El decreto que prepara el Ministerio de Educación para terminar con los megasalarios de los profesores universitarios (y por qué es polémica la norma actual)

Al interior del Ministerio de Educación se prepara un decreto que busca modificar la manera en que se calcula el salario de los profesores de las universidades del país, con el fin de acabar con los llamados “megasalarios” de los docentes, un tema que causa mucha polémica, dado que hay casos de maestros con sueldos mucho más altos que el de los congresistas (algunos casos de 68 o hasta 80 millones de pesos).

EL TIEMPO pudo conocer que el documento ya está redactado y que solo está a la espera del visto bueno del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien a su vez es uno de los mayores impulsores de modificar el elaborado mecanismo con el que los docentes pueden incrementar, casi de manera ilimitada, año a año su salario.

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De hecho, Rojas hace unos días, en un foro de la Universidad del Valle, señaló por qué considera que es necesario hacer esta modificación que, de hacerse realidad, puede resultar positivo para las finanzas de las universidades, pero recibir el rechazo de los profesores, que verían limitadas sus posibilidades de recibir un mejor salario, según como quede la redacción, la cual, hasta el momento, sigue siendo un secreto para el sector.

Esta norma hace parte de un paquete de dos decretos que Rojas anunció en dicho foro, siendo el otro el de formalización laboral docente, para incluir a los profesores que no se encuentran en la base salarial de las universidades.

Pero en lo que respecta a los llamados “megasalarios” y el mecanismo de puntaje establecido por el decreto 1279 de 2002, Rojas señaló:

“Con el respeto que se merecen, porque me dicen que yo soy grosero, estoy hablando con mucho respeto, pero hay otros profesores y otras profesoras que se ganan 60, 70 y 80 millones de pesos porque publican hasta 12, 14, 15 publicaciones de investigación al año. Yo me pregunto, qué capacidad de producción intelectual, mis respetos. Pero ¿quiénes son los que verdaderamente los escriben? ¿Los monitores, los profesores hora cátedra, los estudiantes (a quienes ni siquiera se les da un almuerzo digno)? Pues eso se acaba, y vamos a modificar el decreto 1279 para que esa élite se acabe y pueda haber una nivelación muchísimo más justa”.

Respecto a por qué hacerlo vía decreto y no por una ley de la república, Rojas dijo: “Lo que pueda sacar por decreto, lo saco por decreto. Lo que haya que llevarse al Congreso de la República se lleva allá y lo que haya que pelear en las calles, se pelea en las calles. Y si tenemos que pelear con nuestros propios compañeros que en la Hacienda Pública nos dicen que hay restricciones presupuestales, pues el presidente de la República ha sido muy claro: Si aquí hay crisis fiscal, la pagan los ricos, pero jamás la van a pagar los pobres, y mucho menos la universidad pública”.

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Pero, para entender por qué el decreto 1279 es tan polémico, por qué el Gobierno busca cambiarlo, y por qué para algunos modificarlo puede ser un retroceso en materia de derechos laborales, es necesario entender cómo funciona el salario de los profesores de las universidades públicas.

En este punto es necesario tener en cuenta varias consideraciones. En primer lugar, que no es lo mismo trabajar en una universidad pública o privada, dado que la forma de calcular el salario es diferente en ambos casos.

Segundo, que hay muchas formas de ser profesor: algunos son de planta, a tiempo completo, a tiempo parcial o de hora cátedra. En el sector público, además, una persona de planta puede tener una clasificación por escalafón, pasando de profesor auxiliar, instructor asistente, asociado o titular.

La forma de calcular los salarios de los profesores en las públicas es mediante puntos, cuya asignación rige de acuerdo con el decreto 1279 de 2002. Cada punto tiene un valor en pesos que se incrementa cada año por medio de un decreto salarial emitido por el Departamento istrativo de la Función Pública. De esta forma, entre más puntos, más alto el salario.

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Para el año 2024 el valor del punto está en $20.895. Y los puntos tienen, a su vez, muchas formas de acumularse, y se pueden incrementar de acuerdo con diferentes variables, pero no se reducen. Es decir, el puntaje que tiene un docente lo mantiene mientras siga siendo profesor universitario y no se le descuentan puntos.

Se otorgan puntos por nivel formativo (si estuario pregrado, especialización, maestría o doctorado), por escalafón (si es profesor auxiliar, instructor asistente, asociado o titular), por cada año vinculado como docente, productividad académica, actividades de dirección académica o istrativas, desempeño destacado en las labores de docencia y extensión, y experiencia calificada.

De esta forma, los docentes no solo estudian para mejorar su salario, sino que también procuran publicar la mayor cantidad de artículos, ensayos, libros o publicaciones científicas.

Además, si son invitados como conferencistas o profesores invitados en otras universidades dentro o fuera del país, también pueden acreditar esta experiencia.

Y aunque todo esto puede leerse como un incentivo para que los docentes hagan esfuerzos para mejorar la calidad y producción académica y científica, también se han visto casos polémicos.

Un caso que llamó la atención se dio en el año 2022, cuando un docente de la Universidad Francisco de Paula Santander registró en un solo año 12 libros y 106 artículos. Con esto, su salario, de por vida, pasó de ser en su momento de $6 millones de pesos a $29 millones de pesos.

También hay casos como los denunciados a principio de año en la Universidad Nacional donde se encontraron casos de profesores con sueldos de más de 68 millones de pesos (más de lo que gana un congresista).

Y además, algunos argumentan que la asignación de puntos, que debe ser verificada y aprobada por un comité de cada universidad, puede ser un foco de corrupción. Se han dado casos de rectores señalados de favorecer la aprobación de puntos adicionales a amigos o familiares.

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Pero, desde la otra orilla, están los docentes, quienes ven esta asignación de puntaje como un mecanismo para reconocer la excelencia y los esfuerzos en la producción de conocimiento, mejorar la calidad, y premiar a los profesores más destacados.

A esto se suma, explica el analista educativo Ricardo Rodríguez, que se considera al decreto 1279 como un derecho adquirido: “Este decreto estableció un nuevo régimen salarial que premiaba al maestro, más que por la docencia, por su producción. Pero, aunque tal vez no fue lo más acertado, se creó un mecanismo que efectivamente mejora la base salarial docente, y eliminarlo o restringirlo para mucho restringe un derecho laboral ya adquirido”.

De cualquier forma, para las universidades, el 1279 se ha convertido en todo un problema, y más aún en un contexto en el que las instituciones públicas arrastran con un gran déficit presupuestal (como es el caso de la Universidad de Antioquia, que a duras penas consiguió los recursos para terminar el año académico).

Las últimas cifras reveladas al respecto por el Sistema Estatal Universitario (SUE), el cual reúne a todas las universidades públicas del país, revelaba que el sector para 2022 estaba en deuda de pagar al menos 200.000 puntos a sus docentes, lo que en su momento, con el valor del punto para ese año a $16.441, sumaba una deuda de $3.200 millones de pesos cada mes.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Subeditor Vida - Educación