Indagan a la SAE por cláusula que favorecería a Cemex si es condenada

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) acaba de recibir una notificación de la Contraloría General en la que anuncia que abrió una indagación preliminar por irregularidades encontradas en el manejo que le viene dando al contrato de operación minera que tiene con la poderosa multinacional Cemex.

El caso está relacionado con la empresa C.I. Calizas y Minerales S.A., incautada por las autoridades y en manos de la SAE (Frisco), que actualmente viene siendo operada por la cementera mexicana y la Corporación Cementera Latinoamericana CCL.

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EL TIEMPO estableció en primicia que el expediente, abierto por la Delegada de Seguridad de la Contraloría, está  relacionado con una polémica cláusula que aparece en el contrato de arrendamiento y por un préstamo de cerca de 40 millones de dólares.

La cláusula, el punto más delicado del informe, está relacionada con las causales de terminación del contrato entre SAE (Gobierno) y Cemex.

En criterio de la delegada de Defensa, en cabeza de Sebastián Montoya, la SAE le habría extendido una especie de 'perdón anticipado' a la cementera, en caso de resultar condenada en el extranjero por pago de sobornos.  

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En este punto de debe recordar que Cemex Latam Holdings, anunció el 12 de marzo de 2018, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un requerimiento con relación a sus operaciones en Colombia y otras jurisdicciones, dentro de indagaciones por la presunta violación a la Ley de Prácticas Corruptas.

El hallazgo, con alcances disciplinarios contra funcionarios de la SAE, está relacionada directamente con la adquisición de la planta en el municipio de Maceo, Antioquia, vinculada a C.I. Calizas y Minerales S.A., denunciada en su momento por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO. 

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Y si bien estos requerimientos no significan que ya se haya concluido que Cemex, o cualquiera de sus afiliadas haya violado la ley -de hecho han dicho que fueron víctimas de algunos de sus ejecutivos-, la cláusula del contrato ha sido interpretada como una especie de 'salvavidas' a la influyente cementera.

¿Qué dice? Se dará por terminado el contrato: "Si alguna de las empresas controlantes de Cemex resulta condenada después de un juicio en sentencia de última instancia ejecutoriada (el "Fallo Extranjero Condenatorio"), por pago de sobornos o cohecho como producto de investigaciones en los Estados Unidos, directamente relacionadas con el Proyecto, con excepción de actos o hechos realizados por, así como de la culpabilidad o responsabilidad atribuida a, las personas sujetas en la fecha de suscripción a investigación por la Fiscalía General y/o por actos o hechos ocurridos con anterioridad al 23 de septiembre de 2016".

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Hasta ahí todo estaría bien, para los auditores. Pero a renglón seguido se señala: "Queda entendido que los acuerdos a los que se pueda llegar con las autoridades de Estados Unidos de América sin que exista un Fallo Extranjero Condenatorio, no

constituyen causal de terminación de este Contrato".

En el documento, conocido en primicia por EL TIEMPO, la Contraloría señala que "lo anterior se agrava, si se tiene en cuenta que la eventual sentencia en firme emitida en Estados Unidos, contra alguna de las empresas controlantes de Cemex, por sobornos o cohecho, exigible para que la entidad ponga fin al negocio jurídico, debe tener relación con el proyecto de Macebo".

Y agrega: "Pero además, la cláusula prevé que las condenas de personas que al suscribirse el contrato, ya eran investigadas por la Fiscalía General de la

Nación y/o por actos o hechos ocurridos con anterioridad al 23 de septiembre

de 2016, no configuran la causal para terminar por adelantado el contrato".

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Incluso, la Contraloría advierte que, con esos alcances, la cláusula es contraria abiertamente con los principios aplicables al régimen de contratación estatal, y al entidad podría permitirle al contratista "eludir el cumplimiento de la ley".

Y le recuerda a la SAE la inhabilidad para contratar de quienes incurran

en delitos contra la istración pública, que incluye “… a las sociedades de las que hagan parte dichas personas en calidad de es, representantes legales, de junta directiva o de socios controlantes, a sus matrices y a sus subordinadas y a las sucursales de sociedades extranjeras, con excepción de las sociedades anónimas abiertas”.

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EL TIEMPO se comunicó con la SEA y aseguraron: “Respetamos el reciente informe emitido por la Contraloría General de la Republica".

Sin embargo, señalaron que: "No compartimos las argumentaciones expuestas frente a la cláusula de terminación anticipada del contrato suscrito por la sociedad CI Calizas y Minerales, dado que la interpretación que efectúa el ente de control, resulta contaría a lo expuesto en la mencionada disposición contractual cuyo énfasis radica en la posibilidad de terminación anticipada del contrato en caso que se identifique una decisión judicial en firme que evidencie responsabilidades en tal sentido a cargo de la sociedad Cemex, respetando con ello los principios de la buena fe, así como de presunción de inocencia propios de cualquier relación jurídico negocial".

Además, señalan que las disposiciones contenidas en el contrato objeto de análisis, no tienen otro interés que preservar la productividad de la sociedad CI Calizas y Minerales, atendiendo el mandato que en dicha materia la ley le otorga a la SAE, para lo cual estuvo acompañado por un periodo superior a dos años, de un equipo de expertos en asuntos legales y financieros que permitió estructurar la formulación adecuada del vínculo contractual.

"En todo caso la actual istración de la Sociedad de Activos Especiales continua presta a suministrar la información y claridades que resulten necesarias de los hechos objeto de pronunciamiento por los entes de control", dice la comunicación a EL TIEMPO.

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De hecho, en la respuesta a la Contraloría, la SAE agrega que la excepción fue necesaria para darle continuidad a la ejecución del Contrato de Operación Minera. Y señala que la entidad denunció a Yesid

Ramírez, antiguo depositario de la sociedad CI Calizas, por la suscripción del contrato de arrendamiento suscrito con Cemex, y contrato de mandato suscrito con Cemex y Central de Mezclas).

Sobre las investigaciones en Estados Unidos, que también adelanta la Comisión de Valores de Estados Unidos, la cementera ha dicho que ha estado cooperando con las autoridades de Estados Unidos y con la Fiscalía General de Colombia para poder avanzar en las investigaciones y aclarar el caso lo más pronto posible.

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La Contraloría también cuestionó y abrió indagación preliminar por un millonario préstamo, por cerca de 44 millones de dólares.

Este fue suscrito entre ZOMAM (la zona franca de la mina) y la Corporación Cementera Latinoamericana CCL, ligada a Cemex.

En la indagación fiscal se señala que ZOMAM ha sufrido afectación de su patrimonio a causa de las obligaciones derivadas de ese y de otro crédito. Por concepto de capital e intereses, la deuda ya asciende a USD $43,2 millones, equivalentes en moneda colombiana a la suma de $148.529.687.537.

Lo que llama la atención es que la deuda no se pagará dentro de la vigencia del Contrato de Operación, si no que se pagará a la terminación del mismo con los bienes que conformen el patrimonio del deudor.

Además, ente de control fiscal encuentra que losintereses del crédito en mención se han venido capitalizando como consecuencia del no pago de los mismos por parte de ZOMAM, hecho que ha generado que la cifra adeudada se encuentre en proceso de incremento con afectación al patrimonio de este activo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

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