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Tambalea juicio de caso Reficar por nexo de jueza con Ecopetrol
Señalan que la firma en la que figura la jueza contrata con la petrolera. Buscan recusarla.
El Fiscal cree que EE. UU. extraditaría a personas de ese país que hayan delinquido en el caso de la Refinería de Cartagena. Foto: Yomaira Grandett / EL TIEMPO
Para el próximo 4 de noviembre está programada una de las audiencias preparatorias de juicio de uno de los casos de corrupción más sonados: la ampliación y modernización de la refinería de Cartagena (Reficar).
Desde hace más de un año fueron imputados pesos pesados del sector, entre ellos Reyes Reinoso, el expresidente de la refinería; Orlando Cabrales, exrepresentante legal; Pedro Rosales, exmiembro de su junta, y Felipe Laverde, su jurídico.
Orlando Cabrales Martínez, presidente de Reficar entre el 2009 y 2012. Reyes Reinoso Yáñez, presidente de Reficar entre el 2012 y el 2016. Pedro Alfonso Rosales Navarro fue vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol. Foto:Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO - Néstor Gómez / EL TIEMPO
También, Philip Asherman y Masoud Deidehban, representantes de CB&I, la empresa contratista, y hasta el revisor fiscal, Carlos Lloreda.
Pero el caso, que el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez calificó como "uno de los mayores escándalos de corrupción del país", puede quedar temporalmente en el limbo e incluso retroceder judicialmente.
Se trata de una reputada funcionaria de la rama judicial que ha ordenado varias actuaciones dentro del proceso. Entre otras decisiones, reconoció como víctima a Ecopetrol, actual dueña del ciento por ciento de Reficar.
También firmó un oficio, el pasado 27 de abril, en el que les informa a los apoderados de los imputados que aún no se ha culminado el descubrimiento probatorio.
Por eso los está citando a audiencia, para seguir impulsando el juicio por presunto interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad documental y enriquecimiento ilícito de particulares.
Dispetrocom aparece contratado con Ecopetrol para 'el suministro de combustible para puntos móviles'
Sin embargo, EL TIEMPO estableció que la jueza también figura en documentos de Dispetrocom Ltda. Se trata de una sociedad, creada en octubre de 1993, para la venta de lubricantes, combustibles, petróleos y derivados, según consta en escritura pública.
Dispetrocom aparece contratado con Ecopetrol para "el suministro de combustible para puntos móviles".
El apoderado de uno de los procesados le señaló a este diario que dicha firma tiene contratos con Ecopetrol.
Imagen de la audiencia contra los siete exdirectivos de Reficar y la firma CB&I. Foto:Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO
"¿Cómo puede tener uno una jueza que es contratista de su contraparte? Tenemos conocimiento de al menos 5 contratos, por 523 millones de pesos", aseguró. Y dijo que evalúan recusar a la jueza y que se indague si habría violado o no normas que impiden que servidores públicos contraten con el Estado.
Y señala que el artículo 126 de la Constitución dice que "los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o istren recursos públicos, salvo las excepciones legales".
Incluso, no descarta pedir que se establezca si Ecopetrol sabía del nexo contractual y si lo consideran una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
¿Hay inhabilidad?
EL TIEMPO se comunicó con la petrolera, que remitió la consulta a Reficar.
"En el calendario procesal está prevista la audiencia del 4 de noviembre, pero desconocemos la información de la jueza", dijo un vocero autorizado de la refinería.
También se llamó a la empresa, en donde dijeron que le informarían a la jueza que EL TIEMPO quería conocer su versión sobre la eventual inhabilidad que se señala. Pero al cierre de esta edición no había respondido.
Y si bien es jurídicamente viable que la jueza considere que no existe ningún tipo de inhabilidad o de incompatibilidad legal, el tema puede dilatar el inicio del juicio.
En todo caso, aunque los implicados insisten en su plena inocencia, para la Fiscalía es claro que "modificaron cláusulas y acuerdos, causando un sobrecosto que duplicó el presupuesto inicial de la refinería de US$ 3.700 a US$ 8.000 millones, y demoró tres años más el proyecto".