La carrera contrarreloj por solucionar la contratación de la salud de los maestros

El futuro del sistema de salud del magisterio, en estos momentos, está en el aire. Con un proceso licitatorio supendido hace cuatro meses, sin que haya a la vista uno nuevo en camino, y con una tercera prórroga a los cuestionados contratistas actuales que vence en dos meses, hoy los maestros y maestras de Colombia no saben qué va a pasar con su salud cuando termine el mes de abril.

La única esperanza a la vista está en las negociaciones que adelanta el Gobierno con la federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), de las que se espera acordar y poner en marcha, en una carrera contrarreloj, una reforma, un nuevo modelo, para la salud de los profesores.

El problema data del pasado mes de octubre, cuando el presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de las 10 licitaciones con las que se iban a decidir los nuevos operadores de la salud de los docentes, esto debido a serios indicios de corrupción.

Se trata de jugosos contratos que, unidos, suman 13 billones de pesos para los próximos cuatro años.

Esta decisión vino acompañada de una más: extender por seis meses los contratos de los 10 operadores actuales, algunos de ellos cuestionados por indicios de corrupción, así como serias falencias en la prestación del servicio (el del magisterio es hoy el sistema que registra más quejas por cada 10.00 s, por encima de cualquier EPS, de acuerdo con información de la Superintendencia de Salud).

Esta sería, además, la tercera prórroga de un contrato que tendría que haber terminado a finales de 2022. La primera venció el 31 de mayo de 2023, la segunda el 31 de octubre pasado y la tercera el 30 de abril de este año.

En este punto es importante recordar que el régimen de la salud de los maestros es exceptuado, es decir, es distinto al del resto de los colombianos. Los profesores hacen un aporte a su salud y el Gobierno, como su empleador, hace lo propio en los mismos porcentajes establecidos por ley. Dicho dinero cae en una bolsa común: el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que cuenta con 818.960 afiliados, entre docentes, directivos docentes y sus familiares.

El Fomag es el fondo que reúne no solo los recursos de la salud del magisterio, sino también de las demás prestaciones, como los aportes a pensión y cesantías. La Fiduprevisora es la entidad mixta (adscrita al Ministerio de Hacienda) que istra esta bolsa conforme al contrato de fiducia mercantil suscrito con el Gobierno Nacional.

Es la Fiduprevisora la que abre las licitaciones y asigna los operadores. A la fecha, esta entidad  no ha abierto nuevamente las licitaciones porque los planes del Gobierno son otros: modificar el modelo de atención de la salud de los maestros.

El problema es que el tiempo es poco, dado que en abril vence la prórroga actual, lo que dejaría descubiertos a los más de 800.000 maestros, directivos docentes y sus familiares.

EL TIEMPO pudo conocer que Gobierno y Fecode vienen trabajando en el nuevo modelo. De hecho, el Ministerio de Salud ya tendría una propuesta próxima a ser discutida con el sindicato de maestros.

Esta sería la segunda versión de este nuevo modelo, la primera fue presentada el pasado mes de enero, pero finalmente fue rechazada por Fecode. Fuentes al interior del Sindicato le confirmaron a este diario que el punto que ha causado mayores dificultades en las negociaciones tiene que ver con el enorme reto logístico de prestar un servicio óptimo a docentes en regiones donde no existe infraestructura médica.

De cualquier forma, la apuesta del Gobierno con su nueva propuesta modificaría de manera considerable la manera en que los maestros reciben servicios en salud.

El nuevo modelo dejaría de dividir al país en 10 regiones para la contratación de los operadores. Por el contrario, se busca un sistema más parecido al que el Gobierno pretende implantar en la reforma a la Salud. Es decir, que la atención de los pacientes se dé en los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) más cercanos a su lugar de residencia y trabajo.

Estos Caps no serían exclusivos para los maestros (hoy los centros que atienden a esta población son distintos al del resto de los colombianos). En caso de que se requiera una atención especial, se remitiría a centros regionales que presten servicios de alta complejidad.

Todo esto derivaría en una situación: No más licitaciones ni contratación de operadores. Por el contrario, el Fomag, que seguiría teniendo sus recursos istrado por la Fiduprevisora, pagaría de manera directa los servicios a los Caps, sin intermediación de alguna IPS.

Con esto, dijeron fuentes del Mineducación a EL TIEMPO, se espera acabar con los frecuentes casos de corrupción en estos procesos de contratación.

Pero habría otro cambio fundamental y con el cual se busca reducir los elevados costos del sistema de salud del magisterio.

Para ello, ya no se pagaría por Unidad de Pagos por Capitación (UPC). Hoy en día, este concepto para los maestros es mayor al del resto de la población, ya que la UPCM (UPC para el magisterio) se calcula en 1,62 veces el valor de una UPC.

De esta forma, se espera que el pago que se haga por cada afiliado sea por complejidad, lo que quiere decir que se pagará a los Caps y hospitales por los servicios prestados. Para ello, cada uno de estos centros contará con un manual tarifario.

El nuevo modelo también pretende suplir algunas falencias del actual, denunciadas varias veces por el magisterio, como la falta de un enfoque en prevención, la dificultad para acceder a citas médicas y dispensación de medicamentos, entre otros.

La principal preocupación con este nuevo modelo es el tiempo. Con dos meses para que venzan los contratos actuales, tanto Fecode como Gobierno buscan acelerar el paso para no dejar descubiertos a los afiliados del Fomag.

Pero la implementación del modelo también preocupa. Y es que, aún cuando se llegue a un acuerdo, no es posible saber si el nuevo sistema podrá ponerse en marcha a partir del mes de mayo.

Desde Fecode sostienen que el Gobierno, en su propuesta, deberá ser claro en cuanto a los tiempos y procesos de transición. Y es que la logística de un nuevo mecanismo de atención y pagos demandará de infraestructura, de una reglamentación, entre otras cosas.

Y mientras eso se logra, ¿qué pasará con los más de 800.000 afiliados? ¿Habrá una nueva prórroga de los contratos actuales? ¿Al ser un modelo similar al que plantea la reforma de la salud, el éxito o fracaso de la misma en el Congreso impactará en lo que ocurra con los maestros?

REDACCIÓN EDUCACIÓN