Dura respuesta de Procuraduría a decisión del Gobierno de denunciar adjudicación de contrato a Thomas Greg en Registraduría

Procurador delegado dice que Secretario de Transparencia cita un riesgo que no existen en las normas de contratación y que debió ir a la audiencia para hacer sus objeciones.

Idárraga y Melgosa — Andrés Idárraga, secretario de transparencia, y el procurador Marcio Melgosa. Foto: Archivo particular

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18.10.2024 17:38 Actualizado: 19.10.2024 00:00

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Luego de que EL TIEMPO publicó que la Registraduría adjudicó el contrato por más de 41 mil millones para asuntos electorales a la Unión Temporal Grupo Disproel (donde figura Thomas Greg), el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga anunció que interpondrá denuncia ante la Fiscalía.

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“Será la justicia (penal) la que determine la responsabilidad de los funcionarios en esta adjudicación. Por lo cual, el día de hoy radicaré denuncia penal por esta millonaria adjudicación, ante la posible contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, debido al posible incumplimiento de los deberes y principios establecidos en la Ley 80″, señaló Idárraga en sus redes y una semana atrás había pedido que la adjudicación se frenara.

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Dardo a la Procuraduría

Empleadas de Migración Colombia y de la Procuraduría hicieron la denuncia — Procuraduría General. Foto:EL TIEMPO

Además, el funcionario manifestó que le pedirá a la Procuraduría que lleve a cabo las respectivas investigaciones disciplinarias por no garantizar el cumplimiento de principios de la contratación estatal; y a la Contraloría, que haga una auditoria por la posible estimación de valores en el análisis de sector de la que, en consideración de su despacho, careció el proceso adjudicado.

Y minutos antes señaló: "Una Procuraduría garante de los negocios privados y no del cumplimiento de la ley. Fueron a lavarle la cara al registrador, abandonando el ejercicio de sus funciones".

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Idárraga hace referencia a la solicitud del registrador Hernán Penagos de que la Procuraduría hiciera un acompañamiento especial al proceso después de que se le respondieron algunas preguntas a Idárraga y se le recordara que la Registraduría es un ente autónomo.

La respuesta del ente de control

Andrés Idárraga y Hernán Penagos. Foto:Archivo particular

EL TIEMPO le preguntó a la Procuraduría que iban a responderle a Idárraga y oficialmente hicieron saber: "A partir de la solicitud elevada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría realizó vigilancia al procedimiento de selección abreviada No SA 06 de 2024 que tenía por objeto contratar una solución integral para los procesos electorales de Juntas de Acción Comunal y Consultas Populares de conformación, entre otros".

Y añadieron: "En ejercicio de la función preventiva -que busca evitar la ocurrencia de hechos que afecten los derechos mediante la advertencia temprana de riesgos en la gestión pública-, se revisaron los documentos previos del proceso, sin encontrar riesgos que dieran lugar a observaciones".

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Además, señalaron que en el marco de la vigilancia preventiva se participó en la audiencia de divulgación del acto istrativo de adjudicación o declaratoria de desierta, convocado públicamente a través del SECOP, audiencia durante la cual no intervino ninguna entidad o ciudadano con el fin de hacer pronunciamientos sobre el procedimiento y la decisión de la Registraduría.

'Cita normas que no existen'

Marcio Melgosa Torrado, procurador Delegado Primero para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Foto:EL TIEMPO

EL TIEMPO también buscó a Marcio Melgosa, el procurador delegado para la contratación que estuvo en la audiencia y este señaló que la Secretaría de Transparencia tenía ese espacio legal para presentar sus objeciones, pero no se presentó.

"En la audiencia de divulgación del acto istrativo de adjudicación tuvo la oportunidad de presentarse y expresar sus cuestionamientos. Extrañamente, no compareció", señaló Melgosa.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Además, que Idárraga está citando normas de la contratación pública que no existen para controvertir la adjudicación: "El Secretario de Transparencia señala en uno de los oficios dirigidos a la Registraduría de un riesgo en los principios de la contratación pública, especialmente el de “objetividad”. Dicho principio no existe ni como parte de la contratación pública, ni tampoco como un principio general del derecho. Al margen de esto hace afirmaciones acerca de un posible conflicto de interés que no sustenta. Desde la perspectiva de sus competencias, en otro de los oficios, pone en consideración de la registraduría la posibilidad de suspender el proceso de selección, algo que escapa a las atribuciones que la normatividad le confiere. En síntesis, sus señalamientos y sugerencias no tiene fundamento desde la legalidad".

La Registraduría no se ha pronunciado sobre el anuncio de denuncia de la Secretaría de Transparencia.

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