Lo que dijeron Gobierno, rectores y expertos sobre la reforma educativa

El futuro de la educación en Colombia está en juego por cuenta de dos proyectos de ley que adelanta el Gobierno. Así fue reconocido por representantes del Ministerio de Educación, expertos nacionales e internacionales y rectores de universidades en el foro ‘¿Para dónde va la reforma de la educación superior?’, organizado en conjunto por EL TIEMPO y la Universidad de los Andes y que se llevó a cabo ayer en el auditorio Mario Laserna de esta institución.

Los proyectos en cuestión es el de Ley Estatutaria 224 de 2023, radicado ante la Cámara de Representantes el pasado 12 de septiembre, el cual regula la educación, en todos sus niveles, como un derecho fundamental, y el de reforma a la Ley 30 de 1992, del cual ya se conoce un primer borrador.

Durante el encuentro, la ministra de Educación, Aurora Vergara, explicó en qué consiste el proyecto ya radicado y señaló la urgencia de garantizar el derecho fundamental a la educación superior, en especial en las regiones más vulnerables. Y es que, si bien en Colombia la cobertura en este nivel es del 54,92 por ciento, el promedio de los países de la Ocde es del 70 por ciento, y hay regiones que se ven bastante rezagadas, como es el caso de Vaupés (2,91 por ciento), Vichada (6,34 por ciento) y Arauca (6,78 por ciento).

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A esto se suma que con ambos proyectos, el Gobierno pretende avanzar en la meta de 500.000 nuevos cupos en educación superior, acabar con el déficit fiscal de las universidades públicas, garantizar la gratuidad en las instituciones oficiales, así como modificar los órganos directivos de las universidades. De ahí que esta iniciativa haya suscitado un intenso debate.

A propósito, en el evento se realizó una robusta conversación en la que participaron personajes de la talla del exrector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman, la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, y los rectores de los Andes (Raquel Bernal), Eafit (Claudia Restrepo), Universidad de Antioquia (John Jairo Arboleda), la Javeriana (Luis Fernando Múnera) y la Universidad Simón Bolívar (José Consuegra, también presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascún), representantes estudiantiles y expertos internacionales como Anna Pons, analista y jefa de proyectos en la Dirección de Educación y Competencias de la Ocde, y Francisca María Arbizu, experta internacional en marcos de cualificaciones de la delegación de la Unión Europea, quienes, con cifras en mano, compararon el caso colombiano con otras latitudes.

Reconocer el sistema mixto de educación superior, incluir las diferentes modalidades de educación posmedia, la calidad, la pertinencia, responder a las necesidades de los jóvenes y el mercado laboral, el futuro del Icetex y el gobierno universitario fueron solo algunos de los puntos que se trataron durante el foro.

La ministra de Educación, Aurora Vergara, señaló que estos proyectos reflejan una urgencia en el Gobierno por reducir las brechas en la educación superior en Colombia.

“Estamos en un momento inédito e histórico para la educación. Tenemos la oportunidad de reflexionar, no solamente cómo la vamos a financiar, sino también cuáles son los ejes de trabajo donde vamos a centrar nuestra atención. Estamos hablando de , de cuáles acciones debemos tomar con la política de gratuidad, financiamiento a la oferta y la demanda, y muchos otros aspectos”, expresó la ministra con respecto al proyecto de ley estatutaria.

Ante ello, la funcionaria destacó que uno de los principales problemas para garantizar el a niveles superiores tiene que ver con que, actualmente, los grados décimo y once no son obligatorios.

“Más del 50 por ciento de los estudiantes en entornos rurales desertan por condiciones dolorosas como limitación de al agua, alimentación, o que, simplemente, las escuelas no llegan a grado once. Por eso no pueden entrar a la universidad y por eso el proyecto expresa de manera explícita que la media, décimo y once, será obligatoria”, señaló.

Frente a la cobertura del sistema de educación superior, Vergara resaltó la desigualdad en las diferentes regiones y la necesidad de llegar a los territorios. Y es que mientras hay ciudades donde este indicador supera el 100 por ciento, existen otras donde no llega al 10 por ciento.

El exrector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman fue bastante crítico con los articulados de los dos proyectos legislativos bandera del Ministerio de Educación.

En cuanto al proyecto de ley estatutaria, el académico sostuvo: “Estoy absolutamente de acuerdo con el diagnóstico y las acciones que hay que tomar. Mi única observación es que hoy no hay nada que nos impida hacer las transformaciones en educación inicial y media, o aumentar la cobertura en superior. Esta ley puede existir o no existir, pero no obliga a nada ni resuelve un problema que impida que las cosas se hagan”.

Y agregó: “Preocupa que tenemos una gran tendencia a preferir las declaraciones a las acciones”.

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Con relación a la Ley 30 de 1992, considera que no atiende los verdaderos retos a los que se enfrenta el sector, por lo que pidió que en la segunda versión del proyecto, que se conocerá en los próximos días, haya grandes avances con respecto a la versión dada a conocer el pasado 20 de julio.

“Uno esperaría que se resuelvan serios problemas de la primera, que es una versión anclada en el pasado, en la corrección de una ley de hace más de 30 años que no contempla los nuevos retos, las nuevas tecnologías, internacionalización, el cambio rápido de las profesiones, y otros aspectos. Necesitamos una ley que enfrente el futuro y no que solo corrija algunas cosas que fallaron en el pasado”, insistió.

“La clasificación de ocupaciones de Colombia dice que el 65 por ciento son de nivel práctico y técnico, de mediana y alta complejidad; es decir, trabajos operativos. Las ocupaciones del sistema productivo colombiano de alta gerencia son solo el 28 por ciento. La oferta académica del país es al revés, es 70 por ciento académica-teórica y 30 por ciento, técnica y tecnológica, con el agravante de que la técnica y la tecnológica no son de la mejor calidad”.

“Hay que trabajar de la mano de las universidades, escuchando a los jóvenes, y mirar qué pasa en el mundo. El llamado que le hemos hecho al ministerio es mirar la experiencia de Jóvenes a la U, en Bogotá, donde tenemos una deserción del 2 por ciento. Pero esto exige escuchar a los que saben, los que han estudiado el sistema. Quedarnos mirando opiniones y posturas similares nos puede hacer daño pensando en una reforma hacia el futuro”. 

“Es necesario insistir en la inclusión de la educación posmedia. Me preocupa no ver en la estatutaria a la educación para el trabajo y el desarrollo humano. También debemos olvidarnos de ese falso dilema de enfrentar a las universidades públicas y privadas. El sistema debe ser mixto. El verdadero dilema es el de la calidad, porque peor que no tener cobertura y para todos es que sí lo haya con una oferta académica de mala calidad”.

“En la ley estatutaria se afirma el derecho a la educación, en lo que estamos todos de acuerdo. Pero nos preocupan los mecanismos para garantizar ese derecho. De la reforma de la Ley 30 preocuparía que no se tengan en cuenta todas las dimensiones de un sistema de educación posmedia, de un sistema nacional de cualificaciones, y que los programas que vienen de fuera del país o de plataformas digitales no tiene regulación”.

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“En la primera versión de la reforma de la Ley 30 se habla de algunas facultades adicionales del ministerio en la vigilancia al sector. Me parece que hay un conflicto de intereses cuando el que regula es el mismo que establece las dinámicas. Pero además hay un asunto de la entraña de la universidad pública en particular, que es la autonomía. Hay una línea muy delgada entre la vigilancia y afectar la autonomía. Por eso debe haber parámetros claros”.

REDACCIÓN EDUCACIÓN