Por ‘Ñeñepolítica’ se llamará a interrogatorio a Claudia Daza

La era de Francisco Barbosa Delgado al frente de la Fiscalía General de la Nación tuvo un arranque atípico por cuenta de la emergencia sanitaria: suspensión de términos, audiencias virtuales y decenas de investigaciones claves pendientes.

Sin embargo, tras cumplir 100 días en el cargo, aseguró que la entidad no ha parado e hizo explosivas revelaciones.

En entrevista con EL TIEMPO, Barbosa dijo que Claudia Daza –exasesora del senador Álvaro Uribe– será llamada a interrogatorio, como indiciada, por la ‘Ñeñepolítica’. Y en el caso Odebrecht, se les imputarán nuevos cargos a políticos y empresarios que tenían firmados acuerdos con la justicia. También habló de las investigaciones por espionaje y corrupción en el Ejército, de los mercenarios que saltaron a Venezuela y de otros casos espinosos.

Estamos enfrentando un desafío enorme que nunca había vivido la Fiscalía. Tenemos claro que nuestra labor es esencial para responder a las demandas de justicia de la comunidad, en especial de las víctimas, y debemos adaptarnos a esta coyuntura.

Diseñamos e implementamos una estrategia y hoy contamos con 23.516 funcionarios activos, de los cuales 18.621 trabajan desde sus casas y 4.895, de manera presencial en todo país. Hemos realizado más de 76.000 audiencias virtuales y 17.769 capturas, a pesar de una disminución de más de 50 por ciento en la actividad criminal durante estos dos meses de confinamiento.

A pesar del menor o físico con s u otros actores del sistema, no hemos suspendido el servicio que le prestamos a la ciudadanía. Entre el 20 de marzo y el 14 de mayo se realizaron 59.863 actos urgentes por parte de las URI. En lo que tiene que ver con la persecución penal del crimen organizado, en el periodo comprendido del 13 de febrero a la fecha hemos capturado a 253 integrantes de distintos grupos armados organizados y grupos delictivos organizados, entre ellos el Eln, el ‘clan del Golfo’, ‘los Pelusos’ y ‘los Caparros’.

La suspensión de términos ha sido un reto para nuestros fiscales. Nos han habilitado la realización de algunas audiencias urgentes, como la legalización de captura, la formulación de imputación o la solicitud de medida de aseguramiento. Pero no se nos ha permitido realizar otras diligencias importantes para avanzar en los procesos, como la audiencia preparatoria. Una calamidad para los colombianos es que salgan en libertad delincuentes por la suspensión de los términos, en medio de esta situación, como ocurrió en el caso de los Ambuila, a un juez le siguieron corriendo los términos a pesar de la suspensión.

Por eso pedí que volvamos a nuestra nueva realidad en aislamiento paulatino con el levantamiento de la suspensión de términos y con las precauciones que deben tomar las entidades. El país tiene que reactivarse en su integridad.

Mi prioridad es cubrir las necesidades en materia de justicia penal del ciudadano de a pie, que tradicionalmente han sido ignoradas por las autoridades encargadas de satisfacer sus derechos.

Ya imputamos cargos y solicitamos medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes y 23 personas (entre contratistas, intermediarios y funcionarios) por delitos como interés indebido en la celebración de contratos y diversos tipos de peculado. Citaremos a interrogatorio como indiciados a 3 gobernadores, a otros 3 alcaldes y a otras 10 personas. Esto es inédito. Nunca se había presentado con esa rapidez. Es el trabajo de un Grupo de Tareas Especiales creado solo para el tema, y se tiene el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría. La Fiscalía verificó más de 3.000 contratos, realizó 189 acciones investigativas, 393 inspecciones y cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos. En este momento hay 68 indagaciones abiertas y se hicieron 15 compulsas a la Fiscalía Delegada ante la Corte.

De acuerdo con esa alerta, la Fiscalía está haciendo una revisión de los subsidios, verificando toda la información recibida y recaudando más evidencias a fin de determinar si se cometió algún ilícito. Se está analizando toda la estructura de los subsidios y la concesión a empresas en el país.

De las investigaciones de inteligencia hemos detectado tres casos que habían llegado a la Fiscalía: una sobre interceptaciones y perfilamientos, y dos sobre corrupción, todas activas y en evolución. Ya tenemos todos los elementos internos de las Fuerzas Armadas, la Corte Suprema y la Procuraduría.

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¿Han avanzado? ¿Hay generales involucrados en perfilamientos, uso ilegal de inteligencia y venta de datos a bandas?

Se evalúan los elementos recaudados para tomar las decisiones que correspondan y atribuir responsabilidades. Hemos hecho alrededor de 7 inspecciones en sedes de la Fuerza Pública, para recolectar documentos relevantes.

¿Hay evidencia de que bandas accedían a información clasificada del Ejército, a armas y explosivos?

No tenemos información al respecto.

