
'No se conoce el 85 % del agua subterránea del país'
Comisión de expertos sobre fracking lanzó su informe sobre las posibles afectaciones de la técnica.
Foto: IStockPhoto

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Cinco temas claves sobre aspectos socioambientales que destacan la Contraloría y la Comisión:
La participación ciudadana es débil
- Existe una fuerte centralización en la toma de decisiones, lo cual limita la coordinación con las entidades locales y regionales.
- Si bien hay mecanismos como la consulta previa, la consulta popular, las audiencias públicas ambientales y los programas de diálogo regional, estos "no hacen parte de una estrategia gubernamental integral" que de vincule a la ciudadanía en relación a la explotación de hidrocarburos.
- La actividad petrolera en Colombia no cuenta con aceptación por parte de la comunidad, con lo que se denomina “licencia social”.
Transparencia, un enramado para acceder a la información
- La sociedad tiene derecho a conocer toda la información relativa a las actividades que son de interés colectivo y, con mayor razón, de aquellas que pueden afectar sus modos de vida y su salud.
- El libre a la información es el fundamento de la construcción de confianza entre la población y las instituciones del Estado. Esto no está ocurriendo.
- La información que manejan las comunidades locales sobre los procesos de extracción de hidrocarburos es deficiente y las instituciones públicas (ANLA, ANH, SGC) no la facilitan de una manera adecuada.
- El monitoreo sobre los impactos a los recursos naturales debe estar disponible libremente en internet y, prioritariamente, en otros medios accesibles para las comunidades locales.
- La información pública debe incluir una descripción completa y detallada de las actividades que se propone desarrollar durante la exploración y el plan piloto.
La biodiversidad y el cumplimiento de los acuerdos internacionales
- Hay desconocimiento del 85 % del agua subterránea y los indicadores de salud de atmósfera, océanos, suelos y ecosistemas terrestres y acuáticos exponen un deterioro progresivo y creciente.
- La Comisión exhorta al Estado para que avance en el cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene frente a temas de cambio climático (Acuerdo de París), que haga realidad su plan de fomento de energías alternativas y renovables, y controle las emisiones de gases de efecto invernadero.
- El 63 % de los ecosistemas del país están amenazados y sus condiciones cuestionan su permanencia y la provisión de servicios ecosistémicos.
- Para la Contraloría es “de especial interés” la situación que ocurre en los páramos de la Serranía de Los Yariguíes (rodeado por 3 bloques de YNC), el de Chingaza (por cuatro bloques), el de Pisba (que colinda con un bloque) y el de Sumapaz (que al oeste limita con un bloque). “Estas proximidades deben analizarse con precaución al momento de valorar la zonificación ambiental de uso”, señala.
Polítiquería merodeando
- La oposición a la exploración de YRG mediante el uso del fracking se ha convertido en parte esencial de la polarización ideológica con fines electorales, que ha dividido al país y está creando condiciones para inaugurar nuevos ciclos de violencia directa, estructural y simbólica.
Falta fortalecer la normatividad
- La ANLA presenta grandes debilidades institucionales para liderar la gestión ambiental y exigir el cumplimento de la legislación por parte de los operadores.
- La capacidad institucional actual no asegura la aplicación de las normas ambientales. El monitoreo y seguimiento a las licencias ambientales en los procesos de extracción de hidrocarburos en yacimientos convencionales es deficiente.
- ANH, ANLA y las CAR no se han consolidado como instituciones estables, fuertes e independientes.
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