El polémico proyecto de ley para que haya elección directa de rectores en universidades

Paralelo al proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 (el cual regula a la educación superior en Colombia) que adelanta el Ministerio de Educación, y del cual ya se conoce un borrador, hay otros proyectos que ya cursan en el Congreso de la República que también quieren modificar aspectos importantes de esta ley que lleva más de 30 años rigiendo al sector.

Uno de los que más ha llamado la atención es el presentado por el representante a la Cámara de la Alianza Verde, Jaime Raúl Salamanca, el cual se encuentra a la espera de su segundo debate en el Congreso y plantea un punto polémico que genera simpatía en unos, así como temores en otros: que la elección de los rectores de las universidades públicas sería mediante el voto de estudiantes, profesores y trabajadores de la respectiva institución.

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El proyecto 247 de 2022, impulsado bajo el lema de “Democracia universitaria”, recoge el que ha sido uno de los llamados de gran parte del movimiento estudiantil y profesoral en el país. Y es que este sector argumenta que la elección de los rectores termina recayendo en gran medida en manos del Gobierno, por lo que el rector de turno sería, en sus palabras, “una ficha del presidente y el Ministerio de Educación”, según explicaron a EL TIEMPO algunas fuentes del movimiento estudiantil.

Concretamente, el proyecto busca modificar dos artículos de la mencionada Ley 30: el 64 y el 66, los cuales hablan de la composición del Consejo Superior Universitario (máximo órgano de estas instituciones) y la elección del rector.

En ambos artículos se incluye el concepto de “democracia universitaria” como mecanismo de elección.

En el caso del artículo 66, se establece textualmente que el rector “será elegido mediante mecanismos de democracia universitaria, que impliquen la participación vinculante de los estamentos estudiantiles, profesorales y del personal istrativo. Su designación la realizará el Consejo Superior Universitario, atendiendo al resultado del mecanismo”.

En otras palabras, las universidades deberían implementar mecanismos de elección democrática en la que los estudiantes, profesores y personal istrativo decida el nombre del rector, cuyos resultados serán vinculantes, es decir, acatados por el Consejo Superior.

Esto cambia radicalmente como se hace actualmente, dado que la designación de rector la hace hoy directamente el Consejo Superior Universitario de cada institución. Existen mecanismos como consultas en las que la comunidad educativa da a conocer su opinión sobre los candidatos (como ocurre hoy en la Universidad Nacional). Sin embargo, dichos resultados no son vinculantes.

Si bien hay representantes de la comunidad estudiantil que insisten en la necesidad de la elección democrática de los rectores, y de hecho esta postura se ha propuesto repetidamente en las mesas de trabajo de la reforma a la Ley 30 que adelanta el Ministerio de Educación, los cuestionamientos a este mecanismo también son muchos.

Uno de ellos fue dado por el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela: “Si bien no nos cerramos a hacer cambios en los gobiernos universitarios, hay cosas que podrían llegar a ser inconstitucionales, pasando por encima de la autonomía universitaria (las universidades deben ser autónomas en cuanto a la conformación de sus órganos de gobierno), lo cual podría ser demandado ante la Corte Constitucional”.

Y es que la autonomía universitaria es un tema que es delicado entre quienes trabajan en el sector de la educación superior. Hacer vinculante el voto estudiantil, sostienen algunos, afectaría la autodeterminación de los Consejos Superiores.

“Y existe otro problema que es de mucho cuidado, y es la politización de las universidades. Todo proceso de elección, y más en entornos como estos, instituciones que manejan importantes recursos, puede ser objeto de intereses políticos. No sería raro, eventualmente, ver partidos políticos haciendo campaña por una rectoría”, sostiene el analista educativo Ricardo Rodríguez.

Otra de las modificaciones que traería es un cambio en el artículo 64, el cual habla de la composición de los Consejos Superiores Universitarios. El texto daría un puesto adicional a los estudiantes (pasando a dos representantes), mientras que le quitaría uno al Gobierno (eliminando al representante designado por el presidente de la República).

Así mismo, establece que esos dos representantes estudiantiles, así como el puesto que ocupan las directivas académicas, profesores, egresados y los exrectores también sean elegidos por medio de “democracia universitaria”.

Es importante recordar que el proyecto de reforma a la Ley 30 que adelanta el Gobierno, de la que ya hay un borrador, también incluye cambios en el gobierno universitario, en especial en la composición de los Consejos Superiores, en los que se le da, en la primera versión del articulado, más representación a estudiantes, docentes y trabajadores.

Y pese a que en las mesas técnicas la elección directa del rector estuvo siempre como un reclamo del movimiento estudiantil, el texto hasta ahora conocido (puede haber modificaciones) no incluye este polémico punto.

Es importante señalar que el Ministerio de Educación señaló la intención de trabajar junto a los congresistas que han propuesto ese y otros proyectos que modifican la Ley 30 para conocer sus aportes y tener en cuenta algunos puntos de ellos.

REDACCIÓN EDUCACIÓN