Universidad Nacional: José Ismael Peña interpone denuncia penal en contra del Ministro de Educación ad hoc por prevaricato

En la denuncia, Peña Reyes argumenta que en la resolución 007480 emitida por el Ministerio de Educación el pasado 15 de mayo de 2024, y suscrita por el Ministro Ad Hoc, se usan los numerales 5 y 7 del artículo 9 de la Ley 1740 de 2014 de manera incorrecta para justificar la imposición de un rector encargado en la Universidad Nacional de Colombia. 
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Resalta que esta interpretación y aplicación de la ley se realiza con un objetivo político y no legal. Esto debido a que, a pesar de que el Consejo Superior Universitario designó legalmente a José Ismael Peña Reyes como rector, el Ministro de Educación Ad Hoc desconoció esta decisión y está promoviendo la
imposición de un rector encargado.
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​Asimismo, asegura que la medida es ilegal puesto que el rector tiene la facultad de designar un encargado temporal para la rectoría únicamente durante sus ausencias temporales.

"Esta normativa asegura que la suplencia sólo se aplica en casos de ausencia temporal y no como una duplicidad del cargo cuando ya existe un rector activo. En el caso que nos atañe, no constituye ninguna de las causales, por lo tanto, la resolución resulta contraria a la normatividad", explica Peña en su denuncia.
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​Por otro lado, asegura que "es evidente" la violación al debido proceso en la resolución, puesto asegura que no le dieron espacio a un recurso de reposición que es lo legal en esta clase de actos. 
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"Así que es claro que solo hubo una intención de proferir una resolución contraria a derecho y que el afectado(s) no tuviera(n) posibilidad de controvertir", asegura la denuncia.

Cabe señalar que tan solo hace una semana la Procuraduría General de la Nación sostuvo que la designación de José Ismael Peña como rector de la universidad Nacional por parte del Consejo Superior Universitario (CSU) fue legal y conforme a los estatutos internos de la institución.
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​No obstante, el Gobierno insiste en que la elección fue ilegal, por lo que analistas como Francisco Cajiao sostienen que la decisión es "a todas luces" una violación de la autonomía universitaria.

​"Es el ministro ad hoc el que le está ordenando al Consejo nombrar a otro rector encargado, negando que el CSU ya nombró en el marco de su competencia a Peña en una sesión en la que la ministra de Educación fue partícipe. Es una orden, así lo dice textualmente el documento”, explica.

Por su parte, el jurista Andrés Felipe Pachón manifiesta que “el Ministerio de Educación, de acuerdo con la Ley 1740 de 2014, carece de competencia para emitir órdenes al Consejo Superior y para apremiar con multa su incumplimiento, lo que pone en evidencia la ilegalidad de la resolución, ante lo que procede una acción de nulidad”.
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​La situación mantienen en incertidumbre a todo el sector. Para el analista Pedro Medellín, “el Gobierno puede estar tomando las decisiones por un interés de tener un rector propio, entre otras cosas, para impulsar su proyecto de constituyente. ¿Por qué la Universidad Nacional? Porque es la universidad más importante del país y donde los debates, las ideas, las propuestas se derraman a todas las demás, donde pueden confluir también otras comunidades. Hay que tener claro que el movimiento social que tiene más capacidad de presencia y movilización en la calle son los estudiantes”.

Otros van más allá y aseguran, como dice Diego Torres, representante profesoral ante el CSU, que esto sí es una intervención a la universidad, y que lo que se está cometiendo es un acto ilegal en el que el ministro excede sus funciones y cae en prevaricato, como asegura el jurista Andrés Felipe Pachón: “El Ministerio de Educación, de acuerdo con la Ley 1740 de 2014, carece de competencia para emitir órdenes al Consejo Superior y para apremiar con multa su incumplimiento, lo que pone en evidencia la ilegalidad de la resolución, ante lo que procede una acción de nulidad”.​

No obstante, las visiones jurídicas al respecto son variadas. El jurista Rodrigo Uprimny, por su parte, insiste en que no hay violación de la autonomía universitaria ni de la ley, bajo la premisa de que el método que el CSU utilizó para designar a Peña tiene vicios de ilegalidad, por lo que su posterior posesión ante una notaría no tiene efectos: “La autoposesión de Ismael Peña fue tan arbitraria que jurídicamente no existe. No hay hoy rector en la Universidad Nacional. Por eso, el nombramiento de un rector encargado por el CSU es el primer paso para superar esta crisis y proteger la autonomía”.


REDACCIÓN EDUCACIÓN
​*Con información de Mateo Chacón.
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