Es un concierto para delinquir y es mi prioridad que avance. Por ese tema existían 175 investigaciones dispersas en 3 grandes grupos de fiscales e investigadores que no se comunicaban ni compartían logro ni avance. A mi llegada priorizamos y unificamos los radicados en la Delegada ante la Corte Suprema. Hemos redefinido la metodología de la investigación para abordar todas las líneas de trabajo de forma integral. Habrá mucha constatación financiera e inteligencia artificial. Odebrecht no puede depender solo de los brasileños y de las delaciones, se requiere más. La imposibilidad de movilidad internacional ha impedido realizar la visita en mayo a Brasil, pero estamos dialogando para hacerla. Lo cierto es que habrá decisiones muy pronto. El fiscal instructor ha revisado algunos preacuerdos y principios de oportunidad y ha concluido que muchos hechos delictivos no fueron incluidos en muchos de ellos. Procederemos a imputar por concierto para delinquir a varias personas, entre ellas, empresarios y políticos. Eso abrirá una veta trascendental en esa investigación.

No hemos detenido el avance en estos casos. Si bien es cierto que se decretó la suspensión de términos y no hemos podido practicar algunas audiencias claves en los procesos penales, no hemos parado de trabajar en dichas investigaciones, haciendo otras diligencias para las que sí estamos habilitados. El Consejo Superior de la Judicatura aprobó la realización de audiencias de control de legalidad previo de búsqueda selectiva en bases de datos personales. Esto nos ha permitido avanzar en estas investigaciones.

En cuanto a la audiencia de imputación de cargos contra el abogado Diego Cadena y su suplente Juan José Salazar, no se ha podido realizar por varios motivos. En los próximos días solicitaremos nuevamente su realización. Esperamos que en esta oportunidad sí podamos llevarla a cabo.

Hemos abierto 3 líneas de investigación. La primera de ellas es la investigación de extinción de dominio que se inició el 29 de abril del año pasado, por iniciativa de la Dijín, contra los bienes de la organización delictiva conocida como ‘Marquitos Figueroa’. En esta actuación se identificó que uno de los integrantes de dicha estructura delictiva era José Guillermo Hernández Aponte, más conocido como ‘Ñeñe’, por lo que se le afectaron varios bienes a través de medidas cautelares.

En la segunda línea de investigación indagamos la participación de no aforados en delitos contra los mecanismos de participación democrática en el primer semestre del 2018 en dos campañas políticas. Esta investigación comenzó el 9 de marzo, menos de un mes después de mi posesión –13 de febrero–, por eso hablar de parálisis es absurdo y contrario al sentido común.

A partir de esa fecha, se presentó una información que fue divulgada por medios de comunicación, en la que se revelaron evidencias (informes y audios) de interceptaciones de comunicaciones practicadas en una investigación penal por homicidio que data desde el 2015, en la que se interceptó el abonado celular de José Guillermo Hernández Aponte. Al almacén de evidencias de la Fiscalía fue ingresada por parte de la Dijín la evidencia referente a esta interceptación por primera vez el 12 de febrero de 2020. Por ello, realizamos una inspección a la Sala Sacom 4 de dicha policía judicial los días 12 y 13 de marzo, en donde se ubicó y copió la totalidad de los registros de las interceptaciones.

En la tercera línea de investigación se indaga la posible comisión de conductas delictivas o de reproche disciplinario, en las que se verían posiblemente involucrados de la Fuerza Pública, políticos y particulares que fueron interlocutores o mencionados en comunicaciones del ‘Ñeñe’ Hernández.

La reciente autorización para realizar audiencias de control previo de búsquedas selectivas en bases de datos nos ha permitido indagar por las personas con las que sostuvo conversaciones el ‘Ñeñe’ Hernández que llaman la atención de la Fiscalía, así como la celda de ubicación de los hablantes. Y estamos indagando si el señor Hernández Aponte tenía otros números de teléfono celular, porque a través de varias inspecciones al caso matriz se obtuvo información que existía un segundo número que al parecer utilizaba, el cual fue interceptado legalmente por la Fiscalía durante cinco meses de 2017.

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Por ser tan relevante esta información, se ordenó nuevamente inspección a la sala de interceptaciones de la Policía, diligencia que se llevó a cabo el 20 de mayo. Allí se recolectaron 3.792 registros. Ese acto investigativo no se había legalizado ni la orden de interceptación ni los resultados.

Y sobre las campañas...

Se está solicitando información a la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre los resultados de las elecciones presidenciales 2018-2022 en Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena, y se realizará el respectivo análisis. En los próximos días se llamarán a entrevistas a varias personas que conversaban con el ‘Ñeñe’ Hernández y se llamará a la señora Daza a interrogatorio en calidad de indiciada por los hechos que tengan incidencia y relevancia delictiva.

Los investigadores escucharon la totalidad de los audios obtenidos a raíz de la interceptación de comunicaciones y extrajeron algunas conversaciones que resultan relevantes para esta investigación. También han confrontado los informes de policía judicial presentados por la Dijín en 2018 y 2019 con el informe parcial que presentó el CTI este año sobre las primeras conversaciones interceptadas. Y se ha avanzando en la búsqueda en fuentes de datos abiertas para individualizar a los posibles interlocutores. El 5 de marzo remitimos copias a la Corte Suprema, a la Comisión de Acusación de la Cámara y al Consejo Electoral para que desde dichas dependencias se investigue lo propio de sus competencias. Hemos estado prestos a colaborar con estas autoridades en lo que requieran.

