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Los cambios claves que propone el gobierno Petro al Código Penal

Se modificarían 62 artículos; se busca impulsar la justicia restaurativa.

Néstor Osuna, ministro de Justicia Foto: Ministerio de Justicia

04.01.2023 19:40 Actualizado: 05.01.2023 00:00

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El gobierno del presidente Gustavo Petro está socializando el borrador del articulado que busca reformar el Código Penal, proyecto que será presentado en el próximo periodo legislativo.

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El documento, de 46 páginas, que se ha enviado a académicos y a expertos para escuchar opiniones, plantea la modificación de al menos 62 artículos, y la derogación de 11, para reformar la política criminal, penitenciaria y carcelaria. Además, para echar a andar la justicia restaurativa que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha venido impulsando.

EL TIEMPO tuvo al borrador y en él se plantea, entre otras cosas, que la pena de prisión máxima para los tipos penales pase de 60 a 40 años, exceptuando los casos de concurso (en donde hay varios delitos).

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El proyecto también plantea cambios en el otorgamiento de la prisión domiciliaria. Actualmente, además de demostrar el arraigo del procesado, el beneficio contempla sentencias de 8 años. Ahora se propone subirla a 12.

Protestar no es concierto para delinquir

El detenido fue enviado a la cárcel, mientras sigue la investigación. Foto:Archivo EL TIEMPO

El artículo 9 del borrador presenta, además, la modificación al artículo 68 del actual Código Penal que hace referencia a la ejecución de la pena privativa de la libertad en la residencia del penado o centro hospitalario cuando éste padece una enfermedad.

Este beneficio se viene concediendo luego de obtener el concepto de un médico especializado, pero la modificación plantea que también se podrá acceder cuando se demuestre que la persona tenga “pérdida de autonomía y que se tornen incompatibles con la vida digna en reclusión”.

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También se propone la modificación al artículo 340 del Código Penal, el cual condena el delito de concierto para delinquir, manteniendo la pena de 4 a 9 años, pero deja claro que “en ningún caso se entenderá que las conductas que se desarrollan en el marco de la protesta social, el ejercicio de la libertad de reunión, asociación o manifestación, pueden dar lugar a la configuración del delito de concierto para delinquir, en sus modalidades simple o agravada”.

En las últimas jornadas de vandalismo han sido detenidas en flagrancia más de 100 personas y al menos 10 más con orden judicial. Foto:Cesar Melgarejo ET

En cuanto al delito de terrorismo, el proyecto también plantea que este no se configura “en el marco de la protesta social”.

El borrador, además, introduce que cada establecimiento penitenciario establecerá una comunidad terapéutica para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la promoción de un estilo de vida saludable en preparación para la libertad.

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Actualmente se concede rendición de pena por trabajo presencial, pero el proyecto contempla que un juez puede considerar otorgar el beneficio teniendo en cuenta el trabajo remoto. “En todo caso, deberá haber certificación del desarrollo de las mismas”.

‘Enfrentar la crisis'

Francisco Bernte, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Foto:Tomada de Cesjul

Para el jurista Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, en términos generales, este proyecto busca hacerle frente a la crisis penitenciaria y mejorar el funcionamiento de la justicia penal, a través de la modificación de algunos institutos hoy vigentes.

En ese sentido, resalta que “es un proyecto necesario, y muy bien encaminado, que, por demás, detecta los puntos donde están las dificultades y los retos”.

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Respecto de las derogatorias de delitos, Bernate señala que hay que dar el debate respecto de la eliminación de las faltas contra la integridad moral, como el que estipula el artículo 220 que condena con prisión de uno a cuatros al que haga a otra persona imputaciones deshonrosas.

“Si bien puede pensarse que se trata de comportamientos de escasa lesividad, la realidad es que en tiempos de redes sociales la afectación al buen nombre puede tener un alto impacto sobre la honra, que es un derecho fundamental”, dijo.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Este proyecto busca implementar penas alternativas además de la reclusión y una atención especial para la población pospenada, enfocada en lograr disminuir los riesgos de reincidencia, “por medio del acercamiento familiar y el impulso de la inclusión laboral”.

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