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Investigación
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Las tres nuevas líneas de investigación que abrió la Fiscalía en el escándalo de la UNGRD que sacuden el Congreso
¿Llamarán a declarar al ministro Bonilla? Congresistas salpicados saltaron de 4 a 9 y se halló rastro de la mafia en caso carrotanques.
Sneyder Pinilla y Olmedo López junto a 4 de los 6 congresistas de las comisiones terceras implicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Foto: Archivo particular
La fiscal Luz Adriana Camargo fue enfática en señalar que por ahora la investigación por el escándalo que sacude a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estaba concentrada en la compra irregular de 40 carrotanques por 46.800 millones de pesos.
Pero, el pasado jueves quedó en evidencia que los hallazgos de los investigadores y la información que han empezado a aportar dos de los implicados, obligaron a abrir al menos tres nuevas líneas de investigación que ya empezaron a salpicar a poderosos políticos de diferentes vertientes y regiones.
De 4 a 9 implicados
El gobierno Petro ha condenado la conducta de Olmedo López a quien nombró en la UNGRD. Foto:UNGRD
En efecto, el ente acusador anunció dos decisiones de fondo que así lo demuestran. La primera, citó audiencia de imputación de cargos y medida privativa de la libertad a Olmedo López. Se trata de uno de los otrora funcionario clave del gobierno de Gustavo Petro que él mismo nombró en la UNGRD, entidad que quedó manejando una chequera de 2.2 billones de pesos después de una generosa adición presupuestal.
La medida cobija, además, a Sneyder Pinilla el exsubdirector de manejo de desastres de esa misma entidad cercano al poderoso clan Aguilar de Santander; y a Luis Eduardo López Rosero, el Karateca, el empresario pastuso detrás de la opaca compra de los carrotanques, también con conexiones políticas.
Los tres tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Olmedo López y Sneyder Pinilla entregaron evidencia que es valorada por la Fiscalía. Foto:UNGRD
Tres liberales, dos conservadores y dos de la Alianza Verde
Pero el dato que sacudió al Congreso y a varios partidos estaba al final del comunicado de la Fiscalía en donde anunció que le había pedido a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que indague la conducta de 9 congresistas dentro del mismo expediente de la UNGRD.
Cuatro de ellos ya estaban en el radar por cuenta de declaraciones de Olmedo López y de Sneyder Pinilla: Iván Name, el saliente presidente del Senado (partido Alianza Verde); Andrés Calle, el saliente presidente de la Cámara (partido Liberal); Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusaciones (partido Conservador) y el cordobés Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U).
Los señalamientos de Olmedo y la foto
Estos son 5 de los congresistas mencionados en el escándalo de la UNGRD. Foto:Archivo particular.
La mayoría (de congresistas involucrados) pertenecen a las comisiones terceras de Hacienda y Crédito Público y sus nombres aparecerían en un documento en el que se habrían comprometido a apoyar proyectos de ley a cambio de contratos de la UNGRD en sus regiones.
Cinco, sin embargo, son parlamentarios que hasta ahora aparecen dentro de la investigación: el representante Juan Diego Muñoz Cabrera (Partido Verde), el representante Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), el senador Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), la senadora Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador) y la representante Karen Astrith Manrique Olarte (curul de paz).
EL TIEMPO investigó y encontró un denominador común entre estos congresistas que pareciera encajar con los señalamientos de Olmedo López, que involucra a altos funcionarios del Gobierno: la mayoría pertenecen a las comisiones terceras de Hacienda y Crédito Público y sus nombres aparecerían en un documento en el que se habrían comprometido a apoyar proyectos de ley a cambio de contratos de la UNGRD en sus regiones.
La congresista Manrique habría tenido un rol clave en ese supuesto acuerdo al igual que Wadith Manzur. Y una foto, publicada por EL TIEMPO, en donde se ve a Sneyder Pinilla, a Olmedo López y a la congresista Manrique, tras una reunión en la UNGRD (que ella reconoce), es clave dentro de la investigación.
El exdirector de la UNGRD, que comenzó su carrera política al lado del hoy senador
conservador Carlos Trujillo y que terminó militando en el Polo Democrático, señaló que el dinero que desvió de la UNGRD - 380 mil millones de pesos- tenía dos fines.
Sneyder Pinilla (i), Olmedo López (c) y la congresista Karen Manrique firman unos documentos en la oficina de Gestión del Riesgo. Foto:UNGRD
Una parte, dice, se fue a campañas políticas en las elecciones regionales de 2023; y, otra, a 'aceitar' las reformas del Gobierno Petro que hacían trámite en el Congreso como la de la salud, aprobada en Cámara y hundida en Senado y la aprobación de la Ley de Presupuesto General de la Nación.
EL TIEMPO reveló que dentro de los interrogatorios de los indiciados se mencionaron a dos asesoras de ministros como las articuladoras de los supuestos pagos para apoyar iniciativas (una de ellas del Ministerio de Hacienda).
¿Bonilla, a declarar?
Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Foto:Ministerio de Hacienda
También se mencionó al ministro de esa cartera, Ricardo Bonilla, quien ha negado de manera categórica cualquier nexo con el caso.
“No soy ordenador del gasto”, le dijo a EL TIEMPO cuando su nombre salió a relucir.
Sin embargo, este diario estableció que se evalúa si Bonilla - que se salvó del remezón ministerial- es llamado a declarar dentro de las indagaciones a congresistas.
La Corte ya escuchó a Luis Fernando Velasco cuando aún ostentaba la calidad de Ministro del Interior. A él lo mencionó directamente Olmedo López en la primera entrevista que concedió tras salir por la puerta de atrás del gobierno.
