Los pros y contras de las reservas naturales temporales de Minambiente para frenar la minería

En enero de 2024, el Ministerio de Ambiente emitió el Decreto 044, que tiene como objetivo permitir a las autoridades ambientales la creación de reservas naturales temporales en zonas mineras, con el fin de prohibir o excluir dichas áreas de esta actividad comercial y proteger así el capital natural que allí existe. 

Sin embargo, desde su expedición, la normativa fue cuestionada ampliamente por el sector minero del país, por supuestamente afectar la competitividad y desestimular la inversión.

El Consejo Gremial Nacional (CGN), organización que reúne a los 32 gremios más representativos del país, señaló en su momento que con la medida expedida ningún proyecto, independientemente del tamaño o el mineral, recibirá autorización para desarrollar actividades en las áreas temporales que se definan, lo que sin alejaría a los inversionistas.

“Sorprende que no se considere el impacto en el desarrollo económico y social de las regiones, que causará la creación de estas áreas, pues no solo se verán afectados los proyectos mineros, sino todos los encadenamientos productivos que ellos tienen”, advirtió la agremiación, que, además, señaló que son muchos los sectores que hoy utilizan minerales como materia prima.

Los cuestionamientos han sido tantos, que el decreto se ha salvado ya de varias demandas que cursan en estrados judiciales con el objetivo de tumbarlo. 

“Con esta decisión se fortalece el ejercicio del sector ambiental en la protección de los recursos hídricos, vitales para la vida y el desarrollo sostenible. Este decreto, en un esfuerzo conjunto con las autoridades del sector minero energético, busca garantizar una gestión integral y responsable del agua frente a la actividad minera”, afirmó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.

El Gobierno ha insistido en su interés de crear áreas de reserva natural temporal en ecosistemas estratégicos que actualmente no están protegidos para revisar si allí se deben realizar o no actividades de minería. Por eso, y teniendo en cuenta las complicaciones jurídicas que ha generado hasta ahora el Decreto 044, el Ministerio de Ambiente está trabajando para que dentro de la zona del macizo de Santurbán se cree la primera reserva temporal pero fundamentando su base jurídica en otras normas, específicamente en el artículo 47 del Decreto Ley 2811 de 1974, que establece las reservas de recursos naturales renovables.

Por eso, el Minambiente actualmente mantiene abierta una consulta pública para enviar aportes al proyecto de resolución de zona de reserva temporal en Santurbán, con la que se espera delimitar esta zona bajo ciertas condiciones. 

La ministra Muhamad explicó que cuando empiece a aplicar la resolución, en esta zona no se podrán entregar nuevas licencias mineras y las actividades que no cumplan con las excepciones establecidas en la resolución. De acuerdo con la funcionaria, la decisión se sustenta en el principio de precaución para la protección del río Alto Lebrija y Cáchira Sur.

La resolución también reconocería la tradición minera de los municipios de California y Vetas, por lo que no afectaría los procesos de formalización de los mineros artesanales ni las actividades con título minero e instrumento ambiental vigente, según aclaró la jefa de la cartera ambiental.

En esta área, y durante el tiempo de duración de la zona de reserva, se llevarán a cabo los estudios técnicos y procesos necesarios para tomar decisiones con certeza científica sobre dónde se puede o no hacer minería. Muhamad enfatizó que esta medida no afecta la agricultura, la ganadería ni la construcción, actividades que continuarán bajo las disposiciones del ordenamiento territorial vigente.

Desde el Ministerio de Ambiente, la ministra Muhamad ha señalado que el objetivo de la creación de estas zonas de reserva es la protección del capital natural. En el caso de Santurbán, según dijo la jefa de la cartera ambiental, lo que se busca es “proteger las cuencas críticas que abastecen a 1,3 millones de personas en los 7 municipios de la región y el área metropolitana de Bucaramanga”, y que esa será una de las posibilidades de protección ambiental que ofrecerán las reservas temporales.

