Cruce de versiones aumenta tensión por el contrato de los pasaportes en el país

La controversia por la adjudicación del contrato de los pasaportes a la empresa Thomas Greg se incrementó luego de que el canciller (e), Luis Gilberto Murillo, emitió un duro pronunciamiento al respecto.

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Su declaración llegó un día después de que José Antonio Salazar, el exsecretario de la Cancillería, firmó una resolución con la cual se adjudicó el millonario contrato de la producción de estas libretas. Aunque Salazar ha insistido en que el documento que él emitió tiene toda la validez, Murillo puso en duda que estuviera facultado para ello. El ministro (e) fue claro en señalar que “el secretario general no tenía competencia para revocar el acto istrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva Durán. Él declaró desierto el anterior proceso licitatorio LP 001 de 2023”.

Pese a esto, Salazar, en su resolución, tumbó dicha determinación de Leyva y por ello pudo adelantar la adjudicación.

Murillo informó que Salazar había sido notificado de su retiro el jueves de la semana pasada, es decir, un día antes de que el canciller (e) reasignó las funciones y le otorgó el poder a la Secretaría General para liderar todos los aspectos de la nueva licitación que estaba en curso.

Finalmente, el exsecretario terminó saliendo de su cargo este lunes luego de que en la noche se conoció el decreto con el cual se declaró su insubsistencia. “El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto (...)”, aseguró el primer presidente Gustavo Petro. En su declaración Murillo dijo que en el Ministerio están “examinando con rigor su actuación (la de Salazar) al asumir una competencia retroactiva”.

También puso en duda que actualmente estén disponibles los recursos para ejecutar el contrato que se le adjudicó a Thomas Greg por 599.000 millones de pesos, como estaba contemplado en la licitación original del 2023. Dijo que la decisión se adelantó “sin contar con el respaldo presupuestal necesario”.

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En este sentido, sostuvo que “no es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74-923 para el proceso contractual antes referido”. Igualmente, el ministro (e) confirmó que Salazar no le consultó la decisión –como el exfuncionario lo había insinuado en distintas entrevistas– y manifestó que, por tanto, sus actuaciones son “contrarias a las instrucciones del canciller (e)”. Por último, reafirmó que la nueva licitación (que reemplazaba la que adjudicó Salazar) se mantiene suspendida.

EL TIEMPO buscó al ahora exfuncionario –él asistió al Tribunal de Cundinamarca para notificar que con su decisión, según él, la demanda de Thomas Greg se cae–, quien dijo que “cuando se inició el proceso ya se tenía una reserva establecida para ello. Eso está en los certificados de disponibilidad presupuestal. Lo que sucede es que se tiene que trasladar la plata al nuevo contrato; es decir, la plata de la nueva licitación (416.000 millones de pesos) y del contrato de urgencia manifiesta”.

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Sobre el hecho de que Murillo no había dado el visto bueno, dijo: “Eso ya no es de mi competencia, existen actos istrativos que cuentan con respaldo legal y estaba dentro de las funciones que me delegaron”.

La polémica por el contrato de los pasaportes llevó a que se cancelara un coctel que se iba a realizar ayer para reconocer las designaciones de Laura Sarabia como directora del Dapre y de Luis G. Murillo como canciller (e). Quienes lo estaban liderando eran el embajador en Londres, Roy Barreras, y el embajador en Francia, Alfonso Prada. Barreras aseguró que resultaba “inoportuno” hacer este evento, pues Murillo “tiene otros asuntos urgentes que atender”

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