Así es el terror que se vive hace 270 días en el Portal Américas de Bogotá

A varios residentes del conjunto Alameda de San José II, ubicado a dos cuadras del Portal Américas –suroccidente de Bogotá–, empezaron a deslizarles por debajo de sus puertas un instructivo sobre cómo proceder en caso de que autoridades los allanen.

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“Deje signos y huellas que denoten violencia o intimidación, esto puede servir como prueba de que firmó bajo presión”, les aconsejan, en caso de que se levante un acta del operativo.

Y en las calles aledañas a este y a otros conjuntos de la zona empezaron a aparecer volantes deseando feliz Navidad y próspero año a nombre del frente 33 ‘Mariscal Antonio José de Sucre’ de las ex-Farc; el mismo de los atentados en Cúcuta.

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Habitantes del sector están literalmente aterrados y aseguran que estos son tan solo los más recientes eventos registrados luego de que varios de los vándalos que participan en las violentas movilizaciones, que arrancaron en mayo de 2021, se convirtieron en residentes.

de un consejo de istración de otro conjunto le itieron a EL TIEMPO que varios copropietarios y arrendatarios han empezado a dejar los apartamentos, que ahora están siendo ocupados por líderes de los desórdenes.

Las primeras víctimas de este desplazamiento urbano fueron los vecinos que ayudaron a reconstruir los CAI que fueron incinerados por el Eln.

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“He sido amenazado por dar nombres de colaboradores de los violentos y señalar algunas residencias que se han usado para almacenar elementos con los que se ataca a la Fuerza Pública”, dijo un copropietario.

Y asegura que en ese punto de la capital se vive una zozobra similar a la que están sometidos pueblos de Nariño o el Catatumbo: hay desplazamiento, amenazas, microtráfico y un rápido deterioro del orden público que ya incluye muertos y heridos, entre ellos siete funcionarios de la Personería de Bogotá que intentaban mediar.

Los 28 de cada mes, vándalos con cascos y gafas, armados de machetes y bombas molotov, salen de los conjuntos o de sectores aledaños a destrozar semáforos, buses, rejas de edificios, a montar peajes ilegales y a atacar al Esmad.

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Escenas en donde se ve a los policías antidisturbios recibir piedras, bombas incendiaras y ataques con machete antes de reaccionar son difundidas en redes.

Los disturbios vienen acompañados con la toma del Portal Américas de TransMilenio, colapsando la movilidad del suroccidente de la ciudad y afectando al menos cuatro barrios de las localidades de Kennedy y Bosa.

Escenas calcadas se replican en otros dos puntos de la ciudad –Suba y Usme–, en donde los vándalos se infiltran en la protesta social.

En este último sector, los destrozos y ataques a la Fuerza Pública el miércoles 5 de enero fueron transmitidos en directo, a través de una cuenta de Facebook, por el señalado cabecilla de la llamada ‘primera línea’ Sergio Pastor González, alias 19, preso en La Picota.

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Los vecinos de Usme y Suba también dicen estar arrinconados. De hecho, la transmisión desde La Picota y los destrozos desencadenaron reclamos de la alcaldesa Claudia López.

“Por qué no entran a capturar a esos 50 que están en la vía… (Deben) cerrar aquí, cerrar allá y coger a esos 20 tipos. Se quedan mirándolos 4 horas”, le dijo en terreno a la Policía. Y al Inpec –que el viernes trasladó a alias 19 a la cárcel de Valledupar– le recordó que las prisiones no son hoteles.

Y si bien López asegura que lleva 9 meses desplegando programas sociales y otras medidas para controlar las jornadas violentas, los desmanes no ceden.

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Incluso, vecinos de esas zonas señalan que un puñado de residentes apoya con comida, refugio, silencio y dinero a los vándalos. No saben si es por miedo, extorsión o simpatía.

En el caso de las Américas, señalan que cabecillas de la ‘primera línea’ están intentando camuflarse en Las Margaritas, un pacífico sector a espaldas del portal, en donde la Alcaldía de Bogotá (en 2013) desarrolló un plan de vivienda al que llegaron desmovilizados.

El edil Juan Carlos Realpe (Colombia Humana) ite que inicialmente los vecinos apoyaron con víveres y algunos elementos las protestas, para levantar la voz contra la reforma tributaria, que finalmente se hundió. Pero asegura que no le consta que vándalos se estén metiendo en los conjuntos: “Yo vivo en uno de ellos y se paga seguridad. De pronto, eso pase en las urbanizaciones”.

Lo que sí está confirmado es que, además de apoyo de guerrillas, incluida el Eln, hay otras fuerzas externas patrocinando estos disturbios.

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Se trata de bandas delincuenciales a cuyos los beneficia que la Policía concentre su atención en el vandalismo de Américas, Usme y Suba mientras ellos roban carros, atracan, distribuyen droga y extorsionan en Chapinero, Usaquén, Teusaquillo y otras zonas azotadas por el hampa.

“Hay suficiente información para determinar que hay sectores, organizaciones y personas que patrocinan y dan resguardo a quienes están interesados en la violencia y no en la protesta social”, dice Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad del Distrito.