Dicha posición ha sido respaldada por una parte de las comunidades de zonas donde se quieren desarrollar proyectos mineros. Por ejemplo, ante las diferentes acciones jurídicas interpuesta contra el Decreto 004, un total de 461 organizaciones y de la sociedad civil, relacionados con el sector ambiental, enviaron una carta al Consejo de Estado respaldando la norma y la creación de reservas naturales temporales en áreas estratégicas como Santurbán, Jericó y Cajamarca, donde se impulsan proyectos de minería. Esto, según afirmaron, porque permite resguardar ecosistemas claves de su explotación.

Sin embargo, por otro lado, el sector económico, político y jurídico del país no ha estado tan de acuerdo con la creación de estas reservas temporales. La mayoría de las críticas a las reservas están relacionadas con el impacto económico que tiene para el sector minero y extractivo en el freno de proyectos claves para la extracción de minerales en algunas zonas que pueden ser críticas por su alta importancia ecosistémica.

Tan solo este miércoles la Asociación de Empresas del Sector Minero Energético en Santander (Asomineros) anunció que solicitará la revisión del fallo del Consejo de Estado que negó las medidas cautelares para suspender la aplicación del decreto 044 de 2024. Esto, por el impacto económico que traería para el desarrollo de sus actividades.

Otro de los que ha manifestado estar en contra de la creación de estas reservas, desde el punto de vista político y económico por el impacto que tiene en su territorio, es el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien le solicitó a la ministra de Ambiente suspender la expedición de la resolución que pretende implementar la primera zona de reserv de este tipo en el macizo de Santurbán.

“Le pido, respetuosamente, que suspenda y revise muy bien esa decisión, pues de concretarse va usted a transgredir innumerables normas constitucionales y legales, y a producir un daño irreparable a los municipios”, indicó el Gobernador en la carta enviada a la Ministra el pasado lunes 10 de febrero, en la que además señala que de aprobarse esta nueva reserva temporal, se afectaría el 98  % del territorio de California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta y Tona, municipios donde se desarrolla minería de oro. “¡Esto significa la quiebra de estos municipios!”, aseguró el gobernador.

De acuerdo con la abogada,⁠ ⁠al no cumplir con los requisitos del Artículo 34 del Código de Minas, la reserva temporal podría ser objeto de demandas y acciones legales, generando incertidumbre tanto para comunidades como para actores del sector minero.

“A pesar de que el Decreto señala que la restricción operará para el otorgamiento de futuros títulos mineros, en la práctica cualquier proyecto minero en marcha quedaría restringido de poder hacer modificaciones a sus instrumentos de manejo ambiental e incluso de solicitar prórrogas de sus contratos. Esto implica que los proyectos en ejecución puedan verse afectados en sus expectativas legítimas. Hoy en día casi un 80 % de la industria minera cree que no aumentarán sus inversiones en el sector minero y esto en parte se debe a la agitación normativa que se vive en el sector y que ha emprendido el gobierno queriendo imponer cambios vía decretos”, señala Pardo.

En su concepto, aunque la reserva temporal no equivale a una delimitación definitiva ni cuenta con estudios que respalden su justificación a largo plazo, lo que muestra la experiencia en estos casos, advierte Pardo, es que aunque su nombre indique que esa reserva será temporal en la práctica tales reservas terminan prorrogándose de manera indefinida lo que hace que la incertidumbre aumente sobre todo en las zonas de amortiguación en las que no hay claridad sobre sus límites.

“En las zonas de influencia de Santurbán existen comunidades cuya economía depende directa o indirectamente de la actividad minera. Sin una estrategia de transición económica, la reserva podría generar impactos negativos en el empleo y el desarrollo regional. La eficacia a largo plazo de la reserva temporal dependerá de que sea complementada con estudios técnicos rigurosos y estrategias de reconversión económica para las comunidades afectadas. De lo contrario, se corre el riesgo de que sea una medida de total incertidumbre con baja estabilidad jurídica y social”, añade la jurista.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros