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Abogado de extraditables califica de nefasta ley de sometimiento

Álex Morales señala que capos están desconcertados. Dice que espera ajustes en el Congreso.

El abogado Álex Morales mostró sus reparos a la ley de sometimiento. Foto: Captura de Twitter

16.02.2023 18:29 Actualizado: 17.02.2023 00:00

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No ha completado 48 horas de haber sido revelado el proyecto de Ley de sometimiento a la justicia de bandas criminales y ya empezó a recibir cuestionamientos desde orillas interesadas.

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Aunque el articulado contiene gabelas –como penas de entre 6 y 8 años para quienes se acojan a la norma–, defensores de derechos humanos que han servido de mediadores de estas organizaciones lo califican de nefasto.

Uno de ellos es el abogado penalista Álex Morales, de la Corporación Sinergia, que tiene la representación de cerca de 16 mujeres extraditables y de del Eln y de la llamada ‘oficina de Envigado’.

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En diálogo con EL TIEMPO, Morales aseguró que el proyecto no fue concertado en las mesas de trabajo y que espera que en el Congreso se corrija el rumbo.

¿Qué le pareció el proyecto de ley de sometimiento?

Es un articulado que no cambia nada y no presenta soluciones concretas para la paz. Es una iniciativa eminentemente del gobierno, sin la consulta de la sociedad civil, de expertos ni mucho menos de las personas que se encuentran privadas de la libertad.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en la presentación del proyecto de ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales. Foto:Twitter Minjusticia

Hubo mesas de trabajo en cárceles, diálogo directo y hasta tenían voceros y facilitadores…

Lo hablo por mí y por otras personas. En ningún momento fuimos convocados, nunca nos contestaron derechos de petición. Fue un ejercicio de unos cuantos.

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¿Cuáles son sus reparos?

La bautizaron ley de sujeción a la justicia. Creen que con ponerle acogimiento (como se dijo inicialmente) o sometimiento van a cambiar la filosofía del articulado. No es un problema semántico, sino de concepción política, social, filosófica y jurídica del Estado. Primero se deben resolver temas en lo político y en lo social, para ir a lo jurídico. El gobierno está haciendo mal el ejercicio. Primero hay que solucionar las economías ilegales, la seguridad en las zonas de influencia. Es un hecho notorio que hay factores reales de poder que ejercen justicia en territorios.

¿Les vendieron una cosa en las cárceles y aparece otra en el papel?

Álvaro Leyva y Félix Plasencia Foto:Cancillería

Álvaro Leyva y el Gobierno hablaron en agosto de procesos de acogimiento. Luego se dio un retroceso grandísimo con la ley 2272 y el accionar del alto Comisionado, Danilo Rueda, donde solamente se privilegiaban las conversaciones con un solo grupo (el Eln) y unos cuantos privilegiados. Empezaron a excluir y a favorecer a ciertas personas y empezaron los escándalos: la resolución para el hijo de ‘la Gata’, la petición de levantar 16 con órdenes de captura a integrantes de bandas, criminalidad y la desautorización a las actividades de la sociedad civil que estaba realizado el abogado Pedro Niño.

No se está avanzando en una política pública de paz.

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¿Qué le falta al articulado, según usted?

No se habla de repatriación, sedición, extradición. De la legalización del cannabis para que no quede en manos de unos cuantos privilegiados. A mí no me prometieron nada porque nunca se reunieron conmigo. Pero sí con extraditables. Ellos se sienten defraudado con este Gobierno que les hizo unas promesas y no se están cumpliendo. Y también nosotros, como sociedad civil.

Se dijo que se iba a revaluar el tema de la extradición si aportaban a los procesos de paz. También están absolutamente desconcertadas organizaciones como Corporación Compromiso Colombia –de Michelle Pineda–, que trabaja temas de repatriación. Representan a una persona muy importante que no tuvieron en cuenta y que el Comisionado nunca los llamó a hablar.

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¿Qué va a pasar ahora?

El comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha estado en varias mesas de paz, instaladas en cárceles del país. Foto:Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Vamos a seguir insistiendo en un proceso de acogimiento, vamos a indicarle al Gobierno nuestras observaciones, lo perjudicial que puede ser esta normatividad, ya que no cumple con el objetivo que es la paz total. Vamos a pedir que los congresistas nos escuchen, les vamos a indicar cuáles son los nefastos de una norma y cuáles son las bondades de una ley de acogimiento.

¿Por qué nefasta?

En 2018, con la Ley 1908, nos opusimos también a esa ley de sometimiento. Cierra muchas puertas. Es simplemente una sumisión al código penal.

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¿Cuáles serán las consecuencias?

Hay una esperanza que el Congreso reevalúe esa normatividad. Ya que el alto Comisionado no nos escuchó, lo hagan los congresistas. Ya se pronunció el presidente del Congreso, Roy Barreras. Lo invito a un diálogo productivo.