El exdirector de la UNGRD le dijo a EL TIEMPO que Velasco tenía mucho que explicar. Y este lo desafió a que mostrara pruebas tras decirle ladrón.
Las comisiones terceras
Seis de los 9 congresistas mencionados pertenecen a las comisiones terceras de Cámara o Senado. Foto:Archivo particular
Lo concreto es que algunas iniciativas clave, como el Presupuesto General de la Nación, la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno y hasta el aumento del presupuesto de la UNGRD, pasaron primero por las comisiones terceras de Hacienda y Crédito Público del Senado y Cámara.
Y en esas células congresionales -como lo reveló EL TIEMPO- han estado sentados 6 de los 9 congresistas a los que la Fiscalía pide que se investiguen. Se trata de los senadores Gómez Gallo, Bitar Castilla y los representantes Manzur, Peinado Ramírez, Manrique Olarte y Muñoz Cabrera.
Todos salieron a negar cualquier nexo con actos ilícitos.
Pero, de inmediato, se empezaron a desempolvar las votaciones que hicieron para respaldar o rechazar las iniciativas del Gobierno. Gallo, votó sí a la reforma Tributaría y estuvo ausente en la votación de la Pensional; Muñoz, votó sí a la reforma Tributaría; Bitar, votó sí a la reforma Tributaría y estuvo ausente en la votación de la Pensional; y Manzur, votó sí a la tributaría y a la de educación y estuvo ausente en la de Salud.
Carlos Ramón González (también mencionado en la trama, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Foto:Presidencia
Las reformas y los votos
Por su parte, Peinado votó sí a la reforma tributaria; no, a la de salud y estuvo ausente en la votación de la de Educación; Manrique, votó sí a la reforma tributaria, de salud y educación; Calle, votó sí a la reforma tributaría, de salud y educación; Name, votó sí a la reforma tributaria y estuvo ausente en la pensional; y Chagüi, votó sí a la reforma tributaria, a la pensional y educación.
También se revisaron las visitas a la UNGRD en la era Olmedo. De los 9 mencionados solo dos registran ingresos: Andrés Calle y Karen Manrique (la de la foto).
Mafia y 'el Karateka'
Elmer Francisco Celis Ramírez y Luis Eduardo López Rosero. Foto:Suministrada por autoridades
Pero es evidente que las votaciones y las visitas no son lo único que tiene en su poder la Fiscalía para pedir que esos congresistas sean investigados. Los apoderados de Olmedo López y Sneyder Pinilla entregaron varias A-Z con documentos y los celulares de sus clientes para probar que hubo interlocución fluida con varios de esos congresistas que coinciden con la aprobación de millonarios contratos en sus regiones.
En una de las A-Z está el documento en el que aparecerían los nombres de los congresistas que habrían acordado apoyar iniciativas a cambio de obras y servicios, aún no se sabe si con sobrecostos, como los carrotanques.
El desafío de la Corte y de la Fiscalía es probar cuáles de esos contratos eran necesarios para prevenir o subsanar efectos de desastres naturales y cuáles fueron inventados o inflados para desviar recursos.
A esa línea de investigación se une el rastro de la mafia que se encontró en el caso de los carrotanques. En efecto, después de que EL TIEMPO reveló que antes de Roger Pastas Fuertes el dueño de Impoamericana Roger SAS fue Elmer Francisco Celis Ramírez, la fiscalía le encontró dos procesos por presuntas operaciones de lavado de activos vinculadas a la mafia.
Además, confirmó que Celis Ramirez fue asesinado por dos sicarios en Cúcuta, el 25 de septiembre de 2023, cuando la proveeduría de carrotanques ya estaba en marcha. Y hay una tercera línea de investigación que tiene como epicentro a Luis Eduardo López Rosero. Informantes aseguran que hay un entramado político detrás de él y que estarían vinculados a millonarios contratos (ver recuadro abajo).
Y aunque todos los congresistas mencionados negaron nexos con el escándalo de corrupción, empezarán a ser citados a declarar.
¿Qué va a pasar con López Rosero?
EL TIEMPO conoció un documento en el que el empresario Luis Eduardo López Rosero le pregunta a la Fiscalía cómo va el acercamiento para obtener beneficios. Y dice que se compromete a devolver 4.232 millones de pesos.
La carta fue radicada por sus apoderados mientras que el empresario pastuso tramitaba una certificación de un centro médico en el que consta que está internado porque intentó quitarse la vida.
Su tema personal no solo impediría la imputación en su contra el 25 de julio sino su detención en centro carcelario.
En todo caso, su defensa pide que se crucen cuentas porque la UNGRD le debe plata a su empresa Luket SAS. Se trata de una orden de entrega de tejas en Quibdó (Chocó) por 1.340 millones de pesos. Asimismo, una entrega en San Pablo de material de construcción por 519 millones y el envío de insumos a Guapi (Cauca) por 398 millones.
El total es de 2.257 millones. Lo que no dicen es que –como lo reveló EL TIEMPO– para adjudicar esos contratos se usó el mismo mecanismo de los carrotanques: invitar ‘aleatoriamente’ a tres empresas vinculadas a López Rosero.
En todo caso, este se compromete a hacer una reparación moral: ofrecer disculpas al Estado y a las comunidades afectadas. Y propone un descuento de pena que le dejaría por el delito de peculado por apropiación agravado por la cuantía, seis años de cárcel; por cohecho por dar u ofrecer, tres años; por interés indebido en la celebración de contratos, cuatro años, y por falsedad en documento privado, un año y cuatro meses.
Y piden que a esos 8 años se le rebaje el 50 por ciento por la condición de cómplice. Pagaría 4 años.