El 23 de marzo de 2020, la policía capturó a Jorge Alberto Molinares Duque por transportar material bélico. La captura se legalizó, se formuló imputación y se solicitó e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Están en curso varias actividades investigativas para verificar y establecer hechos relacionados con este hallazgo e identificar e individualizar a los posibles responsables del traslado de material bélico. Así mismo, se han inspeccionado otros radicados por hechos relacionados, adelantados en Barranquilla y Riohacha. Allí se encontró información de más personas involucradas en estos hechos. Esas investigaciones las traje a Bogotá para darles prioridad.

Uno de mis compromisos como Fiscal General consiste en que en esta istración se concluirá esa investigación y se le ofrecerá al país la verdad.

Iniciamos la correspondiente investigación por estos hechos. El caso fue asignado a un fiscal adscrito al Grupo de Análisis Preliminar de la Delegada para la Seguridad Ciudadana que trabaja de forma mancomunada con la Contraloría. Se han adelantado actos urgentes para tener una respuesta. En su momento se le informará al país los resultados.

Hemos continuado esos procesos con base en los lineamientos establecidos en el artículo 16 del Acto Legislativo 01 de 2017, el artículo 63 de la Ley 1957 de 2019 y las sentencias C-674 de 2017 y C-080 de 2018 de la Corte Constitucional. Los terceros civiles que contribuyeron de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto armado, cuyos casos reúnen los criterios de competencia personal y material, y fueron vinculados a una investigación antes del 6 de junio de 2019, tuvieron hasta el 6 de septiembre de 2019 para presentar solicitud para ser itidos en la JEP, por lo que hemos continuado con los procesos ordinarios de aquellos que no hicieron dicha solicitud. Si la vinculación a la investigación ocurrió u ocurre con posterioridad al 6 de junio de 2019, los terceros civiles cuyos casos reúnen los criterios de competencia personal y material han tenido y tienen un plazo de 3 meses para presentar su solicitud a la jurisdicción ordinaria, contado a partir de la fecha de vinculación. Contamos con un registro de 2.508 casos contra terceros civiles distribuidos en las Direcciones de Seguridad Ciudadana, Delegada contra la Criminalidad, Delegadas ante los Tribunales, Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección de Justicia Transicional.

En relación con la violencia sexual ejercida en el interior de las Farc, desde la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada elaboramos un macroinforme descriptivo sobre este fenómeno delictivo, el cual remitimos a la JEP. Dicho informe hizo referencia a todas las modalidades identificadas de violencia basada en género cometida por las Farc contra integrantes de su propia estructura, entre ellas la concepción de la mujer guerrillera dentro de la organización, las agresiones sexuales y actividad sexual forzada, la libertad sexual, el uso de la fuerza y la coacción, violaciones sucesivas y tortura en las conductas sexuales, agresiones sexuales contra hombres y niños, enfermedades de transmisión sexual, entre otras conductas.

Igualmente, hemos avanzado en las investigaciones contra bienes no declarados por la extinta guerrilla. A la fecha hemos afectado con medidas cautelares proferidas en procesos de extinción de dominio 1.817 bienes que tienen un valor superior a los 2 billones de pesos, entre los que se pueden encontrar principalmente inmuebles rurales y urbanos, semovientes, vehículos, sociedades, cuentas bancarias y establecimientos de comercio. En algunos de estos casos ya se han proferido sentencias de extinción contra bienes cuyo valor supera los 374.000 millones de pesos.

No hubo enfrentamiento sino diálogo democrático. El 6 de abril le presentamos al Ministerio de Justicia un documento en el que expusimos nuestras observaciones al proyecto de decreto cuyo borrador se había compartido previamente con algunas instituciones. El Gobierno finalmente en el ámbito de sus competencias expidió el Decreto Legislativo 546 de 14 de abril de 2020, en el marco del cual se han tomado algunas medidas para atender la crisis causada por la llegada del covid-19 a los establecimientos carcelarios en nuestro país.

Déjeme aclarar que si bien me corresponde participar en el diseño de la política criminal y presentar los proyectos de ley que considere necesarios en la materia, finalmente son otras instituciones las que deciden si acogen nuestras propuestas, como efectivamente ocurrió en este caso. Le corresponde al Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Inpec, tanto la ejecución de las penas privativas de la libertad por sentencias condenatorias como el control de las medidas de aseguramiento impuestas en los procesos penales. Así mismo, son los jueces de la república los llamados a decidir finalmente sobre la forma de ejecución de las sanciones penales o medidas de aseguramiento. Desde la Fiscalía General de la Nación hemos estado dispuestos a colaborar en lo que podamos en el marco de nuestras competencias constitucionales y legales.

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