¿Qué va a decir en la JEP el poderoso empresario Gallo sobre nexo con Auc?

En varios círculos de poder cayó por sorpresa la noticia de que el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo había solicitado ser aceptado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como tercero civil no combatiente, dentro  del caso que se investiga por el “macrocrimen” de desplazamiento forzado en Urabá y la subregión de Tulapas.

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La noticia iba en contravía de las declaraciones que Gallo -egresado de Georgetown y con maestría en Harvard- ha venido dando desde el 4 de febrero de 2005, cuando fue acusado, junto con otras siete personas, por un despojo de familias campesinas a sangre y fuego en los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro (Córdoba).

Gallo ha sido señalado como parte del despojo y el Reporte de Daniel Coronell (en la W Radio) lo mencionó como el 'cerebro' que desplegó el plan financiero para ejecutar el desplazamiento, a través del Fondo Ganadero de Córdoba.

A la junta directiva de ese fondo llegó Gallo junto con un viejo socio suyo que no fue procesado.

Después de 33 audiencias en el Juzgado Segundo Penal Especializado de Antioquia, el proceso judicial en su contra solo está pendiente de un fallo que le puede representar hasta 12 años de cárcel.

Con ese panorama judicial, Gallo solicitó ingreso a la Justicia Especial para la Paz (JEP),  el 4 de septiembre de 2019.

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Varios de los procesados, entre ellos Benito Osorio, siguieron el mismo camino y ya han estado ratificando sus nexos con los paramilitares para ejecutar el sangriento despojo en el que participó Sor Teresa Gómez, cuñada y persona de confianza de los hermanos Castaño Gil, cabecillas paramilitares.

A mitad de semana, cuando varios medios revelaron lo que Osorio le ha dicho a la JEP -repitiendo lo que ya había declarado hace varios años ante Justicia y Paz- el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ratificó lo dicho por Osorio. 

Desde una cárcel de mediana seguridad de Florida, donde espera definir si se queda en Estados Unidos o no deportan a Colombia, Mancuso volvió a salpica a personas como José Félix Lafaurie, cabeza de la Federación Nacional de Ganaderos, quien ha negado cualquier vinculación son los 'paras'.

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Por eso, hay gran expectativa sobre qué será lo que va a confesar el poderoso empresario Gallo a quien EL TIEMPO ubicó y ó este fin de semana.  

Las razones por las que decidí solicitar isión a la JEP no tienen nada que ver con que hubiera podido tener nexos con los paramilitares. En las noticias que circularon esta semana se asume erróneamente que quienes solicitan isión a la JEP tienen que ser culpables de delitos o tienen que comparecer para reconocer responsabilidades penales.

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La JEP permite que voluntariamente se presenten terceros civiles que deseen aportar verdad plena, ya sea para denunciar hechos y responsables que no se conozcan en los procesos de Justicia Ordinaria o para aclarar hechos y responsabilidades que ya se conocen. Mi propuesta de aporte de verdad a la JEP está centrada en la segunda condición. Una pregunta fundamental que existe es si soy o no responsable por actuaciones dolosas, cometidas de mala fe, o si incurrí en situaciones de omisión o de error por las conductas dolosas y fraudulentas de otros directivos y es del Fondo Ganadero de Córdoba.

Siendo respetuoso de la Justicia Ordinaria, considero que el caso al cual estoy vinculado se ajusta plenamente a las exigencias de la JEP. Así mismo, tengo una verdad plena esencial que aportar a la JEP para que en un futuro cercano se aclare quienes actuaron dolosa y fraudulentamente en los hechos ocurridos en región de Tulapas y quienes actuamos de buena fe, inducidos a la omisión o al error por el concierto criminal en que incurrieron quienes ya aceptaron cargos y fueron condenados por la Justicia Ordinaria.

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Como consideración fundamental para solicitar mi vinculación a la JEP es que, intuyendo que a esta jurisdicción se presentarían quienes ya han aceptado cargos y fueron condenados, era esencial que yo pudiera participar para poder contrastar sus versiones con lo que me consta y puedo probar fácticamente de lo que realmente ocurrió en el seno de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, dada la infinidad de falsos testimonios e interpretación errónea de documentos societarios del Fondo que se dio y se sigue dando. Verdad plena es una sola, no puede ser menor a lo que realmente ocurrió ocultando, con ello, información esencial, y tampoco puede ser más, aportando falsos testimonios y pruebas en procura de obtener beneficios procesales.

Finalmente, y más importante aún, considero que las víctimas que han sido itidas por la JEP en este caso, merecen ser reparadas material e inmaterialmente, y que puedo contribuir a ello de forma clara, concreta y programada, pues aunque no he reconocido responsabilidad por actuaciones dolosas, si considero que el FGC adquirió predios viciados y que estos deben ser destinados a reparar a las víctimas. Durante los 18 meses que duró el proceso judicial en Medellín, no se presentó una sola victima ante el juzgado a exigir reparación.

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Si, es absolutamente falso que yo vaya a confesar haber tenido nexos con el paramilitarismo pues jamás los tuve. Nunca me reuní, conversé o me comuniqué, directa o indirectamente, con algún jefe paramilitar o, tan siquiera, con algún lugar teniente paramilitar o miembro de las autodefensas. Después de más de 10 años de investigaciones y de interrogatorios a múltiples actores del paramilitarismo y a terceros, no existe prueba alguna de que yo haya tenido nexos con el paramilitarismo. Los jefes paramilitares que tuvieron alguna inherencia en el Urabá ganadero han declarado categóricamente no conocerme. Yo viajaba a Montería a las reuniones de la Junta Directiva temprano en la mañana y casi siempre regresaba a Bogotá esa misma tarde. No tuve ni tengo intereses económicos en zonas en donde el paramilitarismo estuvo o podría estar presente y mis actividades económicas nunca han sido ni agrícolas ni ganaderas.

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Luego de ser acusado por la Fiscalía General de la Nación el 4 de febrero de 2015, por delitos que jamás cometí, en ejercicio de mi derecho constitucional a mi legítima defensa, enfrenté un proceso penal ante el Juzgado Segundo Penal Especializado de Antioquia, entre septiembre de 2015 y diciembre de 2017.

Este proceso judicial implico asistir presencialmente a 33 audiencias en dicho juzgado, junto con otros siete acusados que tampoco aceptamos los cargos indilgados por la Fiscalía. El proceso judicial solo está pendiente de fallo . Por las razones que expongo en sus otras preguntas, solicité ingreso a la Justicia Especial para la Paz el 4 de septiembre de 2019. Por esta circunstancia el Juzgado Segundo Penal Especializado de Antioquia ordenó la ruptura de la unidad procesal al determinar que se cumplían con los ámbitos de aplicación para el sometimiento a la JEP; y al ser vinculado formalmente al macro caso 04, Situación Territorial del Urabá, mediante auto 251 del 18 de noviembre de 2021, la definición de mi situación jurídica pasó de la Justicia Penal Ordinaria a la JEP.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

No tengo conocimiento alguno que Juan Carlos García haya sido investigado o este siendo procesado por la Justicia Ordinaria. El señor García fue miembro principal de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Cordoba solo durante poco más de seis meses, entre el 11 de octubre de 1995 y el 24 de abril de 1996. Los hechos investigados por la justicia ocurrieron a partir del 1 de diciembre de 1997. Por tanto, Juan Carlos Garcia no tuvo ninguna participación en estos hechos, ni por acción ni por omisión.

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