Lamentable: Universidad Pedagógica se cae a pedazos, ¿qué hay detrás?

Techos a punto de caer, grietas en las paredes, funcionarios que acuden a sus oficinas con paraguas abiertos cuando hay lluvia, tuberías oxidadas, redes eléctricas a punto de hacer corto circuito, pisos levantados, agrietados y destruidos. Eso es lo que se aprecia actualmente en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, en la ciudad de Bogotá.

Se trata de imágenes tomadas por la propia universidad como parte de un diagnóstico de su infraestructura, en un intento por evidenciar las complejas condiciones con que trabajadores, profesores y estudiantes acuden al centro académico cada día.

“Particularmente se viene presentando una situación crítica en la sede de la calle 72 y en otras instalaciones. No es un problema coyuntural, sino que queda en evidencia que las cubiertas están afectadas, nos estamos inundando de manera recurrente. Pero es también un tema estructural”, expresó al respecto Alejandro Álvarez Gallego, rector de la Pedagógica.

De acuerdo con la universidad, las instalaciones se encuentran en un alarmante deterioro, los edificios funcionan sin el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad, reglamentadas para las instalaciones físicas de las instituciones educativas, en condiciones de hacinamiento y sin la capacidad, desde hace tres décadas, para garantizar inversiones a la infraestructura, no solo para ampliar la capacidad instalada, sino para mantener en condiciones adecuadas a la existente.

Así lo explicó Álvarez: “Hay un problema con la financiación de las universidades públicas, particularmente de la Pedagógica, nos ha llevado a que tengamos un déficit en la inversión para hacer mantenimiento de la infraestructura durante tres décadas”.

Y agregó: "Tenemos una imposibilidad para seguir ampliándonos en los espacios necesarios para albergar el aumento en el número de estudiantes. Tenemos cada vez más matrículas, desde el año 2000 hemos triplicado el número de estudiantes, lo que ha causado un hacinamiento enorme. Es la segunda universidad del país con los niveles de hacinamiento más críticos".

Y es que la universidad actualmente cuenta con cerca de 9.000 estudiantes en pregrado, de 1.000 en postgrado, 2.000 aproximadamente en idiomas, y 1.500 en primera infancia, preescolar, básica y media. Esto es un poco más de 13.000 estudiantes, cuando hace veinte años este número era un poco inferior a los 5.000 estudiantes.

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Sin embargo, pese al incremento en la población estudiantil, y su respectivo aumento de la planta docente, la capacidad instalada de la infraestructura se ha mantenido casi idéntica desde hace tres décadas.

Como resultado, la universidad ha tenido que recurrir a arrendar espacios para operar sus oficinas istrativas, los programas de posgrados, el Centro de Lenguas y las aulas del programa de extensión de Bellas Artes. “Estaremos pagando, en 2023, casi 4.000 millones de pesos por arriendos”, se lee en el informe.

Pero esta no es la situación más grave. De hecho, lo más preocupante tiene que ver precisamente con el evidente deterioro de las instalaciones. Y es que las edificaciones de las sedes de la Calle 72, Parque Nacional y El Nogal, tienen entre 40 y 95 años de construidas, y, pese ser en su mayoría bienes catalogados como de interés cultural, según Álvarez, la institución lleva años sin tener recursos suficientes para hacer los respectivos arreglos, así como tampoco para reforzar las estructuras y cumplir con la normativa sismorresistente y de prevención de incendios.

“Las redes eléctricas e hidráulicas están obsoletas, con oxidación, poniendo en riesgo a la población académica de posibles incendios, de colapso de la infraestructura, no tenemos espacio suficiente para dictar todas las clases, no hay salones, espacios deportivos, de recreación, culturales, la cafetería y el restaurante están en pésimas condiciones, a riesgo de colapsar por problemas de higiene y salubridad ante las condiciones físicas en que funcionamos”, señaló el rector.

Y es que las no pocas imágenes que evidencia esta situación son bastante dicientes. Fachadas resquebrajadas, humedad, desniveles, grietas, pisos sin baldosas, tubos obstruidos, oxidados o con arreglos improvisados, cables expuestos, la Subdirección Servicios Generales bajo el agua por filtraciones en los techos, edificios sin tejas, entre muchas otras falencias.

Esta no es la única universidad pública con malas condiciones físicas. De hecho, parte de los estallidos de protestas estudiantiles de los años 2018, 2019 y 2021 se debieron a la falta de recursos para este tipo de inversiones (así como otros problemas), y también han servido de excusa para las protestas, plantones y manifestaciones presentadas en lo corrido del año.

Todo esto debe ser puesto a consideración, si se tiene en cuenta la meta del Gobierno de aumentar, de la mano de la universidad pública los cupos en educación superior en 500.000 nuevos estudiantes.

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Así lo explica el analista Ricardo Rodriguez: “Se requieren más recursos, miles de millones, o incluso billones de pesos, solo para que las universidades estén en buenas condiciones. Aumentar los cupos requiere muchos más”.

Expertos, y el mismo Ministerio de Educación, son conscientes de que solucionar estos problemas requiere de una reforma a la Ley 30 de 1992 la cual establece las transferencias de la Nación a las universidades. Cada año los recursos se incrementan de acuerdo con el IPC, pero, según el DANE, los gastos de las instituciones incrementan cada año en un porcentaje muy superior a la inflación, lo cual ha generado un déficit acumulado desde hace 30 años.

A la fecha esto tiene a las instituciones con un faltante presupuestal de 15 billones de pesos, de acuerdo con el Sistema Estatal Universitario (SUE, organismo que reúne a las 34 universidades oficiales del país).

Así lo explica Jairo Torres, presidente del SUE: “Hay un desfinanciamiento estructural de la universidad pública. Este consiste en gran medida en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Estos establecen que las transferencias de la nación a las universidades públicas año a año serán con base en un indicador: el índice de precios al consumidor (IPC). El problema es que las universidades públicas hemos crecido en estos 30 años muy por encima de este indicador, lo que corresponde a un desfinanciamiento de más de 3,5 billones de pesos que hemos dejado de recibir solamente en funcionamiento, sin contar, por ejemplo, infraestructura, recursos faltantes, que las universidades han tenido que rebuscar por su propia parte”.

De acuerdo con la ministra de Educación, Aurora Vergara, el proyecto de reforma a la Ley 30 sería presentado este año.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Vida