¿Alcanzará el presupuesto de educación para 2024 para todos los planes del Gobierno?

Durante su intervención en medio de las movilizaciones a favor de su Gobierno de este 27 de septiembre, el presidente Gustavo Petro habló de los proyectos de ley y de reforma a la educación que adelanta el ejecutivo, señalando que la plata para cubrir todos sus planes “no es suficiente”.

Y llama la atención que estas declaraciones se den días después de que se conocieran las últimas modificaciones al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2024, en el que, de nuevo, el sector educativo es el que recibe la tajada más grande, llegando a 70 billones de pesos.

Con todo ello, el presidente Petro fue enfático: “No es suficiente, por eso hay que hacer un acuerdo nacional para ver de dónde van a salir los recursos para que nuestra sociedad se eduque. La educación es lo que nos permite reducir la desigualdad social. La educación es fundamental para la sociedad colombiana”.

No se trata de una afirmación que se deba tomar a la ligera. Las ambiciones del Gobierno en materia educativa son enormes, con metas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que muchos han calificado como de muy difícil cumplimiento. A esto se suman los esfuerzos económicos superlativos que implicará cumplir con la recién aprobada ley de gratuidad en la educación superior, así como con los dos proyectos bandera del Ministerio de Educación en la materia: el de ley estatutaria que establece la educación superior como derecho fundamental, así como el de reforma a la ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia.

Con todo ello, no está de más decir que el incremento presupuestario que se plantea para el otro año para la educación es considerable. Y es que, con todo y adición presupuestal, los recursos para el sector en 2023 fueron de 57 billones de pesos. El proyecto para 2024 destina 70 billones de pesos.

Esto implica 13 billones de pesos adicionales y un incremento del 22 por ciento, uno de los más altos de los últimos años.

Estos 70 billones representan el 14,01 por ciento de todo el gasto público planteado por el proyecto del PGN, que en total suma para todos los sectores un total de 502,5 billones de pesos.

Se trata de una cifra a destacar. Y es que educación no solo se lleva la porción más grande de la torta, sino que con esto, el país está destinando, en promedio, más para el sector que el 2023, cuando, teniendo en cuenta la edición presupuestal, los recursos de educación fueron el 13,47 por ciento del gasto público.

A esto hay que sumarle que Colombia queda en este indicador muy bien ubicado en el escenario internacional. De acuerdo con el informe Panorama de la Educación 2023 publicado por la Ocde, el promedio de gasto público destinado a educación por parte de los países de la organización es del 10 por ciento. El país quedaría cuatro puntos porcentuales por encima.

Otro punto positivo a tener en cuenta: El incremento en el presupuesto del sector educativo, que sería del 22 por ciento, porcentualmente dos veces más alto que el valor de la inflación que prevén los expertos para el cierre del año, que según la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo estaría entre el 9,1 y el 9,8 por ciento, y de acuerdo con la Encuesta del Banco de la República estaría entre el 9,55 y el 10,87 por ciento.

Pese a las buenas noticias que, a priori, significaría este aumento para el sector, la verdad es que, en detalle, hay algunos aspectos que, según expertos consultados por EL TIEMPO, deben ser considerados como algo preocupantes.

Uno de esos puntos es la repartición de los recursos. De todo el presupuesto de 2024 en educación, el 88 por ciento (62 billones de pesos) iría a funcionamiento, mientras que el 12 por ciento restante (8,3 billones) sería destinado a inversión.

Este ha sido, más o menos, el comportamiento histórico de un sector que alberga, solo en el sector oficial, a más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes en educación preescolar, básica y media, y a 1,3 millones de jóvenes en educación superior, con todos los costos que esto implica en salarios de profesores, trabajadores, infraestructura, etc.

Lo que llama la atención es que el porcentaje destinado a inversión tendría una caída con respecto al 12,9 por ciento de 2023, lo cual no deja de ser contradictorio si se tienen en cuenta las ambiciones del Gobierno.

Volviendo a las palabras del presidente Petro al reconocer que “no es suficiente” y que “hay que hacer un acuerdo nacional para ver de dónde van a salir los recursos para que nuestra sociedad se eduque”, es necesario recordar cuáles son las apuestas del ejecutivo con el sector.

