Putumayo y Vaupés, sin contagios pero con contratos cuestionados

Las investigaciones de los organismos de control se han centrado en verificar sobrecostos y hasta falsedades por parte de funcionarios de entes territoriales que han aprovechado la emergencia por la pandemia para sellar millonarios contratos.

Ya hay gobernadores suspendidos, como el del Chocó, y con juicios disciplinarios y fiscales, como el de Arauca.

Sin embargo, hasta hora se está empezando a poner la lupa en regiones que aunque presentan cero casos de covid-19 han hecho contrataciones.

La Procuraduría ya anunció la apertura de la investigación disciplinaria y solicitud de suspensión al gobernador del Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, del partido ASI y Cambio Radical, por supuestos sobrecostos en la compra de diez ambulancias por 3.400 millones. La decisión cobija al secretario de Salud, Jorge Alberto Molina, y a las jefas de las oficinas de prestación y desarrollo de servicios, Fanny Chávez y Alexandra Benavides.

Además, el ente disciplinario revisa otro contrato en Vaupés, por 180 millones de pesos, con el ciudadano Cristian Espinosa Perdomo, el 13 de abril, quien fue contratado para prestar el servicio de transporte fluvial para garantizar el traslado de pacientes y sus acompañantes, y al equipo de vigilancia de la Secretaría de Salud departamental en la contención y mitigación del coronavirus.

En este caso se indaga un presunto sobrecosto. EL TIEMPO habló con el secretario jurídico, Andrei Díaz, quien argumentó que el traslado por vía fluvial se puede demorar 8 y más días y que por seguridad no se puede llevar combustible de almacenamiento junto con pasajeros, por eso van por separado.

Además, EL TIEMPO encontró que en Vaupés y Guainía contrataron vuelos chárter para el transporte de pacientes, personal médico, carga y equipos de vigilancia de sus secretarías de Salud. El de Vaupés se suscribió por 450 millones de pesos y fue firmado el 7 de abril, bajo la figura de urgencia manifiesta, con Avianline Charters S. A. S.

Se contrató “la prestación de servicios de transporte aéreo para garantizar el traslado de pacientes y sus acompañantes y al equipo de vigilancia de la Secretaría de Salud departamental en la contención y mitigación del coronavirus, covid-19”.

El secretario jurídico, Andrei Díaz, quien firmó el contrato, señaló que se suscribió ante el débil sistema de salud que tiene su departamento y el hecho de que resultaría catastrófico que se empezaran a registrar casos.

“Solo hay una empresa social del Estado con nivel I-II en Mitú para el manejo médico integral de la población, y no cuenta con la suficiencia de los elementos de protección ni se encuentra con camas de cuidados intensivos necesarios”, dijo Díaz.

Y agregó que sería indispensable remitir vía aérea a los pacientes para tratamiento y atención de la urgencia en II, III y IV nivel de atención en salud. Y si bien advirtió que el contrato se pagará de acuerdo con los servicios prestados, EL TIEMPO estableció que ya se han realizado vuelos.

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Sin embargo, advirtió que en ningún caso se tiene previsto transportar a personas con afecciones, sino que se llevaría a un médico para la valoración.

Pero el objeto del contrato sí menciona el traslado. Además, EL TIEMPO habló con los alcaldes de los municipios de Taraira y Carurú y manifestaron que a la fecha no habían recibido ninguna visita fluvial ni aérea de la Secretaría de Salud.

De hecho, manifestaron su preocupación por la alta población indígena que tienen y que no cuentan con el estado inmunológico para enfrentar la pandemia.

“Unos técnicos de esa secretaría llegaron por río a las proximidades del municipio a impartir clase pedagógica sin avisar y sin cumplir las medidas de seguridad: sin tapabocas. La Fuerza Pública no los dejó entrar por no tener permiso”, señaló el sábado pasado Fanny Narváez, alcaldesa de Carurú.

En el caso de Guainía, hay un contrato que se firmó el 27 de marzo, por urgencia manifiesta, con Guainía Tours, para “la prestación del servicio fluvial, terrestre, aéreo y carga para ejecutar acción de promoción, prevención, inspección, vigilancia, control, detección, contención, mitigación del riego, seguimiento y vigilancia epidemiológica de casos por covid-19 (…) transporte para pacientes o acompañantes en situación de población pobre, no afiliada del departamento afectados por el covid-19, y transporte de las muestras covid-19”.

El gobernador Juan Carlos Iral justificó el contrato en las condiciones geográficas del departamento, que tiene zonas rurales remotas que hacen complejo el y movilidad. Además, advirtió que colindan con Venezuela y Brasil, donde hay casos.

EL TIEMPO llamó a la zona no municipalizada y fronteriza de San Felipe y Ricardo Domínguez, de la junta de acción comunal, dijo que han tenido presencia en comisiones de la gobernación pero no han llegado ayudas e insumos de manera fluvial o aérea para enfrentar la pandemia, aunque las anunciaron.

William Camico, corregidor de La Guadalupe, dijo que, desde hace un mes, tienen a un funcionario de la Secretaría de Salud que llegó por vía fluvial “con pocos tapabocas e insumos de protección; se ha dedicado a dar charlas sobre lavado de manos y desinfección”. Agregó que están a pocas horas de San Gabriel, zona brasileña, que registra 26 casos: “Necesitamos más gente para contener los contagios. No hay puestos de salud ni médicos”.

UNIDAD INVESTIGATIVA