Y agrega que se indaga cuáles son las economías ilícitas a las que les conviene ese caos: “Están también el transporte informal y bandas, que se pueden beneficiar con esta situación de permanente zozobra”.

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Ahora se indaga cómo los predios que se han adquirido para la construcción del metro de Bogotá, en proceso de demolición, son usados como ‘cuarteles alternos’ de los vándalos. Al igual que en parques aledaños, allí entrenan cómo atacar al Esmad, el manejo de escudos y de armas blancas.

Este panorama llevó al ministro de Defensa, Diego Molano, a ordenar, inicialmente, la retoma del portal: “La instrucción desde el Ministerio de Defensa a la Policía de Bogotá es intervención directa para acabar con ese punto de anarquía en el que se convirtió el Portal Américas. Allí, 80 o 90 individuos, cada 28, destruyen, preparan bombas molotov, atacan a la Policía, coartan la libertad, destruyen el sistema de transporte, y se ha deteriorado el valor de los inmuebles”.

Según residentes, por apartamentos que antes costaban 160 millones de pesos les ofrecen menos de 100 y los arrendamientos se desplomaron.

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El abogado Pedro Chaustre, experto en acciones populares y de grupo, le dijo a EL TIEMPO que ante estos atropellos y vulneraciones, los residentes pueden pedir medidas cautelares urgentes de protección estatal.

“El camino idóneo son las acciones populares para poner en funcionamiento al aparato jurisdiccional y que la justicia ordene que los protejan y se frenen las amenazas, el desmedro a sus patrimonios, las extorsiones y demás”, señala Chaustre.

Y agrega que las medidas cautelares deben contemplar el aumento permanente del pie de fuerza y la presencia estatal.

Lo que se busca es proteger derechos colectivos, señala el abogado. Y recuerda que los residentes del sector de Los Héroes acudieron a tutelas para pedir protección a derechos fundamentales ante el constante copamiento del área.

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Y si bien las autoridades señalan que van a respetar la protesta social y a castigar a los de la Fuerza Pública que se excedan, advirtieron que no van a tolerar más vandalismo. Además, recordaron que la nueva ley de seguridad ciudadana entrega herramientas para aumentar penas y castigar con mayor severidad a quienes ataquen a uniformados.

En las últimas jornadas de vandalismo han sido detenidas en flagrancia más de 100 personas y al menos 10 más con orden judicial.

Desde hace más de seis meses, la alcaldesa Claudia López se ha referido a las acciones que adelanta su istración para recuperar las zonas afectadas por la violencia y el vandalismo que se viven en el Portal Américas, en Suba y Usme.

En mesas de trabajo con los vecinos de los sectores afectados se han pactado y echado a andar jornadas de recuperación de andenes, parques, iluminación, repavimentación de vías y mejoramiento de la seguridad.

Además, se trabaja en una mayor oferta de educación gratuita a jóvenes; subsidio a empresas para que contraten jóvenes/mujeres, y apoyos a microempresarios y comerciantes locales.

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“La reactivación económica, social y el mejoramiento del entorno son parte de la seguridad (...) la rabia y el miedo no solucionan nada. La inversión social, el empleo y la reactivación, sí”, aseguró López en redes.

Por su parte, el Gobierno Nacional, a través del ministro Diego Molano, anunció el 4 de enero una intervención militar y policial, inicialmente en el Portal Américas: “No permitiremos que estos que se agrupan cada 28 pasen de la manifestación pacífica a la violencia. Hay información de inteligencia y judicialización. Habrá más presencia de policía y Fuerza Pública alrededor de esos sitios, no solo el 28, sino previamente para dar seguridad y confianza a la comunidad”.

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Y agregó que la intervención militar se hará en un trabajo coordinado entre la Policía, la Brigada 13 y la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

Pero 24 horas después de las declaraciones de Molano, la alcaldesa Claudia López se opuso a la militarización.

“La seguridad ciudadana es una responsabilidad de la Policía Nacional, lo está haciendo y lo va a seguir cumpliendo. En Bosa, Kennedy, Usme, Ciudad Bolívar son zonas de intervención especial desde agosto del año pasado. En esas zonas hay focalización especial que va a continuar porque tienen un componente social. Por supuesto, también hay mayor presencia policial, eso se viene haciendo desde agosto y es lo único que se va a seguir haciendo”.

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Y aseguró que el plan de seguridad de convivencia de Bogotá es el único que se va a implementar.

“Este es el plan de seguridad y convivencia y lo conoce el ministro de Defensa, está informado y coordinado con ellos y es lo que se va a hacer (...) con los 13 puestos de control de requisa y desarme, tenemos 300 hombres de Policía Militar y solo se va a mantener eso y no habrá nada adicional”, precisó la alcaldesa.

Aunque desde agosto hay mesas de trabajo del Distrito con los vecinos, algunos están buscando salidas jurídicas para que el Estado los proteja. No se descartan acciones populares o tutelas para proteger sus vidas, derechos y bienes, y más aún ahora, cuando se aproximan las elecciones.

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