El Plan Nacional de Desarrollo establece metas que requerirán de enormes esfuerzos en inversión, así como garantizar recursos permanentes para su sostenimiento.

“Empezando por la meta de 500.000 nuevos cupos en educación superior, claramente se necesita voltear la mirada a invertir. En otros países con sistemas educativos más saludables financieramente, el funcionamiento no es el 90 ni el 80 por ciento, de hecho se acerca al 70 por ciento, lo que da un amplio margen para destinar recursos a nuevas políticas, infraestructura, ampliación de coberturas, temas de calidad, entre otros”, sostiene el analista Ricardo Rodríguez.

Esta meta, de la que algunos sectores dicen no ver aún avances a más de un año de Gobierno, como lo destacaron recientemente los rectores del Sistema de Universidades Estatales (SUE), requerirá, por ejemplo, la construcción de infraestructura en las regiones, dado que el plan es aumentar la cobertura en zonas donde el a la educación superior es precario. Esto se haría con programas como ‘Universidad en tu territorio’.

Otras metas del PND que demandarán mayores recursos son la ampliación de la cobertura de primera infancia a 2,7 millones de niños, y la universalización del Programa de Alimentación Escolar (PAE), pasando este cuatrienio de una cobertura del 76 por ciento al 95 por ciento. También se espera que el PAE sea entregado ahora en temporada de vacaciones.

No se puede perder de vista que, de aprobarse el proyecto de ley estatutaria de educación como derecho fundamental, se harán necesarios recursos, por ejemplo, para ampliar la cobertura de la educación media (grados décimo y once).

Y es que en el país actualmente estos dos grados no son obligatorios, por lo que muchas regiones no cuentan con la capacidad para atender a poblaciones entre los 15 y 18 años. Pero con el proyecto sí lo serían, lo que implicaría recursos adicionales.

"En décimo u once tenemos una cobertura del 49,2 por ciento, cuando el promedio de la Ocde es del 70 por ciento. Si hablamos de aumentar la cobertura en educación superior, debemos ver primero a este tipo de personas que ni siquiera pudo llegar a grado once", mencionó al respecto la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa.

Caso similar es el de la primera infancia, donde se busca ampliar la cobertura de prejardín y jardín, cursos que hoy tampoco son obligatorios.

Y ese mismo mencionado proyecto de ley estatutaria habla de hacer de la educación superior un derecho fundamental, lo que será, sin duda, otro esfuerzo financiero.

Con respecto a la reforma a la educación superior, uno de los aspectos clave es el incremento de la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas del país, que actualmente arrastra un déficit fiscal que se calcula entre los 15 y 18 billones de pesos.

El proyecto incluye un nuevo cálculo para dicha base presupuestal mucho más ajustado a la realidad de las universidades, pero así mismo más costoso para la Nación.

Al ser preguntada en distintas oportunidades por EL TIEMPO con respecto a la fuente de recursos que cubrirá todo esto, la ministra Vergara ha señalado que el Mineducación trabaja conjuntamente con el Ministerio de Hacienda para hallar las fuentes de recursos que permitan estas transformaciones.

De momento, una de esas posibles fuentes es el Sistema General de Participaciones (SGP), que se trata de una enorme bolsa de dinero que destina la Nación para educación, salud y saneamiento básico.

Actualmente, solo este rubro representa alrededor del 60 por ciento de los recursos de la educación. Sin embargo, esta plata actualmente no está alcanzando y, en su momento, el exministro Alejandro Gaviria destacó que habría un déficit para el sector de 2 billones de pesos.

Por ello, mineducación trabaja en una menos mediática reforma al SGP que garantice más dinero para la base presupuestal del sector, lo cual según analistas consultados por este diario es necesario no solo para implementar las reformas, sino para garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de los colegios del país.

Al respecto, la ministra Vergara destacó que ya está en curso la mesa técnica para la reforma al Sistema General de Participaciones, y se espera que en el primer semestre de 2024 se conozca el primer borrador del proyecto.

REDACCIÓN EDUCACIÓN