Hawkins y su abogado.

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